"Es necesario implicar en riesgos industriales a los principales intermediarios financieros"

Pregunta. ¿ Que criterio va a seguir su departamento en la asignación de subvenciones?, y, más concretamente, ¿cuál va a ser la estrategia genérica en lo que se refiere a los planes de reconversión industrial de los sectores en crisis?R. Me parece que todavía es pronto para poder hablar de planes de actuación concretos. He pedido ya a mis colaboradores que me hagan un estudio exacto de la situación actual, aunque lo que sí tengo es una cierta sensación de insatisfacción sobre cómo han ido funcionando las reconversiones de sectores en crisis hasta este momento. No quiero entrar en críticas puntuales sobre actuaciones anteriores; lo que en este momento interesa es dar a conocer mi firme voluntad política de que determinados temas que actualmente están parados, sean llevados a Consejo de Ministros en el primer trimestre del próximo año.

En muchos casos existen connotaciones importantes a nivel político que deben ser contempladas junto al esfuerzo financiero adicional para llegar a una solución definitiva. Decisiones como la localización geográfica de las nuevas inversiones o los centros de producción que hayan de ser redefinidos exceden a las competencias estrictas de este Ministerio. Por tanto, debe ser el propio Gobierno quien adopte estas decisiones. Sin embargo, en lo que estoy reflexionando más en estos momentos es en la metodología que se ha venido aplicando en los planes de reconversión y que desde mi actual punto de vista presenta múltiples inconvenientes.

P. ¿Cuáles son estos inconvenientes metodológicos a los que se refiere y cómo intentarán superarlos?

R. El primer inconveniente que ofrece la metodología que ha venido siendo empleada es que carece absolutamente de flexibilidad. Por ello se han producido unas desviaciones, posiblemente lógicas, en los objetivos previstos, que han impedido que las nuevas inversiones se canalizasen hacia la renovación de los medios de producción, siendo empleados, en muchos casos, los recursos facilitados en la solución de problemas financieros concretos.

Esto representa que no se está llevando el dinero hacia donde se debe llevar, y estamos hablando de dinero público; por otra parte, se está dificultando el reajuste de la empresa, con lo cual o estás prolongando su agonía o estás demorando su reflotación.

A este breve análisis hay que añadir la multiplicidad de sistemas de control que existen, que resultan escasamente operativos al incidir unos sobre la actividad de los otros en la mayor parte de los casos.

P. Desde su punto de vista ¿cúal sería la solución a estos problemas que plantea?

R. Me gustaría señalar que recaen demasiadas obligaciones sobre este Ministerio, y nosotros no podemos decir qué es lo que tiene que hacer cada una de las empresas. Nuestro diseño futuro, casi con toda seguridad,. irá encaminado hacia instrumentación de mecanismos que permitan dotar de un alto grado de flexibilidad a todas las actuaciones que se refieran a la reconversión de empresas o sectores en crisis.

Las líneas fundamentales del nuevo planteamiento, pendientes en cualquier caso de un refrendo del Gobierno, pasan por la creación de un ente intermedio que a su vez sea capaz, en un sistema de holding, de crear dos nuevos mecanismos, uno de carácter sectorial, que es el que controla la gestión de las empresas del sector, siguiéndola día a día, y además es quien recibe el dinero de los créditos.

Por otra parte, es necesario que el segundo de estos mecanismos funcione en el sentido de establecer los planes de reconversión conjuntamente con las propias empresas.

El ente inicial tendría, además, que encargarse de generar otros mecanismos en colaboración con las autonomías de carácter regional, cuya función sería crear el plan alternativo por el sistema de la pequeña y mediana empresa, que es el único sistema de generar empleo suficiente como para absorber las concentraciones de trabajadores en torno a actividades con escaso futuro.

P. ¿Cuál es la traducción en medidas concretas, a corto plazo, de este nuevo planteamiento para los sectores industriales en proceso de reconversión?

R. Pues sencillamente que, a la vista de la situación particular de cada caso, determinaremos si es necesario su tratamiento a través de un plan concreto de reconversión. Pero, si esto se llega a considerar necesario, se hará siguiendo los cauces que anteriormente he señalado.

Pretendemos como un objetivo importante terminar con la situación anterior, en la que, poco más o menos, las empresas venían a decir que lo que querían eran subvenciones del tipo más variado.

No obstante, la llamada ley Bayón, cuyos efectos terminan el próximo 31 de diciembre, creo que debe ser prorrogada por un año Es prudente mantenerla, por cuanto conforma un marco de actuación que podrá ser modificado posteriormente con más calma.

