Inaugurado en Barcelona el Primer Congreso de Economía y Economistas de España

El crecimiento del gasto público, considerado factor agudizante de la crisis, la necesidad de reducir su ritmo de crecimiento, especialmente con cargo a los capítulos de transferencias y gastos de consumo, la disminución de las bolsas de fraude y la materialización de la reforma fiscal son algunas de las conclusiones elaboradas en la ponencia sobre el gasto público que ayer inauguró el Primer Congreso de Economía y Economistas de España. Las conclusiones fueron presentadas por Enrique Fuentes Quintana, catedrático de Hacienda Pública, tras la exposición de una ponencia elaborada por el ex director general de Presupuestos y ex secretario de Estado para la Seguridad Social, José Barea.El presidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, presidió ayer el acto inaugural del Primer Congreso de Economía y Economistas de España que organizado por el Consejo General de Colegios de Economistas, desarrollará sus sesiones hasta el próximo sábado en el Palacio de Congresos de Barcelona. Pujol señaló: "Lo que no podernos hacer es renunciar o sacrificar la inversión productiva en aras del consumo". Insistió en la necesidad de luchar contra la crisis desde "la moral de un país en reconstrucción, con una economía deshecha, a la que en conjunto se le debería aplicar la operación acordeón".

El estudio sobre el gasto público efectuado por José Barea puso de relieve la influencia de la crisis económica sobre la aparición del déficit público. "Si se añade una política de expansión del gasto público para sostener la demanda, puede llegar a traspasarse el límite tolerable de la capacidad de financiación por el ahorro del sector privado", añadió Barea. La situación a que podría llegarse en ese momento fue calificada de crítica, tanto por la incidencia al alza que sobre los tipos de interés podría tener y sobre la expulsión del sector privado, como por los problemas que su financiación podría acarrear para el control de las disponibilidades líquidas.

El comportamiento del gasto público español entre 1971 y 1981, según Barea, ha registrado, en relación al producto interior bruto, un aumento de 10,7 puntos, de los que 7,2 puntos corresponden a operaciones de redistribución de la renta, 3,2 a producción de servicios colectivos y 0,3 al aumento de las inversiones. Las causas del incremento serían las derivadas de la crisis económica, al realizarse mayores transferencias de tipo social.

El programa de revisión del gasto público, en opinión de José Barea, debería orientarse a la reconsideración de los programas de reconversión industrial, cuyas ayudas fueron caracterizadas como "destinadas a mantener factores productivos de espaldas al mercado". El mayor incremento del gasto público en los últimos diez años fue atribuido a los capítulos de transferencias y subvenciones, "que sobrepasaron incluso a los países de la Comunidad Económica Europea".

Servicios públicos

Barea criticó "la ineficacia de las empresas públicas, trasladada cada vez en mayor cuantía a los Presupuestos del Estado a través de subvenciones" y reclamó asimismo "una revisión de la actual política de tarifas y precios de los servicios públicos para ajustarlos a la realidad" y "un examen a fondo de todos los gastos fiscales". Respecto a la racionalización de la Seguridad Social, Barea señaló: "No se trata de reducir el gasto de protección social, solución imposible, sino de racionalizar y mejorar el actual sistema". La financiación del incremento de la inversión pública en el próximo período debería efectuarse, según criterio compartido por varios profesionales que intervinieron en el debate, a través de la disminución del fraude fiscal, por la supresión o reducción de determinados gastos fiscales y por una reasignación de los disponibles. Barea afirmó, por último, que "el elevado déficit público español es, en parte, debido a la baja presión fiscal existente en España que es una de las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico".