El nuevo presidente del INI aboga por la armonía, complementariedad y competencia leal con el sector privado
Enrique Moya Francés, 49 años, empresario liberal no militante tomó ayer posesión como presidente del Instituto Nacional de Industria (INI). En sus primeras declaraciones ha admitido la probable reforma de este holding industrial, abogando por un saneamiento que no destruya globalmente puestos de trabajo (reestructurar unas empresas y promover otras) y por unas relaciones de armonía, complementariedad y leal competencia con el sector privado. Aunque apuntado por los rumores desde hace dos semanas, este nombramiento del Consejo de Ministros del viernes ha sorprendido a diversos medios, donde han circulado comentarios sobre cierta oposición en UGT y en el seno del Gobierno.
La toma de posesión tuvo lugar sin la acostumbrada presencia de los presidentes de empresas públicas (serán cambiados los "necesarios", "sin listas negras"), quienes esperaban en un salón contiguo, ni de la Prensa, a la que Moya facilitó después una declaración de tres folios. Su texto empieza con la afirmación de que el nombramiento "supone la confirmación de que son posibles la armonía y la complementariedad entre el sector privado y el sector público. Uno de los objetivos de la empresa pública es la eficacia y la rentabilidad, los dos motores de cualquier empresa, aunque no podemos olvidar los objetivos sociales y estratégicos".Tras rechazar "antagonismos innecesarios" y propugnar la competencia leal entre los sectores público y privado, "alentando iniciativas compartidas y potenciando la sinergia y la colaboración entre todos", valora su nombramiento como "estrictamente profesional, coherente con los propósitos del nuevo Gobierno", cuyos esquemas se muestra dispuesto a asumir.
De esta y otras afirmaciones, como la de que "probablemente hay que modificar el marco legislativo del Instituto para sumarse plenamente a la tarea de racionalización del sector público", parece desprenderse que quiere colaborar en la triple organización de las empresas públicas pergeñada por el PSOE: empresas de servicios públicos (la mayoría, dependientes hoy del grupo Patrimonio del Estado, de Hacienda), empresas energéticas agrupadas en torno al Instituto Nacional de Hidrocarburos (al que podrían pasar las eléctricas y carboníferas hoy gestionadas por el INI) y empresas del INI (con el objetivo de desarrollar la actividad económica).
En la aceptación de este cuadro abunda su anuncio de combinar el objetivo de la reestructuración (los sectores principales están en el INI) con la promoción de nuevos proyectos "modernos y rentables, abiertos a un futuro tecnológico competitivo". Todo ello bajo "el ideal de que en el Instituto no se pierdan puestos laborales", pasando los sobrantes a nuevas actividades (en los últimos cuatro año se han reducido casi en 28.000, hasta los 220.000 actuales).
A Moya le une una larga amistad y colaboración con Claudio Boada, presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos (segundo de los tres grandes grupos industriales del Estado), y con el propio Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda. Era desde hace dos años el secretario general del Círculo de Empresarios, donde el actual superministro pronunció conferencias y elaboró alguna ponencia.
En el historial empresarial de Enrique Moya se inscriben las presidencias de Sociedad Ibérica de Transmisiones Eléctricas, Publicaciones Reunidas, Argos Vergara, Celulosas de Guipúzcoa, Industrias y Promociones Alimentarias e Intelhorce (privatiza y luego incautada), así como también las consejeras de Luis Megía y de Promotora Ganadera Extremeña.
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