Yo creo que este planteamiento genérico, y cada plan en particular, debe ser explicado amplia mente, tanto a los trabajadores como a los empresarios, y que ambos colectivos deben ser capaces de entender que para conseguir salir de la actual crisis económica es necesario proceder a realizar fuertes reajustes en la estructura productiva. Evidentemente, ello comporta sacrificios, pero lo que resulta escasamente presentable es aportar fondos públicos a un saco sin fondo a través de ayudas especiales, cuando es evidente que de esta forma no se van a conseguir más resultados que el aplazamiento de una crisis que al ser trasladada en el tiempo resultará mayor.

P. En cuanto a sectores concretos, ¿cuál le preocupa más por su situación actual?

R. Indudablemente, el de la construcción naval. El retraso brutal en la solución de los problemas de este sector no tiene ninguna explicación, máxime si se tiene en cuenta que la mayor parte de las empresas que lo integran están participadas mayoritariamente por el Estado. Unicamente se me ocurre que es debido a una evidente falta de decisión política atribuible al Gobierno anterior y al anterior del anterior.

Este sector y el de la siderurgia integral son los que van a ser objeto de atención por parte de los hombres de mi departamento con carácter prioritario.

P. Para terminar con los temas de reestructuraciones sectoriales, ¿cuál va a ser su actitud ante el creciente proceso de sustitución de capitales en riesgo que vienen realizando los intermediarios financieros, aunque para ello tengan que asumir pérdidas?

R. Una de las críticas que antes no había mencionado es que la falta. de coordinación en la política de reconversión, esta falta de ideas, ha hecho que sea imposible implicar a los intermediarios financieros en la reconversión en la medida en que era necesario. Efectivamente, muchos de ellos se han salido de todo lo que era capital riesgo, aun aceptando pérdidas importantes, y se lo han pasado al Estado.

Yo creo que ahí tenemos una importante discusión pendiente con la banca, que yo pienso promover en su día con el respaldo del ministro de Hacienda, que es la implicación en riesgos industriales a través del proceso de reconversión y a través de otros procesos de nuevas inversiones en sectores industriales de los grandes intermediarios financieros de este país. Creo que ésta es una situación con la que hay que acabar rápidamente.

P. Para entrar ya en temas más concretos, ¿cuál es su posición ante el problema del pago de los intereses de la deuda internacional de Aluminio Español?

R. En el tema de Aluminio Español existe un calendario bastante estricto de pagos de intereses. Evidentemente, a nadie le gusta tener que pagar estas tasas, pero no constituyen un problema apremiante ni para el Gobierno, ni para la situación de la balanza de pagos, ni para las reservas. La impresión que yo tengo al respecto se resume en el dicho popular que remacha el que dos no pueden trabajar juntos si uno de ellos no quiere.

En este sentido, yo tengo la intuición de que ese problema, estando, como está, implicado el sector público francés, no se puede ni se debe resolver en un contexto aislado. Desde mi punto de vista, debe ser objeto de tratamiento en un contexto globalizado, en el que se incluyan las relaciones genéricas que mantiene nuestro país con Francia. Por supuesto, no se trata de globalizar todo para resolver el problema de Aluminio Español; pero ese tema, como otros muchos que pueden surgir entre el sector público español y el galo, deberíamos tratar de reconducirlo al campo de las relaciones bilaterales, donde se pudiese establecer una relación de intercambio de cesiones, por calificarlo de alguna manera.

P. Continuando con los temas concretos, ¿cuál va a ser la postura de su departamento ante los problemas de Presur?

R. En estos momentos no tenemos una visión excesivamente clara sobre el tema de Prerreducidos del Sur. Soy sensible a las críticas que se han hecho sobre este proyecto. Pero tengo la impresión de que existe una valoración política que en esta situación en la que vive España es preciso considerar. Cuando de regiones productoras de materias primas estamos sacando constantemente dinero como consecuencia de la crisis, hay que tener siempre la delicadeza de considerar que en Andalucía, para temas industriales, se ha pedido poco dinero. La poca industria que había de alguna entidad (me estoy refiriendo tanto a la textil como a la minera) está también en crisis y, por consiguiente, hay que introducir otros criterios de valoración que los de estricta rentabilidad económica directa.

P. ¿Cómo se va a enfrentar el nuevo titular del Ministerio de Industria a la crisis que atraviesa Explosivos Río Tinto?

R. Este Gobierno ha tenido un especial cuidado en evitar por el momento cualquier implicación en el problema. Evidentemente, esto no quiere decir que permanezcamos al margen de la situación; lo que sí me gustaría resaltar es que en ningún momento se ha asumido compromiso alguno ni con los actuales responsables de la empresa ni con sus acreedores. Hemos escuchado a unos y a otros, y en este momento tenemos bastante clara cuál es la situación real de Explosivos Río Tinto.

