La reducción de jornada condiciona la oferta salarial por parte de los empresarios

La segunda ronda de negociaciones entre los sindicatos CC OO y UGT y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para el establecimiento del Acuerdo Interconfederal 1983 (Al) se inicia hoy con la incertidumbre creada por la patronal al no haber adelantado su oferta de banda salarial. La reducción de jornada, que depende del Gobierno, interlocutor no presente en la mesa de negociaciones, es el factor que, según los empresarios, determinará su postura al respecto.

El tema de la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales, a juicio de todas las partes, es el que más problemas plantea. De hecho, la banda salarial que la CEOE ha venido manejando antes de iniciarse las negociaciones -del 3% al 7%- es, para determinados sectores, una cortina de humo que oculta otro problema mayor. Para las citadas fuentes, una banda como la ofertada por la CEOE es insostenible aun por la propia patronal. Un incremento de salarios en la proporción defendida por los empresarios provocaría una fuerte caída en el consumo que repercutiría inmediatamente sobre los resultados de las empresas.Bajo esta óptica, el incremento salarial propuesto por la agrupación empresarial se presenta como un elemento de presión de cara a la negociación de la jornada y de la productividad. La reducción de jornada sí es lo que más preocupa a los empresarios, aunque su puesta en marcha se retrase previsiblemente hasta, por lo menos, mediados de 1983. La reducción de jornada se llevará por trámite ordinario a las Cortes, lo que, dada la acumulación de proyectos de ley existentes, retrasará considerablemente su aplicación práctica.

Al término de la reunión del pasado lunes, un destacado dirigente empresarial matizaba que, "sin saber cuando va a ponerse en marcha la reducción de jornada, es muy dificil adelantar cuál es nuestra banda salarial. No es lo mismo que el proceso se inicie de forma inmediata que se haga ya avanzado el año. Las repercusiones en los costes salariales son muy diferentes en uno u otro supuesto. El Gobierno tiene que evaluar lo que supone una medida de este tipo".

Aunque, en teoría, el Gobierno estará fuera del nuevo acuerdo, sus decisiones van a pesar tanto o más que en anteriores pactos. Es previsible que la CEOE utilizará sus contactos y reuniones con los sindicatos para presionar indirectamente sobre el propio Gobierno, sobre todo en lo relativo a jornada. No se descarta que este tema se ligue al calendario laboral, y aunque se consiga una reducción a cuarenta horas semanales, los empresarios traten de ganar las horas perdidas anualmente aumentando los días hábiles de trabajo. Algunos de los días considerados hoy como festivos perderían esta consideración.

No obstante -y no hay que olvidar que el hecho fue calificado como positivo por los representantes sindicales-, los empresarios anunciaron que lo ideal es que el crecimiento medio de los salarios debería situarse por debajo de la inflación prevista, aproximadamente unos dos puntos por debajo del índice de precios al consumo (IPC) de 1983. De triunfar las tesis patronales, ello supondría que los trabajadores perderían poder adquisitivo por cuarto año consecutivo, situación a evitar, que los sindicatos han esgrimido como bandera antes del inicio formal de las negociaciones.

La pérdida salarial recogida en el Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE) fue presentada a los trabajadores como un gesto de solidaridad con los desempleados. En aquella ocasión -y aunque posteriormente las previsiones no se hayan cumplido- se perdía poder adquisitivo a cambio de creación de empleo. En las actuales circunstancias, el argumento de austeridad salarial como generadora de puestos de trabajo resulta difícilmente utilizable.

Banda salarial amplia

Julián Ariza, de CC OO, recordaba el pasado lunes que "la defensa del poder adquisitivo de los salarios que los sindicatos propugnamos es, en definitiva, lo mismo que el actual Gobierno prometió en su campaña electoral y que ratificó posteriormente Felipe González en su discurso de investidura". Las palabras de Ariza fueron confirmadas por José Luis Corcuera, de UGT, quien insistió en los mismos puntos y puso especial énfasis en que la oferta patronal de que el incremento medio de los salarios estuviera, por debajo del IPC, "no descarta que haya incrementos iguales o superiores a la inflación prevista".En determinados sectores se ha especulado con que la banda salarial resulte mucho más amplia de la que en un principio han defendido los sindicatos. Una banda salarial ancha -al menos de cuatro puntos- y limitada en su parte superior por la inflación prevista para 1983, aunque aportaría una mayor conflictividad a la negociación colectiva, permitiría, por otra parte, un campo de juego más amplio a la patronal, y a los sindicatos les dejaría la posibilidad de presentarse ante la opinión pública sin haber cedido del todo en sus iniciales reivindicaciones.