'Memorial de agravios' andaluces a la Administración central

La Junta de Andalucía verá aplazada la recepción de competencias en materias importantes, especialmente en agricultura, política territorial y cultura, como consecuencia de la nueva política de transferencias anúnciada por el Gobierno socialista y que el martes pasado fue denunciada por el propio ejecutivo autónomo. En algunos medios políticos andaluces se cree que la actitud del gabinete Escuredo se enmarca en una operación política de amplios vuelos. En la mañana de ayer se solicitó formalmente a la Moncloa una entrevista de Rafael Escuredo con Felipe González.Hasta ahora, la comunidad autónoma andaluza había asumido alrededor del 8% de las competencias previstas en el estatuto, con poco más de 9.000 funcionarios a sus órdenes. A partir del 1 de enero, el porcentaje de autogobierno conseguido estará entre el 20% y el 25% gracias, sobre todo, a las transferencias que van a ponerse en marcha en educación.

Sin embargo, han quedado aplazadas algunas competencias de relieve que habían sido aprobadas en el pleno de la comisión mixta de transferencia, celebrado el pasado 7 de septiembre, tales como las relativas a Iryda, Icona, carreteras, puertos, costas, Insalud, libros, cine, museos y archivos, por citar sólo algunas. En realidad, según varios consejeros consultados ayer por EL PAIS, la protesta del Gobierno andaluz no se debe a este retraso - "la verdad es que el equipo anterior no había negociado estos temas", declaró Joaquín Galán, consejero de Trabajo-, sino a que se posponga la asunción de transferencias.

Por el contrario, la Junta entiende, y así lo explicó rotundamente el presidente Escuredo, que los traspasos deben producirse en cuanto se termine la negociación de cada caso, sin limitar su efectividad a los dos momentos reseñados. Al mismo tiempo, el Gobierno andaluz amenaza con retirarse de los grupos de valoración de costes creados en el seno de la comisión mixta si no se incluye en ellos a representantes de las comunidades autónomas catalana y vasca, que hasta ahora parecen disfrutar de un marco de negociación específico. Los problemas de trasvase de funcionarios, valoración de créditos y hacienda autonómica completan el memorial de agravios de los gobernantes andaluces con respecto a la Administración central.

En cuanto al fondo político de la cuestión, no se cree en fuentes solventes que el enfrentamiento entre los Gobiernos andaluz y central sobre este tema obedezca a concepciones diferentes sobre la construcción del Estado de las autonomías ni a divergencias ideológicas entre el PSOE estatal y el PSOE andaluz, que monopolizan ambos Gabinetes. Más bien se interpreta que los socialistas andaluces han querido insistir con energía en la necesidad de que esta comunidad reciba un tratamiento de autonomía plena, vía 151, por parte de la Administración central.

No se descarta que la operación sea, en el fondo, bien vista por el Gobierno central, ya que una reaccíón de este tipo le permitiría contrarrestar la presión de vascos y catalanes en sus procesos de autogobierno. No obstante, los consejeros consultados negaron insistentemente cualquier maniobra orquestada de este tipo.