Por mi parte, yo tengo bastante claro que se trata de una crisis bastante más profunda que la simplemente financiera que se está intentando ofrecer a la opinión pública. La mayor parte de las divisiones en las que se vértebra la actividad de Explosivos dan pérdidas anualmente, y esto no es posible achacarlo sólo a dificultades financieras coyunturales.

A pesar de las presiones, entiendo que legítimas, a las que el Gobierno se ha visto sometido por los responsables de la compañía para que mediara en el acuerdo de refinanciación de la deuda, hemos considerado siempre que éste debería ser un acuerdo previo al que llegasen las partes interesadas. A partir de aquí, el Gobierno consideraría cuál sería su línea de actuación con el grupo, y en eso es precisamente en lo que estamos. Pero en cualquier caso, y esto es importante destacarlo, sin asumir ningún compromiso con lo que ha pasado hasta ahora.

Dentro de esta línea, estamos estudiando los problemas estratégicos de Explosivos, tanto en su vertiente financiera como industrial. El replanteamiento de la parte industrial puede representar una reestructuración de algunos grupos, fundamentalmente en el sector químico.

En el aspecto financiero, mi intención es que Explosivos sea un poco la piedra de toque de la política que va a asumir el nuevo Gobierno ante situaciones como ésta. En definitiva, mi intención es que quede claramente expuesto el cuidado y solicitud exquisita que se van a poner en que las cargas del ajuste de una situación de crisis se repartan con justicia y con absoluta transparencia, sin que nadie se salga del tema.

P. En cualquier caso, ¿existe ya algún plan diseñado, y susceptible de ser aplicado rápidamente, en el que se incluyan actuaciones concretas, e incluso con nombres, para sustituir a los actuales responsables de Explosivos, conforme se ha venido apuntando en algunos medios?

R. En estos momentos, lo que sí existe es un conocimiento bastante exhaustivo de la empresa que nos permite afirmar que sus problemas no se resolverían a pesar de que se consiguiese una ayuda importantísima de los acreedores que supusiera la reducción de las cargas financieras a valores simbólicos durante un período prolongado.

Esto significa que hay que contemplar la segregación de activos y pasivos, de ventas, de absorciones, etcétera. El Gobierno ha solicitado información por parte de la empresa, y con esto está haciéndose su composición de lugar.

En cuanto a los rumores que han venido circulando intensamente sobre la posibilidad de que algunas de estas operaciones, que parecen lógicas, estuviesen ya a punto de materializarse, quiero insistir en que el Gobierno, hasta el momento, no ha actuado en ningún caso. Posiblemente se pretendía generar un clima de confianza entre los acreedores que permitiese negociar los 10.000 millones de financiación adicional en líneas de descuento; pero por nuestra parte no ha habido ningún tipo de acuerdo ni compromiso.

Tampoco han sido fundados los comentarios sobre la reestructuración de los órganos de dirección de la empresa. Evidentemente, sus actuales responsables tienen un problema de credibilidad, tanto pública como frente a los acreedores, y sería lógico pensar en la posibilidad de su relevo. Pero de ahí a afirmar que el Gobierno ya tiene designados sus sustitutos media una distancia considerable.

P. Cambiando un poco el tema, ¿cómo se ve desde el Ministerio de Industria un sector tan importante como es el eléctrico, donde, al parecer, se han agravado sustancialmente los problemas financieros en los últimos meses?

R. Efectivamente, las empresas del sector eléctrico están atravesando un momento complicado que, sin embargo, no creo que resulte tan comprometido como se ha podido oír por ahí. Es cierto que las eléctricas han realizado unos fuertes planes de inversión que son los más altos de su historia; las características de la crisi les ha obligado a concentrar mucho sus riesgos de inversión en un período relativamente corto de tiempo y ha venido a coincidir con dos fenómenos: el de la fuerte subida de los tipos de interés y el de la debilidad de la peseta, que ha hecho que sus deudas en divisas se multiplicasen. Este conjunto de circunstancias ha provocado un importante aumento de sus cargas financieras.

Sin embargo, la situación actual, con ser preocupante, no es en absoluto, angustiosa. Después de la devaluación de la peseta y del reajuste de tarifas de la mayor parte de las energías primarias, cuan do las compañías del sector solicitan un aumento de tarifas tan sólo uno o dos puntos de esta subida están justificados por el aumento del precio de los combustibles.

