Una presunción de competencia y honestidad

EL BOSQUEJO de los grandes perfiles del Gobierno de Felipe González puede ser completado con el examen de las características ideológicas, políticas y profesionales de las personas que lo integran. La mayoría de los ministros tiene en común, pese a su diferente origen partidista, el rasgo de haber militado en la oposición de izquierdas, o en la más blanda democristiana, al régimen franquista. Hay, no obstante, varias excepciones, como se verá, y empezando por la del portavoz del Gobierno, Eduardo Sotillos, que fue durante la transición miembro de Acción Ciudadana Liberal y jefe de Prensa del partido de Areilza.José Barrionuevo, a quien le ha sido confiada la cartera de Interior, sustituirá en el cargo a Juan José Rosón, cerrando el ciclo de una vieja amistad política, que fue suspendida por el distanciamiento del nuevo ministro respecto al régimen anterior y su posterior militancia en Convergencia Socialista. Fernando Ledesma y Tomás de la Quadra, ministros, respectivamente, de Justicia y Administración Territorial, colaboraron con la oposición democristiana de Ruiz-Giménez. antes de aproximarse o de afiliarse al PSOE. De Tomás de la Quadra constan su sólida preparación jurídica y su participación en los trabajos preparatorios de la LOAPA, encargados a su maestro, Eduardo García de Enterría. Queda por despejar la incógnita sobre la capacidad efectiva del ministro de Administración Territorial tanto para entender el trasfondo político de los conflictos autonómicos con los nacionalistas vascos y catalanes como para llevar adelante, en nombre del Gobierno, las negociaciones con hombres tan curtidos y correosos como Xabier Arzallus o Miquel Roca. Fernando Lesdesma, miembro de la disuelta organización Justicia Democrática, une a sus convicciones religiosas un firme compromiso, con las libertades. Javier Moscoso, miembro también de la carrera judicial y ministro de la Presidencia, descubrió su vocación política tras la muerte de Franco, militó en las filas de UCD y procede del Partido de Acción Democrática.

Los restantes ministros ofrecen en sus biografías los rasgos característicos de lo que hace diez o veinte años las autoridades consideraban como el arquetipo de un rojo peligroso. La escenificación del cambio ha sido, precisamente, la instalación en los puestos más elevados del aparato del Estado, con protección policial incluida, de unos hombres que sólo hace siete años podían ser perseguidos, al menor descuido, por los cuerpos de seguridad y los tribunales. Narcís Serra, una de las grandes revelaciones de la política de la transición, ha sido encargado del difícil cometido de desempeñar el Ministerio de Defensa. El nombramiento de Fernando Morán -antiguo dirigente del PSP, ensayista y novelista- como ministro de Asuntos Exteriores respeta la discutible tradición de que sea un diplomático de carrera quien dirija las relaciones internacionales. La capacidad de trabajo y la competencia del nuevo ministro son avaladas tanto por el presidente del Gobierno como por el jefe de la oposición, que era embajador ante el Reino Unido cuando Fernando Morán desempeñaba el destino de cónsul general en Londres. La fuerte personalidad del titular de Exteriores, especialista en política africana y adversario de la integración de España en la OTAN, se ve coloreada por el dato anecdótico de ser cuñado del anterior presidente del Gobierno. La saga de los apellidos Calvo Sotelo y Bustelo se prolonga así en el horizonte como una constante de poder bajo todos los Gobiernos y en todos los regímenes.

José María Maravall y Javier Solana, dos hombres de gran prestigio profesional, arraigada ética política e intachable trayectoria democrática, tendrán a su cargo, respectivamente, las carteras de Educación y de Cultura, que deberán satisfacer las aplazadas demandas de bienes inmateriales de los sectores económicamente más desfavorecidos y profesionalmente menos protegidos de la sociedad española.

