Los golpistas proyectaban bombardear con piezas de artillería los Palacios de la Zarzuela y la Moncloa y la sede de la JUJEM

La reunión de la Diputación Permanente del Congreso se inició con la extensa intervención del ministro de Defensa, Alberto Oliart, que reproducimos casi íntegramente. Había una gran expectación entre los representantes de los distintos grupos parlamentarios, cuyos líderes han venido demandando amplia información los días pasados. Sin embargo el ministro no reveló apenas datos que no fueran ya conocidos. Acaso la novedad más importante fue el anuncio de que los golpistas proyectaban someter a fuego de piezas de artillería los Palacios de la Zarzuela, la Moncloa y la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor si fuera preciso.

El ministro de Defensa comenzó la lectura del siguiente informe a las 10,35 horas de la mañana:"Señorías, comparezco ante la Diputación Permanente de este Congreso para. ofrecer a sus señorías la versión del Gobierno sobre los hechos que condujeron a que el pasado día 2 de octubre tuviera lugar la detención de dos coroneles y un teniente coronel del Ejército de Tierra, y que han culminado, hasta el momento, con su procesamiento por el juez togado permanente número 1 de la I Región Militar como presuntos autores de un delito de conspiración para la rebelión militar.

La exposición que voy a hacerles se encuentra sometida forzosamente a una doble limitación: en primer lugar, la que impone la existencia de una investigación en curso que exige la necesaria cautela para no resultar entorpecida; en segundo lugar, la que resulta del hecho de que la documentación aprehendida forma ya parte de un sumario judicial y su difusión se halla vedada por el secreto sumarial".

"La investigación que el mando militar está llevando a cabo", prosiguió, "y la que continúan realizando tanto los servicios del Ministerio de Defensa como del Interior tardarán todavía días, si no semanas, en dar fruto, y una de las claves del éxito de esta investigación está en que se lleve con la discreción adecuada." El ministro se extendió sobre los imperativos legales que obligan a mantener el secreto de las actuaciones.

La intervención de Oliart prosiguió: "La fuerza de la democracia descansa en la soberanía popular, ejercida, en cada caso, a través de las leyes que el Congreso y el Senado aprueben, leyes que ordenan toda la actividad. social. No olvidemos este punto fundamental sin el cual no hay auténtica libertad, ni existe justicia imparcial, ni, por tanto, democracia posible.

En la comparecencia ante el Pleno del día 17 de marzo del pasado año expuse que determinados motivos impidieron a los servicios de información del Ministerio de Defensa, del Interior y de la Guardia Civil detectar la preparación de aquel intento de golpe de Estado, y dijimos también que no queríamos que ello fuera interpretado por sus señorías como un motivo dé disculpa, pues constituía un decidido propósito de este Gobierno el continuar la reorganización de estos servicios y profundizar su perfeccionamiento para evitar que en el futuro pudieran repetirse tales sucesos. Pues bien, cumplimos lo que habíamos prometido, y desde aquella misma fecha se ha venido exigiendo una mayor profesionalidad y responsabilidad a quienes asumen la misión de permanecer atentos y vigilantes en defensa de la Constitución y de la ley.

Me cabe la satisfacción de comprobar hoy que su responsabilidad ha sido asumida plenamente y que su trabajo ha impedido que llegara a consumarse un intento que hubiera podido poner en grave riesgo nuestra convivencia en paz, en orden y en libertad. La rebelión militar que se produjo el 23 de febrero de 1981 y los presentes hechos que la autoridad judicial ha estimado provisionalmente como constitutivos de una conspiración para la rebelión tienen en común que ambos proyectos, si bien en distintas fases de realización, se proponían interrumpir o cambiar radicalmente las instituciones democráticas en España y con ello ir en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo español.

La coincidencia de este último propósito es evidente, pero, como luego diré, existen esenciales diferencias entre el golpe consumado el 23 de febrero de 1981 y el intento actual. La operación que culmina con las detenciones que se practicaron en la mañana del día 2 de octubre de 1982 es el fruto de un largo y laborioso esfuerzo que tiene su inicio varios meses atrás, con la actividad permanente de los servicios de información que, tras analizar los datos que iban obteniendo, establecieron la hipótesis de que pudiera existir un nuevo intento involucionista coincidente o posterior a unas elecciones generales.

