La Confederación Independiente de Funcionarios pide una Administración más profesional

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios ha decidido, en su último congreso general, pedir la profesionalización de la Administración y solicitar la prohibición de contratación de personal en régimen de derecho administrativo y limitarla en régimen de derecho laboral. Para la CSIF, la "Administración pública, por servir a todos los españoles, cualquiera que sea su ideología política, está obligada a preservar la objetividad en el desarrollo de las disposiciones legales y garantizar la actividad normal en los períodos electorales".

La profesionalización de la Administración, en opinión de la CSIF, debe abarcar desde los niveles de entrada hasta los de director general, con excepciones singulares para estos últimos en puestos de relevante significación política o social.La prohibición de contratación de personal en régimen de derecho administrativo y la limitación en régimen de derecho laboral para las actividades no correspondientes a los funcionarios públicos son medidas que deben ir acompañadas de soluciones generosas para las situaciones actuales.

Además de estos puntos, considerados fundamentales por la CSIF para que la Administración se profesionalice, se considera la necesidad de establecer la unidad de todas las administraciones públicas sometidas al mismo estatuto básico, con la reserva debida a las peculiaridades de la administración militar como única excepción.

Otras medidas

Otras medidas propuestas por la CSIF son:-Organizar de forma ordenada y racional los cuerpos y escalas correspondientes, previo estudio serio y detallado, que conduzca a una clasificación de puestos de trabajo y la consiguiente fijación de plantillas, definiendo la mayoría de ellos como cuerpos de carácter nacional y sin perjuicio de poder prestar servicio, en la cuantía necesaria, en las comunidades autónomas, las cuales podrán crear los cuerpos o escalas exigidos por la peculiaridad de las funciones cuando dichas funciones no correspondan a las ejercidas por los cuerpos existentes.

-Regular de forma coherente la carrera administrativa, asegurando a todos los funcionarios la posibilidad de promoción, tanto dentro de su propio cuerpo o escala como pasando de unos cuerpos o escalas a otros, respetando la exigencia de titulación cuando sea preceptiva para el desarrollo de las funciones específicas.

-Aprobar un sistema retributivo claro, homogéneo y transparente en el que las percepciones básicas tengan la debida preponderancia sobre el total. La masa salarial será pactada con los representantes de los funcionarios y tendrá las mismas revisiones que las del sector privado, con objeto de evitar la discriminación que frente a este sector viene sufriendo tradicionalmente el funcionariado, cuantificada en los últimos cuatro años en dieciocho puntos porcentuales.

-Normalizar los derechos pasivos, integrándolos en el conjunto de un sistema de Seguridad Social igual al de otros sectores laborales, en el que se considera fundamental que la base, tanto para cotización como para prestaciones, sea única. Las prestaciones familiares serán consideradas en su debida importancia y las pensiones de los jubilados corresponderán a las bases de los respectivos funcionarios en activo. Dichas bases se irán adecuando paulatinamente hasta llegar al total de las retribuciones percibidas, como ocurre en otros sectores laborales.

-Estructurar de forma seria y definitiva los cauces de representatividad de los funcionarios a todos los niveles de la Administración para poder intervenir en los problemas que les afecten. A estos efectos, se considera indispensable la celebración de elecciones sindicales en todos los centros o unidades administrativas en el menor plazo de tiempo posible.