Los administradores de Banca Catalana dimiten dos meses después de presentar su programa

Los administradores de Banca Catalana hicieron efectiva anoche su dimisión. La renuncia fue presentada en el curso de una larga reunión del consejo de administración, en la que estuvo presente el también administrador y director del Fondo de Garantía de Depósitos, Juan Antonio Ruiz de Alda.

Los administradores dimisionarios, Eusebi Díaz-Morera, Juan Alegre Marcet, Juan Antonio Delgado, Jordi Mercader, Josep Camp, Gabriel Buixó, Gabriel Ferrater y Gonzalo Turell, habían sido nombrados el pasado 17 de septiembre por el Banco de España, si bien al mismo tiempo anunciaron su renuncia, que se haría efectiva a los dos meses, y sólo antes en el caso de que se produjesen algunas situaciones. Entre estas situaciones previstas se incluía que se tomasen medidas que afectasen directamente a la identidad catalana de la entidad y a su independencia. Con la renuncia de los administradores, el Banco de España deberá nombrar a quienes les sustituyan, previéndose que todo ello conducirá a una aceleración de la resolución de la crisis, que podría instrumentarse dentro de esta misma semana.Con la dimisión de los administradores finaliza una etapa del grupo Banca Catalana caracterizada por el intento de preservar su carácter autóctono, lo que se pretendía mediante un plan de reflotación que incluía en primer lugar la apelación a los accionistas. Este programa, presentado por el Consejo de la entidad al Banco de España a principios de septiembre pasado, sigue estando "en estudio" por la autoridad monetaria, si bien no se ha diseñado completamente una alternativa al mismo que evitase la rápida erosión de los recursos ajenos del banco.

Este último período empezó el pasado 30 de junio, cuando la Junta de Accionistas aprobó la renovación del Consejo, tras la renuncia de los vocales más próximos al antiguo promotor de Banca Catalana y presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

El 11 de junio, cuando ya estaba en marcha un programa de reforzamiento de la entidad impulsado también desde la Presidencia de la Generalitat, la difusión de un confidencial que propagaba el rumor de una inminente suspensión de pagos de un grupo financiero catalán, actuó como detonante. En dos semanas, pese a la cuantiosa ayuda y a los desmentidos del Banco de España, se produjo una retirada de depósitos cercana a los 10.000 millones de pesetas.

Este hecho aceleró los proyectos ya diseñados y en la Junta se aprobó una emisión de bonos, por un montante de 5.700 millones de pesetas, cuya cobertura garantizarían las cajas de ahorros, y varias grandes empresas catalanas; la reordenación del grupo bancario, reduciendo el número de sus entidades; y la incorporación de personas representativas de la vida económica catalana al Consejo, tanto en función de las aportaciones previstas, como en la necesidad de cambiar la imagen, muy vinculada hasta entonces a Jordi Pujol.

Actuación del nuevo consejo

El 8 de julio se completaba el nuevo Consejo con los nombres de quienes ahora acaban de dimitir, cuya primera providencia fue encargar una auditoría a la firma independiente Price Waterhouse. La segunda actuación fue intentar detener el ya más lento goteo de pasivo. Y la tercera, proceder a una estimación directa de la situación financiera del grupo.

Esta estimación, a la espera de que la auditoría externa siguiera su camino, arrojó una enorme sorpresa a las pocas semanas. El desequilibrio financiero y los activos improductivos podían llegar, en conjunto, a los 130.000 millones de pesetas. La dimensión del problema era tal que la inyección de 5.700 millones se revelaba insuficiente. Por ello se procedió a diseñar un nuevo y detallado plan, que incluía la reordenación de los cinco bancos del grupo, concentrando toda la actividad de banca comercial en Banca Catalana; una operación acordeón, con la reducción al valor simbólico de una peseta de una parte de las acciones y la posterior ampliación en 12.000 millones, apelando en primer lugar al accionista; y las ayudas, tanto del Banco de España como del Fondo de Garantía de Depósitos. Al Fondo le serían traspasados algunos activos improductivos, como había sucedido en la reciente crisis de Bankunión. La ayuda del Banco de España debería colaborar ampliamente en compensar el desequilibrio patrimonial.

El programa fue presentado a principios de septiembre al Banco de España. Pero la situación política influía negativamente, con la convocatoria de elecciones por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, realizada el 28 de agosto. Con este telón de fondo, la autoridad monetaria extremó su prudencia. Sosteniendo que el marco legal era insuficiente para dar cabida a este proyecto y que convenía contar con la auditoría, prefirió dar tiempo al tiempo y someter e¡ plan a un detenido estudio. Como salida de compromiso, nombró administradores a los nuevos consejeros y procedió a la intervención de la entidad, cuidando en resaltar el aspecto de refuerzo que ello suponía.

A partir de ahí, se desencadenó geométricamente la erosión del pasivo, no sólo perdiendo los 6.000 millones que se habían recuperado en el mes de agosto, sino descendiendo incluso por debajo de las cifras de la crisis de junio. La nueva situación creada con la dimisión de los administradores probablemente replanteará ahora esta política de espera.