La convocatoria anticipada que se realizó a finales de agosto del presente año dio la primera oportunidad de comprobar que dicha hipótesis de trabajo tenía visos de realidad, y he de afirmar que se constató que esa hipótesis parecía hacerse realidad al comprobarse que se producía un considerable incremento de actividades y contactos entre personas sometidas a observación.

"Detectamos apresuramiento en la preparación de planes"

Tal hecho determinó que se adoptara la decisión de concretar líneas de investigación e información en dos ámbitos que, aunque pudieran mantener frecuentes conexiones, se encuentran nítidamente diferenciados: grupos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas.

La distribución de las responsabilidades de tales ámbitos se realizó sin el más mínimo detrimento de la necesaria y estrecha colaboración entre los servicios del Ministerio de Defensa y los cuerpos y fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio del Interior, que tienen su propio ámbito de competencias. Una de las líneas de investigación, en rápido progreso, nos permitió detectar la existencia de apresuramientos en la posible preparación de planes para una eventual actuación contra la seguridad del Estado. Se tuvieron noticias fiables de que personas, que posteriormente han sido detenidas, habían,, presuntamente, iniciado el planeamiento de tales acciones, y que se veían forzadas a imprimir una cierta rapidez para su culminación, pues, por otros conductos ' y con suficiente grado de verosimílitud, nos llegaba la afirmación de que un eventual intento, en caso de producirse, habría de ser realizado antes del día señalado para las votaciones en las elecciones generales convocadas".

En este punto existían dos caminos: uno de ellos, el de continuar profundamente y profundizando en la investigación siguiendo un hilo conductor del intento que creíamos tener con firmeza en nuestras manos. El segundo, proceder a la inmediata detención de un grupo de personas sobre las que recaían indicios suficientes para estimar que realizaban presuntas conductas delictivas que podían ser probadas ante los tribunales de justicia y con ello asestar un duro golpe sobre los planes en preparación para concluir con su desarticulación posterior.

El factor que en gran medida condicionó la decisión y la inclinación hacia la seg unda de las opciones fue el hecho de no conocer el día exacto en que pudiera producirse el eventual intento, pues sólo contábamos con el dato a que anteriormente he aludido de que habría de tener lugar antes de la celebración de las elecciones generales. El sentido de la decisión se vio influido, además, por la observación de las actividades que desarrollaron las personas detenidas durantes los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, incrementando considerablemente las entrevistas entre sí y con otras personas, y culminaron con la convicción de que en poder del coronel Muñoz Gutiérrez se encontraba una parte importante del plan.

Muñoz y Crespo se entrevistan largamente con Milans del Bosch

La tarde del día 1 de octubre pudo observarse que el coronel Muñoz Gutiérrez se dirigió al establecimiento donde permanecía en situación de prisión preventiva el teniente general Milans del Bosch en la Academia de Artillería de Fuencarral, y junto con el coronel Crespo Cuspinera mantuvo una prolongada entrevista con dicho teniente general.

Para esta entrevista, y en contra de lo que se ha especulado insistentemente, el coronel Muñoz Gutiérrez no llevaba consigo ningún maletín ni ninguna cartera. A su finalización, los dos coroneles se dirigieron a Madrid y se despidieron. Sólo por la noche, cuando el citado coronel Muñoz se dirigió hacia Azuqueca de Henares, pudo comprobarse que llevaba con él un portafolios en el que se sospechó pudiera encontrarse documentación relativa al intento. Por ello se decidió su detención y la de las dos personas con las que había mantenido más estrecho contacto en los días inmediatamente anteriores: el coronel Jesús Crespo Cuspinera y su hermano, el teniente coronel José Crespo Cuspinera.

