El MOPU afirma que no hay cambios en la política de contratación de obras del Estado

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), en un comunicado facilitado a este periódico, afirma que en el último año se ha producido una importante mejora en la gestión del departamento, superando las realizaciones del ejercicio anterior en un 27% en cuanto a compromisos y en casi un 10% respecto a las realizaciones. Por otro lado, replica las noticias sobre existencia de posibles irregularidades en la contratación de obras del Estado, denunciadas por diversos medios económicos, políticos y administrativos (ver EL PAIS del pasado miércoles), doblemente estructuradas: la entrega de regalos o dinero para conseguir acelerar expedientes de cobro de deudas y, en segundo lugar, la contratación de grandes obras por concurso o adjudicación directa, obviando la vía del concurso-subasta.

Según el MOPU, la información aludida no contempla la situación actual de contratación y gasto de los recursos a disposición del MOPU para inversiones, marco de referencia necesario para emitir cualquier juicio sobre la gestión inversora del departamento, como los que se recogen en la citada crónica. El estado real de las licitaciones de obra del MOPU es el que a continuación se detalla, con datos del 30 de septiembre de 1982 (ver cuadro 2). En términos de comparación con el ejercicio presupuestario anterior, y a la misma fecha de septiembre, los porcentajes de comprometido, contratado y gastado son los que aparecen en el cuadro 3."Partiendo de estos datos", dice el MOPU, "se deduce que, sobre un sensible aumento de la consignación presupuestaria, se ha producido una importante mejora en la gestión del MOPU, superando las realizaciones del año anterior en un 27% en cuanto a compromisos, y en un 9,7% en cuanto a gasto realizado".

En relación con la utilización de los diversos sistemas de contratación, regulados por la ley de Contratos del Estado, que se han aplicado este año y en el ejercicio precedente, el MOPU observa que son sensiblemente iguales". Y agrega que ello queda patente comparando los volúmenes de pesetas licitadas en cada sistema de contratación sobre el volumen total de las inversiones del departamento en cada ejercicio, que aparece reflejado en el cuadro 1.

Según el Ministerio de Obras Públicas, de todo ello ha de subrayarse además que la mayor consignación para inversiones es decisión del legislativo, al aprobar los Presupuestos Generales del Estado, y ponderando factores como los recursos disponibles, el estado de infraestructuras confiadas al MOPU, las necesidades de inversión pública dentro de la total inversión del país y el nivel de paro.

"La obligación primordial del MOPU", afirma también éste, "es realizar en la mayor medida posible la inversión prevista para ser coherente con el mandato del legislativo y cumplir los grandes objetivos de interés general a que hace referencia al apartado anterior. El esfuerzo de gestión es uno de los parámetros clásicos para medir la eficacia de un ministerio inversor, en particular si se lleva a cabo sin variación de efectivos, y, por consiguiente, con mejora de la productividad de los gastos consuntivos o de funcionamiento".

De otro lado, el MOPU precisa que en su contratación, como en la de cualquier departamento y órgano de la Administración, se cumplen todos los trámites y condiciones establecidas por la normativa aplicable, sin cuyos requisitos no es fiscalizada por la intervención, que pondera las razones que justifican en cada caso el sistema de contratación utilizado de entre los que regulan con toda precisión la ley de Contratos del Estado y sus normas de desarrollo.

También según el Ministerio, "la Inspección General, abierta a las denuncias que le formulan los particulares, ha continuado intensificando y racionalizando sus actuaciones, operando en todas las áreas del MOPU y de manera equilibrada a lo largo del ejecicio, con arreglo a un plan previamente establecido y eligiendo de oficio, y con independendia, por tanto, las actuaciones sometidas a investigación".

Por último, el MOPU concluye que toda la documentación del Ministerio, y en particular la referente a la contratación de sus inversiones, además de haber sido publicada sucesivamente en el BOE, está a disposición de los interesados. "En un sistema de derecho, la garantía última de la legalidad de las actuaciones públicas, de la transparencia administrativa y de la ética profesional, pertenece a los tribunales, a los que corresponde conocer de las cuestiones concretas que se sometan a su jurisdicción".