CC OO denuncia un acuerdo para la prórroga de contratos en la Administración

La Federación de Comisiones Obreras (CC OO) de Administración pública ha hecho pública una nota en la que denuncia una serie de medidas tomadas por el actual Gobierno que pueden condicionar la política retributiva y de personal del próximo Gobierno socialista. Entre ellas figura un acuerdo de Consejo de Ministros por el que se prorrogan los contratos administrativos existentes en la actualidad "hasta que se apruebe el Estatuto de la Función Pública".

Según Comisiones Obreras, "este acuerdo, que aparentemente sirve para solucionar el problema de la estabilidad en el empleo a colectivos que tradicionalmente han venido reivindicando este derecho, permite la instalación definitiva en la Administración de miles de personas contratadas este último año, en función del clientelismo ejercido por los altos cargos de la Administración actual, que de esta forma consiguen introducir en estos momentos de transición a parientes y protegidos en puestos en que muchos de ellos no son necesarios para la propia Administración, lo que dificultará una futura política racional de personal".La central sindical, denunció ayer otro acuerdo también del Consejo de Ministros por el que se incrementarían, de hacerse ejecutivo, las cuantías de los incentivos de productividad de los cuerpos especiales superiores del Ministerio de Hacienda (abogados del Estado, inspectores de Aduanas, interventores, etcétera). Esto supondría un incremento medio de 500.000 pesetas al año para cada funcionario (28,5% de incremento sobre sus retribuciones de 1982) y un coste total de alrededor de 806 millones de pesetas. El colectivo afectado es de alrededor de 1.350 personas. Portavoces oficiales del Gobierno desmintieron categóricamente sin embargo que la medida vaya a ponerse en práctica.

Dicho acuerdo, al que tuvo acceso este periódico (véase EL PAIS de ayer) da la siguiente justificación: "El gran esfuerzo financiero del Estado en los momentos actuales, tanto por lo que respecta a la vertiente de los ingresos como a la de los gastos públicos y las necesidades de una asistencia jurídica a la Administración pública, cada vez más extensa y exigente, de un lado, y de otro, la homogeneización operada en el régimen de los funcionarios de los cuerpos superiores del Ministerio de Hacienda obligan a realizar los oportunos reajustes en las retribuciones de los mismos, a fin de evitar las disfunciones que, en otro caso, se podrían producir".

Según CC OO, de producirse la subida, "que afecta precisamente a colectivos de funcionarios que han visto aumentadas sus retribuciones por encima del índice de precios al consumo", va a desencadenar una lucha corporativa por la equiparación retributiva de otros cuerpos superiores de la Administración, "lucha que puede condicionar la política retributiva del próximo Gobierno".

Estos acuerdos y otros que se están produciendo a otros niveles de la Administración, según Comisiones Obreras, distorsionan de una u otra manera el sistema retributivo y "van a dificultar las actuaciones del próximo Gobierno socialista en la función pública, ahondando además en la desmoralización y desincentivación en el trabajo de la mayoría de los empleados públicos".

Por otra parte, el sindicato en cuestión, afirma que se están distribuyendo gratificaciones "con bastante discrecionalidad", que son aprobadas por la Junta Central de Retribuciones. Y cita el ejemplo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, en el que al parecer se están distribuyendo doscientos millones de pesetas en base a una supuesta mayor carga en el trabajo por la aplicación del programa extraordinario de inversiones.