La hipótesis de trabajo que se había formulado y que sirvió de fundamento a la línea de investigación seguida se vio plenamente confirmada. Se pudo comprobar que teníamos en nuestras manos un proyecto de plan contra la seguridad del Estado y sus instituciones, que habría de ser ejecutado durante la jornada previa a la votación: concretamente, en la mañana del día 27 de octubre. Este plan -al que luego aludiremos con mayor detenimiento- incluye acciones a desarrollar en la madrugada de dicho día y durante las horas posteriores a una eventual declaracióji del estadode guerra en el territorio de la I Región Militar, tras hacerse con el mando de la Capitanía General.

Revela el plan un cuidadoso estudio para proteger su propia seguridad, pues, aún cuando existe la constancia de varias fases en la ejecución, no aparecen detallados determinados aspectos de algunas de ellas, que, indudablemente, y siguiendo un criterio de rigurosa compartímentación, deberían encontrarse en poder de otras personas.

La rapidez fue decisiva para encontrar pruebas

Al mismo tiempo, la presunción que fundamentó la decisiónde detener a los ahora procesados resultó igualmente correcta, pues se pudo confirmar que la totalidad de los documentos que se referían al plan previsto era necesaria para llegar a una mínima comprensión de su alcance, ya que, de haberse tomado tales documentos aisladamente, nada diría e incluso difícilmente podrían resultar comprometedores para las personas en cuyo poder fueron hallados.

Por último, debo señalar que la rapidez de la acción fue decisiva para encontrar pruebas en Poder de los detenidos, que no dispusieron de oportunidad para ser advertidos y de deshacerse de las mismas. En este punto no creo necesario poner especial énfasis en la considerable dificultad de probar de manera objetiva la existencia de una conspiración, pues no olvidemos que la ley considera como tal el acuerdo simple y la resolución entre dos o más personas para perpetrar un determinado delito. Se trata casi exclusivamente de una pura expresión de voluntad. Probar simplemente una decisión resulta extraordinariarriente complicado, y en este caso, creo, se ha puesto a disposición judicial un conjunto de documentos muy valiosos para aclarar conductas y responsabilidades.

Fueron designados para practicar las detenciones un general y dos jefes del Ejército, que fueron instruidos para que, en observancia de las disposiciones legales vigentes, advirtieran de manera expresa a los detenidos del motivo de su detención, así como (le su derecho a no contestar las preguntas que les fueran formuladas y a ser asistidos por un letrado en el momento de presentar declaración. Los jefes militares que practicaron la detención recibieron igualmente instrucciones de presenciar el registro que se había acordado llevar a efecto en el domicilio de quienes iban a detener y de autorizar con su firma la correspondiente acta de registro. Esta tarea fue realizada por funcionarios especializados del Cuerpo Superior de Policía, que acompañaron a los jefes militares que practicaron la detención.

Los detenidos y la documentación que les fue intervenida fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en la misma mañana del día 2 de octubre en que la detención fue practicada. La autoridad judicial, a la vista de los documentos aportados, ordenó la incoación de la causa que se sigue con el número 200/1982 y cuya instrucción fue encomendada al juez togado de Instrucción número 1 de la I Región Militar, coronel auditor José Muñoz Sánchez, que actúa asistido por su secretario relator, contando en todo momento con la presencia en las actuaciones del fiscal jurídico-militar de la región.

Deseo hacer resaltar en este momento de mi intervención el escrupuloso respeto que se ha hecho de las normas que para garantía de los detenidos y para una absoluta transparencia en el procedimiento contiene nuestra Constitución y las leyes procesales.

El plan para tomar el poder militar y civil

El proyecto, que debería ponerse en ejecución el día 27 de octubre, se basaba en la realización de un conjunto de acciones simultáneas unas y sucesivas otras, tendentes a la neutralización de los principales centros de poder civil y de mando militares, así como de las personas que eventualmente se hubieran opuesto a la operación. Posteriormente se declararía el estado de guerra y se impediría la circulación en Madrid, cerrando las carreteras de acceso y ocupando las estaciones de ferrocarril y el aeropuerto de Barajas.