Una de las sorpresas del Gobierno socialista ha sido el alto número de economistas, procedentes de la Administración pública o de la universidad, que lo integran. La dirección de la política económica ha sido encomendada a un hombre cuya veteranía de origen en el PSOE no le impidió un curioso viaje de ida y vuelta, al comienzo de la transición, al partido socialdemócrata de Francisco Fernández Ordoñez. Perteneciente a la elite de técnicos financieros -la beautiful people- que adquirieron y perfeccionaron sus saberes en la Administración pública y las empresas estatales bajo el anterior régimen, Miguel Boyer -en cuya biografía publicada por este periódico se cometieron ayer lamentables e injustificables errores, pues ni es pariente de Calvo Sotelo ni tiene 49, sino 43 años- posee los adecuados conocimientos y las relaciones para impedir que el Gobierno irrumpa en los mecanismos del mercado como un elefante en una cacharrería. El nuevo superministro tendrá la misión de negociar con los grandes centros de decisión económica derrochando realismo, sentido común y prudencia, pero sin permitir que el Estado se convierta en la madre amorosa encargada de socializar las pérdidas privadas o de ejecutar las políticas dictadas fuera de su ámbito. Sólo la ética, o quizá también la estética, parece haber impedido a Boyer ocupar un Ministerio en los Gobiernos de UCD, con cuyos dirigentes compartía, además de amistades y gustos, buena parte de las orientaciones generales de política económica. Durante un breve interregno entre el Banco de España y el INI, Boyer ocupó un alto cargo en Explosivos Río Tinto, llevado allí precisamente por Calvo Sotelo en la época en que éste dirigía la empresa. Explosivos Río Tinto se encuentra hoy en graves dificultades financieras y necesitada de una ayuda estatal, cuyas cuantía y oportunidad tendrán que ser decididas precisamente por Boyer. Las relaciones de éste con la tecnoestructura económica del Estado se remontan, por lo demás, a su colaboración con Claudio Boada cuando éste era presidente del INI, relación que ha de prolongarse hoy a la inversa si Boada es efectivamente confirmado al frente del Instituto Nacional de Hidrocarburos. Los conocimientos técnicos de Miguel Boyer tienen como característica que su acercamiento a la realidad fue siempre hecho desde los servicios de estudio y los puestos de staff, y sería por eso injusto tratar de comprometerle con decisiones. cuya responsabilidad en ningún caso asumió. Pero de aquella época guarda una tendencia al respeto admirativo porel actual equipo de gestores del INI, de cuyas virtudes pueden hablar los amigos, pero no las cuentas de resultados de los balances. Todo ello hace sospechar que la política energética, industrial y monetaria pueda seguir siendo regida con criterios conocidos y experimentados, para bien o para mal, hace algunos lustros. De donde cabe preguntarse si el cambio anunciado no peligra en este terreno.

Quizá como compensación de estas dudas, el resto de los ministros del área económica tiene una imagen pública más moderna y atrayente que la de su jefe inmediato. Ernest Lluch y Carlos Solchaga, titulares de Sanidad y de Industria, respectivamente, brillaron como parlamentarios durante la anterior legislatura, mientras que Enrique Barón ha hecho compatible su vigorosa vocación política -que le llevó desde USO y Convergencia Socialista hasta el PSOE- con una acelerada capacitación en cuestiones de la Administración pública. Carlos Romero, designado para la cartera de Agricultura, y Julián Campo, ministro de Obras Públicas, pertenecen al mismo renglón de jóvenes dirigentes de la oposición reciclados como expertos. Finalmente, Joaquín Almunia, ministro de Trabajo y Seguridad Social, representa a las nuevas generaciones de técnicos formados dentro del PSOE y UGT.

Con la excepción apuntada del superministro Boyer, la falta de experiencia empresarial de los miembros del Gobierno presidido por Felipe González parece obvia. Pero ofrece la contrapartida de su independencia respecto a las redes de intereses que en España han solido marcar la orientación de las carteras económicas. La capacidad de los nuevos ministros para rechazar esas hipotecas y servidumbres y para imponer el interés general sobre los de los grupos particulares puede incidir de forma altamente positiva sobre la estrategia económica del nuevo Gobierno. Porque la única forma de garantizar que el interés público prevalezca sobre las presiones sectoriales o corporativistas es, precisamente, que los en cargados de concebir y ejecutar las medidas de gobierno no tengan más lealtades que las que les vinculan con su electorado y con las demandas globales de la sociedad y el Estado.