Tribuna
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Las exigencias de la democracia avanzada: la tarea socialista

Las próximas elecciones generales pueden llevar al poder al PSOE. Si ello sucede, se tratará de unas elecciones históricas. Por un lado -dice el autor-, constituirán el experimentum crucis de la transición: si la alternancia tiene éxito y si el nuevo Gobierno dispone de un margen adecuado de estabilidad política, la democracia habrá mostrado decisivamente su fortaleza y que sus límites no se reducen a que ganen siempre los mismos. Por otro lado, representarán estas elecciones un momento parecido a otros que se han vivido en la mayoría de las sociedades avanzadas y que han sido hitos fundamentales en su progreso.

Desde el punto de vista de los principios de la ciudadanía política y de la ciudadanía socieconómica, de la participación y de la igualdad, los resultados de las experiencias de Gobierno socialista en Europa han sido considerables. El "modelo de sociedad" del socialismo democrático ha aproximado a las sociedades europeas respecto del paradigma de sociedad justa y libre. Estudios comparativos recientes (como los de Stephens, Castles, Hewitt, etcétera) muestran que las experiencias de Gobierno socialista o socialdemócrata han tenido tres consecuencias para las sociedades europeas. En primer lugar, se ha incrementado la igualdad de oportunidades, dedicando más recursos a la educación y promoviendo la movilidad social. En segundo lugar, se ha desarrollado una red de servicios sociales de bienestar que ha satisfecho demandas y necesidades de vivienda, sanidad y nutrición, y una infraestructura de prestaciones (a través de la Seguridad Social, el sistema de pensiones, el seguro de desempleo) que ha cubierto las carencias de los sectores más débiles en el mercado (ancianos, enfermos, parados). En Holanda, Austria, Gran Bretaña, Suecia, Noruega o Dinamarca, los grupos situados en los intervalos más bajos de ingresos han incrementado sustancialmente su consumo relativo de bienes y servicios. En tercer lugar, se ha producido una reducción en las desigualdades de renta.En sociedades como la austriaca, la sueca, la holandesa o la británica, la concentración de la renta en los intervalos superiores de ingresos es considerablemente menor que en sociedades de prolongada hegemonía conservadora. En Holanda, por ejemplo, la desigualdad en la distribución de los ingresos se ha reducido a la mitad desde la segunda guerra mundial. El nivel de bienestar colectivo, basado en una moral de solidaridad y expresado, sobre todo, en la política social y en la política educativa, ha experimentado un avance considerable en Europa como consecuencia de los Gobiernos socialistas.

Para los socialistas, el cambio en España consiste en emprender el camino hacia un modelo de sociedad que compatibilice la igualdad y el pluralismo, las libertades y el bienestar sociocultural. Es decir, se trata del reto de colocar a la sociedad española en las cotas de progreso que el socialismo democrático ha supuesto y supone para las sociedades europeas. Pero a la vez se trata del camino para cumplir el mandato de nuestra Constitución de "establecer una sociedad democrática avanzada". No se trata de un mandato fácil: tenemos una sociedad con desigualdades e injusticias profundas si la comparamos con las sociedades europeas. La concentración proporcional de la riqueza en los intervalos superiores de ingresos es bastante superior a la que existe en las sociedades más avanzadas; por el contrario, los sectores. sociales más pobres disponen de una proporción muy baja del consumo total del país: la mitad, por ejemplo, de lo que les corresponde en Gran Bretaña o en la RFA. Por añadidura, en nuestro país la desigualdad socioeconómica se transmite de padres a hijos con más fuerza que en las sociedades europeas. Dos tercios de los hijos de trabajadores manuales seguirán siendo obreros: sólo un 3% podrá acceder a las posiciones sociales superiores; en cambio, el privilegio se transmite de padres a hijos con el doble de intensidad que en Francia, en Gran Bretaña o Suecia (según los estudios de Goldthorpe,- Portocarrero y Erikson).

Política de empleoLa desigualdad en España se ha reforzado por una política social inadecuada. La precariedad del esfuerzo público para afrontar las necesidades sociales se manifiesta de forma dramática en la política de empleo: no solamente nuestra economía no proporciona trabajo suficiente, sino que la política social conservadora, encarnada en la ley Básica de Empleo, no cubre las necesidades de los que no encuentran trabajo. En 1980, el porcentaje de parados con subsidio se situaba en un 58%. del total de parados; en la actualidad, menos de un 35%. de los parados registrados perciben el seguro de desempleo (la cobertura más baja de todos los países industrializados).

La precariedad de la política social conservadora se manifiesta en muy diversos campos: por ejemplo, en un gasto público de protección social que en nuestro país se sitúa en el 16% del PIB, frente a un 31% en Holanda, un 27% en la RFA, Bélgica o Dinamarca (la media europea es un 25%); por ejemplo, en un gasto público en sanidad muy inferior al de cualquier otra sociedad europea; por ejemplo, en una Seguridad Social con recursos escasos y mal administrados, que hoy día no cubre las necesidades de amplios sectores sociales, pero cuyo sistema de financiación resulta muy gravoso para las empresas y para una política de empleo.

El otro gran instrumento para alcanzar las cotas de bienestar de una "democracia avanzada", la educación, ha sufrido de una misma precariedad. Las graves necesidades educativas se resumen en un déficit de alrededor de 1.500.000 puestos escolares (en Preescolar, EGB, BUP, FP, Educación Permanente y Educación Especial); una desigualdad de oportunidades educativas equivalente al doble de la que existe en Europa; en una baja calidad del sistema educativo, que se manifiesta en un creciente "fracaso escolar" (que alcanza a un 38% de los alumnos de EGB hoy día); en una situación de abandono del profesorado y en una desconexión entre educación y empleo. Ante esta situación, el Estado español gasta un 2% del PIB en educación, la mitad que en Holanda, RFA, Italia o Bélgica, y tres veces menos que en Gran Bretaña y los países escandinavos.

Tenemos así una desigualdad social equivalente al doble de la existente en Europa, a la que, sin embargo, se hace, frente con una política social y educativa que es la mitad de ambiciosa. Una moral de solidaridad es necesaria, sin embargo, para afrontar la crisis económica y el futuro de nuestra sociedad, frente al darwinismo de una nueva derecha que practica el principio de que sólo los fuertes sobreviven.

Esa moral de solidaridad no se puede basar en una política social y educativa precaria; no se expresa tampoco en una defraudación fiscal que hoy se extiende a un 56% de las rentas percibidas (defraudación que sube a un 76% de las rentas procedentes del capital mobiliario), del capital inmobiliario y de las actividades empresariales. El programa socialista pretende luchar contra esta defraudación fiscal de los que más tienen, equivalente a casi un billón de pesetas (alrededor del 4% del PIB). Y a la vez, justificar esta fiscalidad con unos objetivos claros de política. social, que además de racionalizar la pésima gestión y administración de la Seguridad Social, de la sanidad o de la cobertura del desempleo, extienda sus prestaciones, atendiendo a unos sectores sociales necesitados, hoy días marginados, y que, a través de la educación, haga de España un país más culto, más justo y más libre.

Esta política social más ambiciosa y humana podrá sentar las bases para esa moral de la solidaridad que puede permitir que nuestra sociedad se identifique con un proyecto común de recuperación económica y de modernización. En tiempos de dificultades, las reformas ambiciosas han conducido a las democracias europeas por una senda de progreso; este otoño es el momento de la esperanza para la sociedad española.

José María Maravall es catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 25 de octubre de 1982.

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