En un breve esquema, la posible ¡secuencia de los acontecimientos, de acuerdo con el plan establecido, sería la siguiente: detención o neutralización de las personas que presumiblemente pudieran oponerse al intento. Tal neutralización o detención tendría lugar en sus propios domicilios durante la -madrugada; ocupación y neutralización de los máximos órganos de decisión civiles y militares, medios de comunicación social y sedes de partidos políticos. Esta acción habría de tener lugar también durante la madrugada. Sincronizada con las acciones anteriores tendría lugar la ocupación de la Capitanía General de la I Región Militar, neutralizando al capitán general, proclamando como tal a un teniente general que asumiría el mando de todas las Fuerzas Armadas; declaración del estado de guerra en el territorio de la I Región Militar, con la entrada en vigor de una operación denominada Marte en el resto de las capitanías generales. El inicio de la operación se produciría, por lo,que se refiere a efectivos militares, con la entrada en acción de los comprometidos que existieran en las unidades, los cuales, tras vencer la posible resistencía que pudieran encontrar a su acción, ocuparían los objetivos ya marcados. Contiene el plan la previsión de que piezas de artillería ocuparían asentamientos que les permitieran batir en caso necesario los palacios de la Zarzuela y de la Moncloa, así como la sede de la Junta de Jefes de Estado Mayor y los cuarteles generales de los tres ejércitos.

-En lo que respecta a Madrid, el curso de la acción preveía la utilización de pequeñas unidades, tipo pelotón, sección, quizá compañía, y no forzosamente en el sentido orgánico que tiene la estructura militar y que el plan califica de comprometidas o a comprometerse con la finalidad de aislar y paralizar la capital a base de tres cinturones concéntricos.

Tras un análisis de la fecha y hora más adecuadas para llevar a cabo este conjunto de acciones se llega a la conclusión de que el mismo debería realizarse el día 27 de octubre entre las 8 y las 8.30 horas. La neutralización y ocupación de los principales centros de poder político y de mando militar, así como la neutralización de personalidades que presumiblemente estuvieran en condiciones de impedir o dificultar el éxito de la posible acción, habría de realizarse por medio de. pequeños grupos de acción, como he dicho, y de comandos denominados de obediencia ciega.

¿Quiénes habrían de formar parte de tales grupos? ¿Militares? ¿Civiles annados? No lo sabemos en este momento exactamente. En la documentación ocupada a los detenidos no aparecen listas de personas civiles que pudieran estar presuntamente implicadas en el intento de golpe, excepto aquéllas que se indica que deben ser neutralizadas. Pero estimamos que en algunos casos se esperaba que estos grupos pudieran ser dirigidos por miembros de las Fuerzas Armadas procedentes de unidades o de centros militares distintos de las unidades operativas. Cada uno de estos grupos de acción y comandos tendrían asignado un objetivo preciso, así como en algunos casos un estudio minucioso del personal y del armamento que sería necesario emplear para su consecución.

"Un trabajo preparado a conciencia"

En resumen, podemos decir que el plan constituye un trabajo concienzudamente meditado y desarrollado hasta apreciables extremos de detalle. Revela un cuidadoso examen de los posibles objetivos a ocupar, contiene información para abordarlos y, en suma, parece contener un suficiente grado de desarrollo para hacerlo ejecutable.

La descripción del proyecto tal como lo he expuesto a sus señorías pone de manifiesto una serie de diferencías fundamentales con el intento de golpe de: Estado del 23 de febrero. La más importante es que con aquella rebelión se intentó ocupar el poder político, para desde dicho poder quebrar las instituciones democráticas, mientras que el proyecto sometido ahora a investigación lo que intenta es neutralizar y sustituir el mando militar, en primer lugar, e inmediatamente después neutralizar igualmente el poder político, anularlo, para sustituirlo por la presunta rebelión triunfante. Queremos volver a insistir en este punto porque la primera prioridad del proyecto es la neutralización de los mandos militares, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos, Jefes de las principales unidades operativas de Madrid, y capitanías generales de algunas regiones militares. Estos extremos me parece esencial que queden perfectamente destacados.