P. Hablando de tarifas, ¿para cuándo la próxima subida?

R. Mi opinión personal, y así se lo he hecho saber al Gobierno, es que el reajuste en los precios de la energía eléctrica debería ser asumido de forma inmediata. Por lo tanto esto quiere decir que la postura de este departamento abunda en la necesidad de que antes de fin de año se proceda a la revisión de las tarifas eléctricas. El incremento en sus costes de producción, con independencia de cual sea su origen, es una realidad incuestionable y el aplazamiento de la subida únicamente contribuiría a enrarecer más un ambiente que de por sí es extremadamente proclive a estos fenómenos.

P. Metidos ya en temas energéticos ¿cúal va a ser el futuro del PEN (Plan Energético Nacional)?

R. Yo creo que el PEN ha cumplido su función, pero que en estos momentos presenta desviaciones importantes en cuanto a sus previsiones, especialmente en lo que se refiere a las espectativas de consumo, e incluso a las energías sustitutorias. También quiero señalar que las previsiones de el PSOE en cuanto a la producción de origen nuclear, que establecían el límite en 7,5 miles de megavatios, son flexibles y que aún está por determinar cual será la potencia real que suministren al sistema, en cualquier caso se me ocurre que

o es un tema estrictamente trascendental para el futuro energético del país.

P. Siempre que se habla de energía nuclear surge un tema obligado de conversación ¿qué va a ser de la central de Lemóniz?

R. Quiero dejar muy clara mi firme convicción personal de que esta central nuclear debe entrar en funcionamiento. Sin embargo comporta una decisión política que debe ser asumida por el Gobierno, e interrelacionada con las autoridades autonómicas. Por el momento se me ocurre que para terminar con la actual situación de indefinición se deben centrar todos los esfuerzos en consolidar el fin de la construcción del primer grupo de esta central, aún cuando soy consciente de que una solución definitiva difícilmente podrá ser aportada antes del principio del próximo verano. Para los intereses energéticos del país es importante que Lemóniz entre en funcionamiento en un plazo que resulte lo mas breve posible.

P. Continuando con los problemas del sector eléctrico ¿cómo se va a instrumentar la participación del Estado en la red de distribución de alta tensión?

R. Creo que en este sentido la voluntad del Gobierno está muy clara. Actualmente el sector privado cuenta con una empresa que se encarga de controlar la facturación y distribución de este tipo de energía, se llama Aseléctrica. El camino lógicamante debe apuntar, para que sea efectivo, y no excesivamente caro, por el incremento del protagonismo de la Administración en esta sociedad, para conocer, en primer lugar, sobre el terreno los problemas que se plantean, y poder diseñar a continuación una estrategia consecuente con las necesidades existentes.

La voluntad del Gobierno es firme en este sentido, y lo que sí tenemos bastante claro es que no nos vamos a lanzar a una aventura que prácticamente sólo conocemos de oidas. Hay que estar ahí y empezar a comprender cuales son los problemas cotidianos antes de tomar cualquier decisión.

P. Metidos en los temas de la participación pública en las empresas ¿cuales van a ser los nuevos criterios de actuación de las empresas participadas mayoritariamente por el Estado?

R. Desde mi punto de vista las empresas públicas tienen dos grandes problemas: la capacidad de gestión de algunos de los hombres que las dirigen, en definitiva su credibilidad, y sus problemas estructurales que suelen partir de su configuración financiera, excesivamente endeble en el capítulo de recursos propios.

En el primero de estos dos capítulos vamos a proceder a la remodelación de los órganos directivos de una buena parte de las empresas públicas buscando, fundamentalmente optimizar sus resultados. Evidentemente en este sentido juegan un papel muy importante las personas que ocupen cargos decisorios en ellas, y en este sentido vamos a utilizar un criterio selectivo de responsables al máximo nivel que contemple dos perspectivas, la de la eficacia y la de la credibilidad.

En cuanto a la escasa proporción de los recursos propios de las empresas públicas sobre sus volúmenes totales de actividad, hay que intentar corregirlos, aunque esto es un proyecto a más largo plazo que debe contar con un respaldo parlamentario importante.

P. Para terminar ¿estos criterios de actuación van a ser estrictamente aplicables al Instituto Nacional de Industria?.

R. Evidentemente sí. La profesionalización de la empresa pública es un desafilo que se ha planteado el actual Gobierno, y está firmemente convencido de que su solución satisfactoria puede representar una aportación sustancial a la modernización de este país, a la vez que contribuirá a que todo funcione un poco mejor.

Por tanto el INI, de alguna forma el mecanismo aglutinador de la mayor parte de las empresas públicas, debe responder estrictamente a estos planteamientos.