Jornadas de convivencia

EL VETO interpuesto por el Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa al corresponsal político de EL PAIS Miguel Angel Aguilar para que cubriera la información de la visita al pabellón de dicho Ministerio en la feria de Castilla y León resulta, cuando menos, pintoresco. Se produce en el marco de un pretendido acto de convivencia y solidaridad entre las Fuerzas Armadas y la Prensa, y se disfraza del eufemismo de malentendido entre este diario y dicho departamento, toda vez que Miguel Angel Aguilar no estaba en las listas de acreditaciones. Hay que añadir que no estaba porque no les agradó acreditarle.El Ministerio organizó dicha visita informativa, que incluía un almuerzo en la Academia de Valladolid, y cursé invitación a determinados periodistas: el subdirector Martín Prieto, en el caso de EL PAIS. La dirección del diario estimó, no obstante, que debía representarle Miguel Angel Aguilar, toda vez que la información de Defensa corre normalmente a su cargo y que así lo exigía la buena organización del trabajo redaccional. El Ministerio se negó a darle la acreditación aduciendo que era un acto al que éste invitaba a su libre albedrío y explicando que la presencia de Miguel Angel Aguilar podía provocar algún tipo de protesta entre los oficiales asistentes a los actos. Para mayor absurdo señalaron portavoces autorizados que los recientes artículos de Aguilar en EL PAIS sobre el programa FACA habían sentado muy mal en sectores de las Fuerzas Armadas y que eso explicaba su no admisión en la visita a Valladolid. El resto de la historia queda reflejado en las páginas de información política de este mismo número.

Aun si el incidente puede parecer nimio, no lo es el espíritu que encierra: la disposición del Ministerio de Defensa a determinar quién tiene acceso y quién no a la información sobre estas materias en los diversos medios de comunicación. Disposición que enlaza bien con la política militar de Calvo Sotelo, que parece a veces más diseñada para recibir órdenes que para dictarlas. Es sencillamente inadmisible que el Gobierno cierre las puertas de los cuarteles, sin más criterio que su arbitrariedad, a todo aquel que no escriba conforme gusta a determinados oficiales. Y la actitud, que conculca la obligación legal de la Administración de ofrecer información, atenta contra los principios básicos de la libre expresión. Pero atenta sobre todo contra el sentido común y contra la eficacia en las tareas encomendadas al CRISDE. Pretender limar asperezas entre las Fuerzas Armadas y la Prensa a base de vetar nominalmente a periodistas es algo tan ilógico que invitaría a la carcajada si en el fondo no trasluciera la gravedad del problema: la resistencia de la estructura militar española a comportarse con arreglo a los usos y modos de la sociedades democráticas y su tendencia a superponerse sobre la sociedad civil.

Si la peculiar manera que el general Rodríguez Toquero -responsable de las relaciones de la Defensa con la Prensa- tiene de cumplir su tarea cundiera como ejemplo en la Administración, podría suceder que el Ministerio de Economía decidiera quién sí y quién no de cada periódico puede obtener información en los centros oficiales, o que el de Sanidad acabara por vetar las visitas a hospitales públicos a todo informador que no fuera de su gusto. La suposición de que pueden hacerse invitaciones personales y discriminatorias a los redactores de los periódicos, pasando por encima de la decisión del propio periódico sobre quién debe cubrir cada información, es vejatoria para la independencia profesional y para los discriminados, tanto por ser invitados como por no serlo. Por lo demás, el reconocimiento de que la presencia de un periodista puede originar problemas de disciplina en un acto militar raya en lo inconsecuente y resulta bastante. alarmante. ¿Qué otras cosas o personas pueden provocar estas indisciplinas militares? ¿Y qué solución se les ocurre al ministro de Defensa y al Gobierno que no sea el aceptar sin más el dictado de sus subordinados?