También es importante insistir en que el proyectoi parece instrumentarse con pequeños grupos armados tipo escuadra, pelotón, sección y quizá compañía, y que no se cuenta con ninguna unidad orgánica u operativa. Ello hace suponer que se había aceptado el planteamiento de un enfrentamiento entre mandos del Ejército, de consecuencias indudablemente no meditadas e imprevisibles.

La mejor valoración de lo que supone este intento se extrae de la existencia misma del auto de procesamiento dictado por el juez instructor y que supone la constatación de la existencia de indicios racionales suficientes de que los procesados pretendían llevar a cabo una acción de tal naturaleza.

Parece evidente que los detenidos no son los únicos que presuntamente se encuentran implicados en la operación planeada y que se han de descubrir a los implicados en los distintos niveles de la operación proyectada.

Los servicios de seguridad del Estado vienen desde hace tiempo prestando especial atención a una serie de personas próximas o integradas en lo que pudiera llamarse grupos involucionistas, que podrían en su momento asumir tareas de dirección, organización o financiación, sin que hasta el momento se hayan podido reunir pruebas suficientes para formular contra ellas la oportuna acusación. También es verdad que la necesidad de mantener una extremada prudencia para no perjudicar el éxito de toda la investigación e información posterior nos limita considerablemente, aún a riesgo de originar una determinada sensación de insatisfacción en quienes pudieran esperar toda la información sobre estos hechos.

En estos momentos la investigación sobre el caso se está llevando en paralelo y coordinadamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Por lo que se refiere a los Servicicios de Información del Ministerio de Defensa, su labor se desarrolla a pleno rendirniento. También se está investigando desde el punto del Ministerio del Interior las actividades de determinado grupo político de muy reciente creación, por si sirviera de organización o pantalla para cubrir actividades involucionistas de algunos de sus miembros.

Por otra parte, en cada región militar se está desarrollando por el manido militar una cuidadosa investigación. Cuando esta última concluya además de ponerla en conocimiento de la autoridad judicial y del ministerio fiscal para su incorporación a los procedimientos judiciales iniciados o que puedan iniciarse, se adoptarán las medidas administrativas, o disciplina nas que procedan.

Porque la investigación está en marcha por las,cuatro líneas que he señalado; porque se conoce el proyecto y no cabe la sorpresa, y la justicia, el Gobierno y el mando militar están actuando, es por lo que podemos afirmar que la situación está bajo control, pero además puedo asegurar a sus señorías que la rotunda declaración del Consejo Superior del Ejército recoge la indignada, a la par que entristecida, repulsa de la inmensa aplastante mayoría de los generales, jefes, oficiales y suboficiales del Ejército español que contemplan con inquietud la irresponsable actuación de algunos pocos de sus compañeros, que pudiera extender una sombra de duda sobre su intachable lealtad a la Constitución, a las instituciones, al Gobierno legítimo y al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, su majestad el Rey.

Hoy más que nunca las Fuerzas Armadas son una firme garantía de la permanencia y desarrollo de las instituciones democráticas en España; de esta Monarquía parlamentaria que nos iguala y nos une a los países del mundo libre con los que estamos y queremos seguir estando. Hoy más que nunca la voluntad soberana del pueblo español, libremente emitida a través de las urnas, se funda en la repulsa de los que quieren amordazarle con el sentimiento de la inmensa mayoría de los que visten el uniforme de los ejércitos de España; que ni la torpe conspiración, ni la mala voluntad, ni la ligereza intenten enturbiar esta profunda unidad. Debo, por ello, afirmar y pedir que no se atribuya injusta e indiscriminadamente a la totalidad de las Fuerzas Armadas la irresponsabilidad de algunos que poco o nada representan frente a quienes acreditan día a día de modo sobresaliente sus virtudes castrenses, su competencia profesional y su entrega a la carrera de las armas, que actúan y actuarán con los hábitos de disciplina, de lealtad y de confianza en sus mandos, y que tienen la firme voluntad de asumir solidariamente la defensa del prestigio de España y que han rechazado con indignación esta conspiración contra la libertad y la dignidad de los españoles".

Por último el ministro de Defensa afirmó que la actuación del Gobierno se ha inspirado en el deseo de evitar que nada entorpeciera el proceso electoral.