Madrid, un proceso autonómico residual y sin concluir

A fuerza de ejercer más como capital del Estado que como capital de su propia provincia durante muchas décadas, Madrid cuenta hoy con las mayores bolsas de subdesarrollo del país. El triángulo norte, la llamada sierra pobre, supera en miseria, por ejemplo, a Las Hurdes extremeñas. Diecisiete pueblos de la provincia tienen menos de 120 habitantes, según el censo de 1980, y los dedos de las manos no bastan para contar las zonas donde no hay luz eléctrica, agua potable o servicios imprescindibles, sin hacer especial énfasis en que en pueblos como La Hiruela, La Acebeba, Madarcos, Gascones o La Serna del Monte, por ejemplo, los más jóvenes pasan de los cuarenta, y es probable que, en el caso de que sepan, puedan tardar una semana en leer los periódicos de hoy, porque los caminos, casi de cabras, son transitados por los carteros sólo cuando la acumulación de cartas y envíos hacen rentable el viaje.La provincia de Madrid, con un 12,5% de la población total del país, recauda 400.000 millones de pesetas en los principales impuestos estatales, y la inversión pública del Estado en Madrid y provincias alcanza sólo un 12,5%.

Cabe incluso hablar de un centralismo concéntrico que va a más -por eso se inicia este artículo con ejemplos evidentemente extremos, aunque no por ello menos reales- a medida que uno se aleja de la Puerta del Sol.

Para los alcaldes últimos -quizá no tanto esta Corporación-, la ciudad terminaba en la práctica en lo que hoy es la carretera M-30. Así se gestionaron y se distribuyeron los recursos económicos municipales. ¿Qué mejores ejemplos que el Polígono H de San Blas, Puente de los Tres Ojos, Pozo del Tío Raimundo, Cerro del Huevo, Cerro del Tío Pío, la Celsa, la Alegría, el Rancho del Cordobés, el Cerro del Pan Bendito, el Panderuelo, doña Carlota o la UVA de Valecas por citar sólo algunos de los poblados ycolonias, dentro del término municipal de Madrid que estan a medias entre la pobreza y la miseria?.

Una aproximación global a la crisis económica tiene la lectura siguiente: 261.000 parados, de una población activa total de 1.614.300 personas (es decir, uno de cada seis posibles trabajadores está desempleado); la producción de los tres sectores (agricultura, industria y servicios) en 1981 ha decaído entre diez y quince puntos -en algunos casos, como en la construcción, hasta un 40%-; se han matriculado miles de coches menos, se han consumido miles de toneladas menos de gasolina, menos artículos textiles, menos electrodomésticos, etcétera.

Dicho en términos menos fríos, miles de familias han solicitado el certificado de pobre para poder comer en los comedores gratuitos que recuerdan a los antiguos de Auxilio Social. Sólo Cáritas ha socorrido en cuatro meses a mil familias que se hallaban en la indigencia. Las Juntas Municipales de Distrito tienen servicios gratuitos de reparto domiciliario de comida a ancianos e impedidos que subsisten gracias a esto, y basta pasear por una calle céntrica o entrar en unos grandes almacenes para apreciar el aluvión de personas que viven exclusivamente de la caridad.

Recorrer los comercios de una ciudad típica del cinturón industrial como es Getafe, por ejemplo, es un espectáculo nada gratificante. En las tiendas de alimentación cientos de clientes mantienen deudas apuntadas en las libretillas que se van tachando a medida que se pagan, total o parcialmente, como en los años cuarenta. Es tan escasa la demanda de productos caros que los precios han caído en picado hasta la quiebra del pequeño empresario, si no ha cerrado antes por la competencia de los grandes hipers que van colonizando los pueblos cercanos a Madrid.

Entre Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón, Coslada, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo y Majadahonda viven 1.200.000 habitantes. 3.145.000 tiene Madrid-ciudad y el resto, hasta 4.727.000, viven en el resto de la provincia.

Todos los pueblos del cinturón rojo -están gobernados por alcaldes de izquierda, en su mayoría del PSOE, con la excepción de Pozuelo, donde UCD ocupa el Ayuntamiento- padecen los mismos problemas, además del paro y del desarraigo propio de la emigración ya estudiados. Falta de recursos económicos municipales para dar servicios -como saneamiento, basuras, alcantarillado, etcétera- suficientes; escasa o nula asistencia sanitaria, hasta el punto de que sólo algunos de estos pueblos tienen ambulatorios dignos; inexistencia de asistencia de urgencia -el Primero de Octubre tiene que atender a un millón y medio de potenciales enfermos-; malas comunicaciones con Madrid -se calcula que entre 300.000 y 400.000 personas de este Gran Madrid acuden a diario al centro de la capital-; falta de seguridad ciudadana; plazas escolares irregularmente repartidas; importante incremento de la población de la tercera edad; falta de zonas verdes, etcétera. La llegada de los ayuntamientos democráticos mejoró esta situación -el ejemplo de Parla, en el que el entonces gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, tuvo que cesar al alcalde unos días antes de las elecciones de 1979 por total dejación de funciones, es revelador-, aunque menos de lo deseable, obviamente. Y en esto también hay dos explicaciones: una ley de Régimen Local anticuada que impide la autonomía de los ayuntamientos recogida en los artículos 140 y siguientes de la Constitución y un enfrentamiento casi constante en estos tres años y medio entre una Admistración central gestionada por UCD y estas corporaciones mayoritariamente de izquierdas.

En este contexto, lo que los ciudadanos de Madrid y provincia esperan de la autonomía es que los centros de decisión se aproximen más a las administraciones locales, como forma de atajar la crisis. Empezando por la de Madrid capital, cuyo Ayuntamiento subsiste, entre otras cosas, gracias a una presión fiscal municipal verdaderamente molesta, especialmente para los pequeños empresarios y los profesionales liberales. Es, en definitiva, una autonomía residual y de segunda división que sólo se explica en lo económico y apenas tiene sentido, como tal uniprovincialidad, en lo político.

Madrid debió de integrarse en la comunidad Castilla-La Mancha, con un estatuto especial -una ley aprobada por las Cortes- de capitalidad, por la ffierte carga económica y social que supone tener la Administración del Estado. Algo similar a la concepción del distrito federal en otros países. No fue así por errores políticos claros y por desavenencias, en muchos casos motivadas porque en la Asamblea de Parlamentarios de Madrid figuran todos los números uno de los partidos de entonces. La izquierda no favoreció la integración para que su. peso electoral en Madrid no quedara diluido en una región de matiz conservador y Madrid fue finalmente rechazado. Madrid, que ya tiene la Administración central y la local, tendrá también un Parlamento con 96 miembros y un gobierno provincial con once. Así que será necesaria una Ley Especial que regule las relaciones entre los tres estamentos.

Para que Madrid no fuese la única provincia que se quiedase fuera del proceso autonómico hubo que arbitrar la solución artificial del artículo 144 de la Constitución, que permite acceder a la autonomía en virtud del interés nacional a aquellas comunidades uniprovinciales que lo deseen. Los retrasos y las dificultades en muchos pueblos de la sierra norte de Madrid, alcaldes independientes o claramente derechizados, aun estando bajo las siglas de UCD, estuvieron a punto de dar al traste con el proceso y sólo dos días antes de que se cerrase el período de sesiones anterior a la disolución de las Cortes, el 28 de junio último, entraba, consensuado por todos los partidos, el texto del proyecto de Estatuto de Autonomía.

Según el calendario previsto antes de la convocatoria de elecciones, Madrid iba a tener Parlamento y gobierno propios, además de Tribunal de Justicia y otras competencias, en abril próximo.