La huelga del transporte escolar sigue afectando a 12.000 niños en Cantabria

Cerca de un centenar de representantes de las Asociaciones de Padres de Alumnos (APAS) de centros públicos de EGB de Cantabria, afectados por la negativa de los transportistas escolares de la región a iniciar su actividad, fueron desalojados, en la tarde del pasado sábado, por fuerzas de la Policía Nacional de los locales de la dirección provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en Santander que habían ocupado. Los encerrados reclamaban con su actitud una negociación inmediata que solventase definitivamente los problemas que impiden que se inicie normalmente el curso escolar en los centros de enseñanza pública en el ámbito rural. En estos momentos son 12.000 los niños afectados por la huelga de los transportistas.Ayer domingo unos 500 padres se concentraron ante la delegación del Ministerio de Educación y, posteriormente, se digigieron en manifestación hasta la sede del Gobierno Civil. Hoy, lunes, con la mediación del presidente,de la Diputación Provincial está prevista una reunión de padres de alumnos, de transportistas y del director provincial del Ministerio de Educación, con la finalidad de intentar resolver el conflicto.

La actitud de los encerrados fue justificada como un apoyo a la coordinadora de APAS que intentaba conseguir una reunión cuatripartita en la que estuvieran también presentes el director provincial del ministerio, Miguel Saiz Aranda, el consejero de Cultura del Gobierno cántabro, Ramón Teja y representantesde los transportistas. Según manifestaron a EL PAÍS miembros de la coordinadora de APAS, la orden de desalojo de los encerrados partió del propio director provincial, después de serle comunicado que un miembro de la coordinadora de empresarios del transporte acudiría a la reunión tras ser localizado por los representantes de los padres de alumnos y después de que Saiz Aranza manifestase la ímposibilidad de localizar a los representantes de ese sector.

El director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, que hace menos de 48 horas aseguró que el conflicto estaría solucionado en breve, al tiempo informaba que algunos transportistas habían, finalmente, firmado los contratos a pesar de la negativa acordada por sus representantes -algunos de dichos firmantes han sufrido represalias en sus vehículos-, manifestó ayer a EL PAÍS que "a partir de este momento, no haré ninguna manifestación pública", señalando que el tema del transporte escolar había pasado a ser competencia directa y exclusiva del delegado del Gobierno en Cantabría.

En el momento actual, de los 12.000 niños afectados por la huelga del transporte escolar, menos de la mitad acuden a los centros escolares por sus propios medios, en condiciones de seguridad que no han podido ser establecidas. Esta forma de paliar parcialmente el problema ha sido rechazada por las APAS y duramente criticada por algunos directores de centros escolares que se han negado a avalar lo que consideran "un parche con mayores peligros que ventajas".