Clima de intranquilidad en el seno de las fuerzas armadas portuguesas

La ley de Defensa Nacional, el presupuesto para 1983 y la eventual sustitución de los jefes de Estado Mayor han generado un clima de intranquilidad en el seno de las fuerzas armadas portuguesas. El gesto del general Eanes de vetar la ley de Defensa Nacional y Organización de las Fuerzas Armadas tiene un valor poco más que simbólico: bastará el voto de los dos tercios de los diputados para hacer obligatoria su promulgación, y, salvo accidente, Alianza Democrática y el partido socialista asegurarán esa mayoría cualificada.

En las explicaciones dadas al Parlamento, el general Eanes ha invocado la experiencia que acumuló como jefe del Estado Mayor del Ejército y luego como jefe del Estado, comandante supremo de las fuerzas armadas, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y del Consejo de la Revolución en la difícil tarea de devolver la tranquilidad y la disciplina al Ejercito portugués, después de los episodios revolucionarios de 1974.En nombre de esta experiencia, el general presidente llama la atención de los diputados sobre el malestar y las perturbaciones que la ley va a suscitar entre amplios sectores militares.

En algunos medios castrenses, la decisión del general Eanes es interpretada como un gesto destinado también a exculpar a los jefes de Estado Mayor de la Marina, de la Aviación y del Ejército de Tierra de cualquier responsabilidad en la elaboración de la ley, atribuyendo la exclusividad de la misma a los políticos civiles.

La jerarquía militar, que apoyó vigorosamente la desaparición del Consejo de la Revolución y, verbalmente, el principio de la obediencia de las fuerzas armadas al poder político que encarna el Gobierno, es mucho menos entusiasta en relación a la reducción drástica de sus propios poderes.

Los comandantes de la Aviación, de la Marina y del Ejército, que tenían rango de ministros, quedan reducidos a la condición de altos funcionarios, equiparados a los directores generales de la Administración pública, y sus respectivos estados mayores, que disponían libremente de la totalidad del presupuesto atribuido a las fuerzas armadas por la ley de Finanzas, pasarán, con la nueva ley, a manejar créditos del orden del millón y medio de pesetas.

La cuestión de los gastos militares es el principal problema que atrasa la conclusión, en consejo de ministros, del proyecto de presupuesto del Estado, que debía haber sido enviado al Parlamento hace más de un mes.

Está dando lugar a una disputa acalorada entre los altos mandos militares y el Gobierno, para conseguir mayores dotaciones, y entre los jefes de Estado Mayor de la Marina, de la Aviación y del Ejército, para la distribución de las mismas entre las tres armas. La situación tampoco es tranquila en el interior de cada Estado Mayor, donde algunos generales cuestionan la manera en que los respectivos jefes han defendido los intereses de la institución.

El Gobierno ha añadido un nuevo elemento desestabilizador al anunciar que decidirá, en el plazo de cinco días a partir de la promulgación de la nueva ley de Defensa, la sustitución o no de los cuatro generales que componen la Junta de Jefes de Estado Mayor.

El general Eanes ha manifestado al ministro de Defensa -que se mostró sensible al argumento- que las eventuales sustituciones no deberían dar lugar a interpretaciones políticas. Y esto será inevitable si los cambios se limitan a la sustitución de los generales considerados como más próximos de las concepciones del general Eanes, como es el caso del jefe de Estado Mayor General, Melo Egidio, o del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, García Do Santos.

La dificultad mayor para el Gobierno consiste en el apoyo de que goza, en la derecha civil y militar, el jefe de Estado Mayor de la Aviación, general Lemos Fereira, que permanece en el cargo desde 1976.