Banca Catalana: las implicaciones políticas
La primera reflexión en torno al tema es la consideración de la dimensión política que se quiere dar a la noticia: algunos bancos, con sede o no en Cataluña, han entrado en dificultades y el Banco de España ha actuado enérgicamente o ha acudido en socorro de los mismos a través del Fondo de Garantía. La noticia, por regla general, ha sido rápida, concreta y más o menos satisfactoria. El resultado para el ciudadano es de doble índole: por una parte, el humano sentimiento de tristeza por los fondos que uno mismo o algún pariente o amigo pudiera tener comprometidos, como depositante o como accionista, en el banco en cuestión; por otra parte, la natural preocupación por la repercusión que tal situación puede crear en el sistema financiero y, en consecuencia, en la política económica, ya de por sí bastante maltrecha.El planteamiento en torno a la Banca Catalana viene siendo muy distinto: mientras los antiguos administradores de Banca Catalana guardan silencio, se dirige al lector hacia la sospecha de que existen otros planteamientos ocultos ajenos a los netamente financieros. Se crea una tercera preocupación al margen de las habituales: ¿cuál es el motivo de que el tema se trate sin dar más que noticias oficiosas, datos confusos y sugerencias negativas? ¿Por qué es un tema que surge, se acalla, se dispara, se desmiente y, por último, se confirma? ¿Por qué se entremezcla en el trasfondo de una campaña política de elecciones generales?
Al ciudadano le preocupa tanto misterio, tanta sugerencia no desvelada, tanta reserva por parte de las autoridades, que efectúan, no obstante, manifestaciones confusas al respecto. Si se trata de asimilar el tratamiento de un tema como éste a la reserva de los graves temas políticos o autonómicos, si lo procedente es pensar en Cataluña cuando se habla del mismo, ¿acaso entonces debemos aguardar impávidos a que la divina providencia se sirva insuflar, a quien corresponda, las medidas definitivas que conduzcan a la callada solución de un problema cuyo planteamiento ha generado una polémica de posibilidades y sucesos? ¿Es que ello no supone fomentar la situación de abandono de accionistas y trabajadores o el miedo de las personas directamente afectadas por haber confiado sus depósitos?
Las invocaciones nacionalistas
Naturalmente, creemos que es preciso afirmar: primero, que Banca Catalana no es sinónimo ni bandera de Cataluña, y en segundo lugar, que si el trasfondo sugerido en este asunto ha sido capitalizado por algunas formaciones políticas, éstas tienen la obligación de aclarar al ciudadano de este país el por qué lo han hecho y hasta dónde llega su compromiso.
No es preciso recurrir al tópico tan en desuso de considerar que el ciudadano de Cataluña cuida su dinero por encima de todo, para entender claramente que los ahorros que una persona puede ir reuniendo a lo largo de su trabajo son colocados en las instituciones financieras con arreglo a criterios de confianza y solidez del depositario. Implicar motivaciones nacionalistas en este sentido no parece justificado, pues ello, aparte de no ser lógico, nos llevaría a afirmar que un acto de depósito de dinero en determinada institución sería un acto de afirmación o definición nacionalista. Del mismo modo que el mal funcionamiento de Banca Catalana no pone ni tiene por qué poner en cuestión la identidad nacional de Cataluña. ¿Por qué las inversiones de los grandes bancos en Cataluña no son reconocidas como actos de afirmación voluntarista hacia Cataluña y sí lo han de ser los de Banca Catalana? ¿Por qué no deben ser considerados tan catalanes como el que más quienes confían la administración de sus ahorros a una entidad no nacida en Cataluña? ¿Es que acaso las sociedades mercantiles tienen filiación autonomista?
Los diferentes partidos que han efectuado actos electorales en Cataluña han tratado, de pasada, el tema de Banca Catalana: no para explicar qué sucedía y cuál era la solución que cada uno proponía sino tan sólo con la vaga promesa de enfrentarse, cuando llegase el momento, al problema. Pues bien, los partidos tienen ahora el deber moral de enfrentarse al mismo, empezando por explicar o exigir que se explique públicamente sus dimensiones. Cualquier aplazamiento podría resultar culpable. No es válido plantear dudas importantes al ciudadano votante para dejarle luego olvidado y con esas dudas sin resolver.
Transparencia informativa
Estamos esperando la aplicación de esa nueva forma de hacer política, de ejercer las funciones de gobierno con un estilo distinto, primando la idea del soplo de aire renovador y purificante, y con arreglo a ello no puede quedar oculta la sombra de tantos comentarios desmentidos. El ciudadano tiene derecho a conocer los problemas que se le imponen como políticos, porque, en buena medida, la forma de solucionarlos define la capacidad de las personas que los asumen; porque la transparencia en la información, en el juego de la función pública, exige que no queden sin explicación los temas presentados a la opinión de todos como trascendentales y de general interés; porque si la clase política considera que cualquier cuestión en torno a la Banca Catalana tiene una trascendencia autonómica importante, tiene el deber de darle un tratamiento público de igual índole.
A Cataluña se la sirve mucho mejor si se aprende a efectuar un tratamiento de los temas sin particularismos ni comentarios equívocos, considerando que es de todos aquello que a todos -afecta, explicando, quien pueda y deba, las situaciones y circunstancias con total honestidad y sin complejos. Y, evidentemente, quien podrá y deberá hacerlo es el futuro Gobierno, del mismo modo que quienes podían y debían facilitar tales explicaciones eran los actuales Gobiernos central y autonómico. Explicaciones que hubiesen podido y debido llegar, incluso, a comunicar las cantidades que el Banco de España fue aportando, tan generosamente, a Banca Catalana; el motivo, político o no, de las mismas, y con qué calendario. El pragmatismo que tanto se atribuye a Cataluña supone también el riesgo de la autocrítica, si ello es necesario; la exigencia de responsabilidades y el sano derecho a conocer toda la verdad. Sólo con estos planteamientos se garantiza el camino de la democracia, de la autonomía y del servicio público concebido como un deber a la comunidad.
