Firmado el acuerdo de refinanciación de 10.000 millones de pesetas para ERT

La financiación adicional de 10.000 millones de pesetas que precisaba Unión Explosivos Río Tinto (ERT) para garantizar su supervivencia hasta el próximo mes de marzo, fecha en la que la compañía se ha comprometido a tener ultimado un plan de refinanciación de su deuda bancaria que se aproxima a los 130.000 millones de pesetas, fue firmada en la noche del jueves al viernes por las entidades acreedoras de ERT, tras un período de negociación bastante más dilatado de lo inicialmente previsto.

Este acuerdo definitivo ha sido firmado por seis entidades de crédito españolas -los bancos Exterior, Bilbao, Urquijo, Pastor, la Confederación Española de Cajas de Ahorros y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid-, y siete bancos extranjeros -Dresdner, Citibank, Societé Générale, Royal Orion, Londres y Arnérica del Sur, Aresbank y Manufactorers Hannover-, que componen la representación del conjunto de 120 entidades que integran el grueso de los acreedores financieros de ERT.De este acuerdo genérico, únicamente quedaron al margen cuatro grupos bancarios agrupados en dos tendencias genéricas claramente diferenciadas. Por una parte, aparece el Central, con su filial el Internacional de Comercio, que se ha negado a entrar en ningún tipo de negociación para aportar nuevos recursos a ERT, y que por lo mismo no ha firmado el acuerdo genérico. Por otra parte, están Banesto, Herrero, y Vizcaya, con la cabeza de su grupo industrial, el Induban, que se han negado a firmar el acuerdo genérico, aunque en un documento aparte se han comprometido a aportar las partes corre spondiente s a la nueva financiación que les corresponde en función de su volumen de riesgo en la compañía.

Las distintas posiciones

Las razones que han aportado estas entidades para no firmar el compromiso genérico han sido diversas. Mientras que el Central, desde un primer momento, se mostró reacio a atender cualquier demanda de nueva financiación, aduciendo la condición de financiación del activo circulante que tenían sus préstamos, las otras entidades por distintas razones, desde la juventud de su riesgo, hasta la cobertura de una parte sustancial del mismo, mediante avales de otras entidades de crédito de reconocida solvencia. De los 10.000 millones de financiación adicional, materializadas en líneas de descuento de papel comercial, las entidades españolas habrán de aportar 7.310 millones de pesetas, mientras que las entidades extranjeras se han comprometido a aportar avales por los 2.699 millones de pesetas restantes.La reunión, celebrada en la sede madrileña del Aresbank, cuyo primer ejecutivo Luis Bañó preside la comisión de acreedores de ERT, se prolongó bastante más tiempo del previsto, porque faltaba por llegar la conformidad de algunas entidades extranjeras y por los defectos formales que se aducían en la carta de compromiso que firmaron Banesto, Vizcaya y Herrero.

Opiniones de Miró Chavarría

Para Juan Miré, consejero-director general de ERT, "la concesión de la línea de descuento de 10.000 millones de pesetas permitirá a la empresa seguir operando hasta la presentación del plan de reestructuración", según informa Efe. "La firma del acuerdo", añadió Miró, "es necesana para la operatividad de la compañía, ya que cada vez se presentaban mayores problemas financieros, al no disponer, durante dos meses, de descuento de papel comercial. Esto ha motivado que no hayamos podido cumplir las fechas de pagos establecidas para dos petroleros con remesas de crudos, así como han generado una serie de perjuicios a los proveedores"Los contactos entre la Administración y ERT han sido múltiples a lo largo de las últimas semanas. El ministro de Industria Carlos Solchaga parece tener casi ultimado un plan de ayudas a la empresa, en el que se contempla la posibilidad de que la división de fertilizantes de Explosivos, una de las que aporta resultados negativos, sea vendida a la Empresa Nacional de Fertilizantes (ENFERSA), mientras que una parte de sus activos inmobiliarios, especialmente los que comprenden la urbanización Ciudad 2.000, situada en las inmediaciones de Madrid, sean traspasados al Ministerio de Obras Públicas.