El primer reloj de las magistraturas

La Magistratura de Trabajo de Barcelona es el primer órgano judicial de España que ha puesto en funcionamiento un reloj para controlar el horario de los 184 funcionarios adscritos a su plantilla. Esta decisión, acompañada de una ampliación de la jornada efectiva de trabajo, fue adoptada por la Junta de Magistrados y se ha puesto ahora en práctica con la colaboración de los funcionarios. Responde a la situación de acumulación de expedientes y a la voluntad de introducir elementos correctores al deteriorado panorama de los procedimientos laborales. A pesar de ello, un total de 24.300 expedientes restarán pendientes de resolución a final de 1982, según un estudio realizado por los magistrados.

Un reloj instalado en la primera planta del edificio de la Magistratura de Trabajo de Barcelona registra cada mañana, a las 8.30, la entrada de los funcionarios. Paralelamente, el horario efectivo de trabajo ha sido ampliado y se controla, por primera vez en un órgano judicial, a través de los secretarios de las magistraturas. Desde las 8.30 horas se celebran juicio en las magistraturas y el horario efectivo de los funcionarios se ha fijado hasta las 14.30 horas.

La Magistratura de Barcelona es también pionera en la mecanización de los trámites laborales. La puesta en práctica, a finales de enero, de un ordenador que procesará el registro general y unificará trámites procesales de las diecisiete magistraturas que funcionan en Barcelona, constituye la primera iniciativa oficial de esta índole.

Procesamiento de datos

El ordenador ya ha sido adjudicado a la Magistratura por parte del Ministerio de Trabajo y es la primera iniciativa en su género subvencionada directamente por la Administración. Con su puesta en funcionamiento se pretende unificar el registro de expedientes, mecanizar los aspectos repetitivos del procedimiento laboral y coordinar las diferentes magistraturas. La mecanización prevista influirá, además, en la mayor transparencia y control público de los procedimientos, laborales. Un término medio de cinco meses invierten las magistraturas de Barcelona en celebrar los juicios de despido. Los plazos se alargan hasta superar un año y medio en el señalamiento de las demandas de cantidad, reconocimiento de derecho y reconocimiento de invalidez.Hasta diciembre de 1982 habían sido presentadas en Barcelona 27.600 demandas, mientras que el porcentaje de sentencias dictadas va en aumento desde la promulgación del Estatuto de los Trabajadores. La lentitud de los procedimientos por despido lleva a situaciones desesperadas a un gran número de trabajadores en paro, pendientes de la sentencia para poder iniciar otro trámite todavía más lento: las largas colas del desempleo.

La Junta de Magistrados de Barcelona remitió en fecha reciente un escrito al Consejo Superior del Poder Judicial en el que se reflejaba la situación límite por la que atraviesa este órgano judicial. En la actualidad, están creadas en Barcelona diecisiete magistraturas ordinarias. Dos de ellas están vacantes y una tercera se encuentra semiparalizada por enfermedad de su titular.

Acumulación de expedientes

Para resolver los expedientes pendientes a finales de 1982, deberían dictarse, según fuentes judiciales, 32.300 sentencias, lo que equivale a 1.900 resoluciones judiciales por cada una de las magistraturas de Barcelona. Todas ellas tendrían su trabajo cubierto, sin admitir a trámite ningún otro expediente, hasta finales de febrero de 1984. Los magistrados señalan que, para funcionar con sólo cuatro o cinco meses de demora, debería haber el doble de las magistraturas hasta ahora creadas. En el presente año han sido instadas 9.352 demandas de despido, 4.423 de invalidez y 12.713 procedimientos de cantidad y otros conceptos.La grave situación por la que atraviesa la jurisdicción laboral en Barcelona originó la anticipación de los magistrados, con la aceptación de los funcionarios, a la anunciada propuesta del Gobierno socialista de ampliar el horario administrativo.

Prohibición de las propinas

Los cambios iniciados se han hecho extensivos a la prohibición de cualquier tipo de propinas a los funcionarios, práctica hasta ahora tradicional en la Magistratura, aunque el fenómeno se situaba en términos muy inferiores a los existentes en la jurisdicción ordinaria. Entre las medidas adoptadas figura una recomendación de estudiar una fórmula que haga posible la no ratificación de la designación de depositarios, cuando ésta recaiga en personas que concurren habitualmente como licitadores en las subastas. Con esta medida se pretende afrontar el problema suscitado por el frecuente nombramiento de depositarios de un equipo de subasteros, entre los que figura el conocido ultraderechista barcelonés Alberto Royuela.