La Justicia

EN LA SERIE de artículos que EL PAIS comenzó a publicar ayer lunes sobre El estado de la nación, le correspondió el turno en primer lugar a las realizaciones del departamento de Justicia en la primera legislatura constitucional. Vaya por delante nuestro firme convencimiento de que entre los temas pendientes y urgentes de afrontar por el Gobierno que salga de las próximas elecciones, el de la reforma de la Administración de Justicia, dentro de la de la administración estatal toda, debe ocupar lugar prioritario si se quiere profundizar en el cambio que, a derecha e izquierda, tantas formaciones políticas prometen a los electores. En efecto, de entre las muchas cosas que funcionan mal y a disgusto de los ciudadanos, las distorsiones en la administración de la justicia han provocado una separación del pueblo respecto a aquélla, una creciente desconfianza y una falta de fe lamentables en un sistema, uno de cuyos pilares es y debe ser, en todo momento, el poder judicial.Si bien es cierto, como señalábamos ayer, que la separación e independencia efectiva de este poder respecto al legislativo y al ejecutivo constituyen un hito histórico en la transición española, la ausencia de otras reformas y acomodos legislativos ha provocado la paradoja de que mientras por una parte se le ha dotado al poder judicial de mayor independencia y solidez, por otra no se le ha expurgado de adherencias y presencias de corte antidemocrático ni se le ha dotado de la infraestructura material necesaria para hacer frente a sus nuevas responsabilidades.

Entre las carencias legislativas cabe insistir en la ausencia de una Ley del Poder Judicial que afronte temas de indudable trascendencia, como es el propio sistema de selección y formación de magistrados. Pero también es de prioritaria importancia la redacción y promulgación de la ley del jurado, que permita acceder a los ciudadanos a una participación en la administración de justicia, y que procure así una democratización real de ésta. El jurado, previsto en la Constitución, merece toda clase de reticencias por parte de la burocracia judicial y política, recelosa de todo lo que sea pérdida de atribuciones y poderes. Sin embargo, y de forma notable para algunos tipos de delito, su existencia será garantía de un mayor acercamiento de la justicia a los ciudadanos y causa de que se acreciente la confianza de éstos en aquélla. La modernización de nuestras leyes procesales, incorporando a ellas el uso de los nuevos sistemas tecnológicos que permitan agilizar y abaratar la administración de justicia, la atribución de mayores poderes a los jueces de distrito, la desaparición progresiva de tribunales especializados o especiales -contra la que clama la existencia en sus actuales formas de la Audiencia Nacional-, la multiplicación de los juzgados de instrucción y primera instancia, la creación de una auténtica policía judicial y la dotación material necesaria para que la justicia funcione como es debido, son puntos en el calendario de problemas urgentes que ningún Gobiemo futuro puede descuidar. No obstante, han sido abandonados, ante la casi indiferencia de la oposición, por los sucesivos Ministerios de Justicia centristas, sin duda abrumados por cuestiones que suponían más inmediatas o de menor dificultad en su realización, como la propia ley de divorcio o la atención a las instituciones carcelarias.

Una reforma en regla de la administración de justicia supondría también una lucha contra la corrupción de las astillas en los juzgados, una mejora del cumplimiento de las leyes procesales en todo aquello que sea defensa de los ciudadanos sospechosos de delito y un progresivo cambio de criterios en la fiscalía del Estado y en un amplio sector de los jueces a la hora de ejercer su función desde presupuestos y leyes democráticos.

Tantas veces se ha insistido en la necesidad de reformar la justicia en este país que parece innecesario argumentar más el fondo de la cuestión. La sensación primordial que los diferentes ministros ucedistas han ofrecido -desde Landelino Lavilla hasta Pío Cabanillas, pasando por Íñigo Cavero y Francisco Femández Ordóñez- es la de su impotencia para abordar con rigor y convencimiento esta tarea. La falta de agilidad del fiscal público para perseguir delitos de nueva planta, como los relacionados con el fraude fiscal y su celeridad, en cambio, en todo aquello que se relacionara con supuestos delitos de opinión o de desacato han contribuido, junto a las lagunas y defectos apuntados, a deteriorar la imagen de la justicia. La máxima que hace a todos los españoles iguales ante la ley debe merecer mejor atención que en el pasado por parte del Gobiemo resultante de las el elecciones del 28 de octubre. En la seguridad de que con sólo poder pasar a la historia como el gabinete que reformó la justicia en la España democrática podrá pasar también como un Gobierno efectivo en muchas otras áreas de la Administración y la política.