La nueva Constitución de Turquía consagrará la restricción de las libertades básicas

Los generales en el poder en Turquía desde hace dos años adoptaron el martes el texto de una Constitución que, "para garantizar el orden público y salvaguardar la integridad del Estado", elimina la mayoría de las libertades sindicales, políticas, de reunión y de prensa.La reafirmación de los "derechos de todo ciudadano" a disfrutar de estas libertades está salpicada de condiciones que consagran, como lo desea el general Evren, "la primacía del Estado sobre las libertades individuales".

El general Evren, después del referéndum constitucional del próximo 7 de noviembre, tendrá plenos poderes y un mandato de siete años para gobernar Turquía. El presidente designa y revoca al primer ministro, aprueba la formación de Gobierno y puede decretar el estado de urgencia o la ley marcial sobre parte o la totalidad del territorio por un período de seis meses, "si considera que la situación lo exige".

Evren podrá reemplazar al poder judicial en numerosos casos y controlar al legislativo mediante su derecho a rechazar una ley que haya votado la Asamblea.

La nueva Constitución permite a cualquiera fundar un sindicato, pero éste "no puede tener contacto alguno con ningún partido político". Las huelgas de solidaridad están prohibidas; la general es ilegal. El sindicato puede ser disuelto por decisión judicial, pero las autoridades pueden suprimirlo, sin esperar la sentencia, si consideran que sus actividades "amenazan directamente la integridad del Estado, el orden público, la seguridad y la soberanía de la nación o los derechos y libertades de los demás".

Algo parecido sucede con la Prensa, "que es libre y no puede ser censurada".

El ejecutivo, sin embargo, puede, según el nuevo texto legal, decidir el cierre de un periódico o tomar medidas represivas contra un periodista o un editor que "hayan hecho apología del delito, de la revuelta, fomentado una sublevación o desvelado secretos de Estado".

La libertad de reunión está regulada con los mismos criterios, y toda manifestación puede ser directamente prohibida por las autoridades si se supone que "podría conducir a acontecimientos que amenazaran el orden público o pusieran en peligro la seguridad de los ciudadanos".