El Tribunal de Cuentas ha iniciado ya sus funciones de control del gasto público

La falta de una ley de funcionamiento, cuya redacción y tramitación en las Cortes puede retrasarse como consecuencia del actual proceso electoral, no ha impedido al nuevo Tribunal de Cuentas el inicio de auditorías, apenas cinco meses después de su regulación democrática por las Cortes. El ingente trabajo pendiente heredado del antiguo Tribunal, y la escasez de medios y organización para hacer frente a los nuevos cometidos no han impedido al supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público el comenzar su labor de inspección y auditoría.

Las funciones propias del Tribunal de Cuentas, según la ley orgánica que regula esta institución, son el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos; y la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público. Esta última función, incorporada a los cometidos tradicionales del Alto Tribunal, supone un profundo replanteamiento de la organización y medios de esta institución.José María Fernández Pirla, elegido presidente de esta institución para los próximos años, es consciente de que el Tribunal de Cuentas vive un período de organización y no alcanzará un nivel de funcionamiento aceptable, a pesar de los esfuerzos, hasta dentro de tres años. "Luego habrá otros tres años de rodaje y probablemente en la última etapa del actual mandato del Tribunal se alcance un rendimiento óptimo", según Fernandez Pirla.

Crear ilusión

José María Férnandez Pirla, un hombre de extenso historial (catedrático; experto en contabilidad, en temas tributarios y seguros, y agente de Cambio y Bolsa, entre otros títulos), afirma que una de las principales tareas que ha tenido que afrontar el nuevo Tribunal de Cuentas ha sido la de crear ilusión entre el funcionariado. La plantilla, como consecuencia de la singular situación de este organismo en los últimos años (estructuras franquistas en contradicción con la Constitución), se encontraba muy desmoralizada. En los últimos años la institución ha estado semiparalizada, con un presupuesto reducido al mínimo y sin cubrir las vacantes de personal, a la espera de la nueva regulación democrática.Al producirse el relevo, por sólo relatar algunas vacantes, faltaban 31 censores letrados y contables sobre una plantilla de 75; cuatro funcionarios de la carrera fiscal sobre un plantilla de cinco, y cinco contadores diplomados sobre una plantilla de 119.

Es decir, un personal insuficiente para desempeñar los cometidos tradicionales de la institución, sin contar las nuevas funciones atribuidas al Tribunal por la ley orgánica y la urgencia de sacar adelante numerosos asuntos pendientes.

El actual Tribunal, no obstante, ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, cuyo titular no ha regateado ninguna colaboración, para que éste le transfiera en comisión de servicio a seis inspectores financieros y tributarios y a un inspector de seguros y ahorros. El Tribunal, por otra parte, se propone contar de inmediato con 250 contadores y cien censores letrados.

Fernández Pirla piensa que ante las nuevas funciones del Tribunal, fiscalización de la gestión pública desde criterios de legalidad, eficacia y economicidad, éste debe coordinar su labor con los organismos de control interno, respetando cada cual su ámbito, pero evitando duplicidad de auditorías. "Nuestra función tiene que ser prioritariamente disuasoria".

De hecho, y al plantear al presidente del Tribunal el control sobre los gastos de Defensa, Fernández Pirla relata con satisfacción la reciente visita que le hizo el interventor general del citado Ministerio. "Me ofreció la colaboración entre la Intervención y el Tribunal y la posible creación de`oficinas de enlace entre ambas instituciones. Hay, pues, una coincidencia y pienso que podemos llevar adelante una fructífera colaboración. Pienso que en los temas militares, por las características de su función, sólo los profesionales del Ejercito pueden evaluar con garantías el control de eficacia de los gastos del departamento".

Asuntos de interés público

Por otra parte, el presidente del Tribunal ha empezado un seguimiento de todos los asuntos de interés público que aparecen en Prensa y que pueden estar relacionados con las funciones de la alta institución. En este sentido, tiene ya carpetas abiertas a las últimas suspensiones de pagos de empresas con participación pública y al contrato FACA (Futuro Avión de Combate y Ataque), entre otros temas de actualidad. Las funciones del Tribunal de Cuentas se extienden sobre todo el territorio nacional, pero ello no quita el que las comunidades autónomas instituyan sus propios tribunales de cuentas. Fernández Pirla piensa que esto es bueno, ya que las comunidades autónomas están en mejores condiciones para controlar a los municipios de su región que el propio Tribunal de Cuentas, siempre que se arbitre una, coordinación y colaboración aceptables.Personalmente el nuevo presidente piensa que sería deseable que estos tribunales autónomos funcionaran de forma parecida a la actual Cámara de Comptos de Navarra. Esta institución histórica navarra remite al Tribunal de Cuentas los problemas que detecta de irregularidades contables, al tiempo que ejerce -con el respaldo del Tribunal- el control de eficacia.

Recopilación de normas

Para salvar el bache normativo que ha supuesto la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, un equipo formado por dos consejeros del Tribunal y por el catedrático y experto en estudios fiscales César Albifiana, está recopilando cuantas normas existen que estén en vigor y no se opongan en su contenido a la ley orgánica que creó el nuevo Tribunal de Cuentas.Esta recopilación permite que la institución comience a trabajar, aunque no se haya promulgado la ley de funcionamiento, y preparar una documentación seria que pueda ser remitida al Gobierno para que le sirva a éste para la elaboración del anteproyecto de la mencionada ley.

En aquellos puntos en que no hay regulación normativa, las actuaciones se realizarán siguiendo los criterios que se fije a sí mismo el pleno del Tribunal de Cuentas.