A punto de concluir la polémica, sobre el 'scalextric' que enlaza la autopista del Atlántico con el centro de Vigo

Técnicos del Ayuntamiento de Vigo y de la Consejeria de Ordenación del Territorio, de la Xunta de Galicia, decidirán antes de un mes el futuro del controvertido scalextric que une la autopista del Atlántico con el centro de Vigo y que lleva varios años sin ser abierto al tráfico por decisión de la corporación municipal. El informe de los técnicos con soluciones alternativas al problema que plantea el paso elevado deberá ser suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y la decisión será aceptada por todas las partes implicadas, según fue acordado en una reunión celebrada en La Coruña con la participación del delegado del Gobierno en Galicia, Domingo García Sabell, que actuó como mediador.

A la cumbre coruñesa asistieron el consejero de Ordenación del Territorio, el subsecretario general de Carreteras, el alcalde y tres concejales del Ayuntamiento de Vigo, representantes de la empresa concesionaria, Autopistas del Atlántico, SA, y de los vecinos afectados por el paso elevado, y el delegado del Gobierno en Galicia, García Sabell.El acuerdo al que se ha llegado establece que en los próximos días técnicos del Ayuntamiento de Vigo y de la Junta de Galicia elaborarán un informe sobre posibles soluciones alternativas al scalextric, que no podrán contradecir el actual Plan General de Ordenación Urbana de Vigo, y que será trasladado al MOPU para su aprobación. A lo largo de la discusión, el alcalde y los concejales vigueses ratificaron la postura del Ayuntamiento, aprobada en sesión plenaria, en octubre de 1980, de negarse a la apertura del mencionado tramo al tráfico.

Lo más probable es que el scalextric sea utilizado para la red arterial urbana y no para la autopista del Atlántico, según manifestó a este periódico uno de los asistentes a la reunión. En ese caso habría que indemnizar a la empresa constructora. La otra posibilidad es la de la demolición de la obra, a la que se han apuntado en estos últimos años los vecinos afectados.

Desde que las obras del scalextric comenzaron en 1976, la ciudad ha vivido una continua polémica sobre el enlace que une el tramo de la autopista Pontevedra-Vigo con el centro de esta última ciudad, en plena Gran Vía precisamente uno de los puntos de mayor saturación circulatoria y mayor nivel de contaminación.

Partidarios del derribo

La obra ha sido calificada de ilegal por los vecinos de las calles que atraviesa el paso elevado a la altura del segundo piso de muchos edificios y a pocos metros de las ventanas. El pequeño comercio de esta zona también ha protestado. Unos y otros, organizados en una asociación de afectados por el scalextric, han denunciado que el proyecto de obra fue aprobado en marzo de 1976 sin contar con la consiguiente licencia municipal, sin haber estado expuesto al público y por intervención directa del alcalde Joaquín García Picher. Los afectados han propuesto siempre la alternativa del derribo, que ellos mismos se comprometían a sufragar.La empresa concesionaria no ha querido entrar en la polémica y simplemente ha manifestado que, legales o no, las obras fueron culminadas antes de que en octubre de 1980 la primera corporación democrática negara la apertura. La empresa esgrime como razones definitivas la cifra de cien millones de pesetas que le cuesta al pueblo de Vigo cada año de retraso en la puesta en servicio del scalextric, y una encuesta, según la cual el 76% de la población está de acuerdo con la apertura del paso elevado.

Finalmente, la izquierda municipal -salvo uno de los tres concejales del Partido Comunista- se ha manifestado siempre en contra de la apertura. Particularmente contundente fue siempre en sus declaraciones el alcalde, Manuel Soto (PSOE), que llegó a sugerir como solución alternativa la urbanización de un paseo con jardines colgantes sobre el asfalto elevado.