Un capitán de EE UU reconoce que está entrenando oficiales en Guatemala

Un capitán del Ejército norteamericano, Jessie García, que se encuentra en Guatemala como supuesto profesor de inglés de centros militares, ha declarado al Washington Post que su misión real es instruir a los futuros oficiales en tácticas de contrainsurgencia en la selva, tarea que no difiere de la que llevan a cabo los asesores militares estadounidenses destacados en El Salvador.La revelación ha desatado una tormenta política en Washington, ya que desde 1977 está supeditada toda ayuda militar a Guatemala por la reiterada violación de los derechos humanos en este país. Un portavoz del Pentágono se limitó a señalar que la presencia de García en Guatemala obedece a un programa de intercambio de oficiales que data de los años cuarenta, aunque reconoció que en la actualidad no hay ningún militar guatemalteco en las academias norteamericanas.

Desde que el general Ríos Montt se adueñó del poder en Guatemala, mediante un golpe de Estado, la Administración Reagan se ha pronunciado varias veces en el sentido de que ha mejorado el respeto de los derechos humanos, lo que contradice informes de varias organizaciones internacionales.

El último caso es el cerco a que están sometidos 5.000 indígenas catchiqueles en el municipio de San Martín Jilotopeque. El Consejo Nacional de las Iglesias de Estados Unidos ha pedido al Gobierno Reagan que intervenga para evitar su matanza. Asimismo, ha enviado un telegrama al presidente de Guatemala.

El régimen de Ríos Montt ha contestado sugiriendo que la organización religiosa no debe dar crédito a una campaña de difamación de signo comunista, "que gente irresponsable continúa haciendo para crear repudio universal a un Gobierno democrático y temeroso de Dios".

Aunque la matanza inmediata ha podido ser evitada por la denuncia internacional, la Comisión de Derechos Humanos insiste en que sobre los indígenas se mantiene la amenaza de diezmarlos, a menos que acusen a la guerrilla de los asesinatos ocurridos en la región.

Esta exterminación masiva tiene su lógica para un Gobierno cuyo secretario de Relaciones Públicas no se recató en afirmar recientemente que "si los indios son guerrilleros, hay que matarlos".