Los cuatro estatutos de autonomía pendientes cerraran la actividad del Parlamento antes de su disolución

La aprobación de los cuatro estatutos de autonomía pendientes -Extremadura, Baleares, Castilla-León y Madrid- cerrará la actividad de las Cortes Generales, que se reiniciará en septiembre, antes de su probable disolución ese mismo mes. Con ello se completará el mapa autonómico y se cumplirá una parte importante de los acuerdos firmados por Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González el 31 de julio. de 1981. El resto del calendario legislativo pendiente quedará para después de las elecciones, con la excepción quizá de una ley electoral que adapte a la Constitución, por el breve trámite de la lectura única, el decreto-ley de 1977 e impida una posible invalidación de los próximos comicios.Los principales partidos parlamentarios están de acuerdo sobre la conveniencia de culminar, a nivel legislativo, antes de que finalice la actual legislatura, la configuración del Estado de las autonomías, al menos en lo que se refiere a la aprobación de los estatutos que faltan para que puedan ponerse en marcha las diecisiete comunidades autónomas en que se estructurará territorialmente España, al menos en principio, ya que existen todavía algunas zonas excluidas del régimen de autonomía, como Ceuta y Melilla, cuyas respectivas cartas municipales no entrarán en vigor antes de las elecciones generales.

Nueve de las diecisiete comunidades autónomas cuentan ya con estatuto en vigor, instituciones autonómicas en marcha e incluso, en muchos casos, un apreciable nivel de transferencias de competencias. Cataluña y el País Vasco accedieron a la autonomía en 1979; Galicia, en 1981, y en el año actual, las siguientes: Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, la Rioja y la Comunidad Valenciana. El Estatuto de esta última comunidad autónoma se complementa con la ley orgánica de Ampliación de Competencias.

Canarias, Aragón y Castilla-La Mancha tienen ya sus estatutos de autonomía aprobados por el Congreso y el Senado, y pendientes sólo de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que inicien el proceso legal de constitución de los órganos autonómicos. En el caso de Canarias, de modo similar al de Valencia, el Estatuto se complementa con una ley orgánica de Ampliación de Transferencias. La comunidad foral dé Navarra cuenta también con un régimen especial de amplias competencias, contenido en la ley de Amejoramiento del Fuero Navarro, aprobada ya por ambas Cámaras y que hoy mismo publica el BOE.

Así pues, para completar el mapa estatutario de las autonomías sólo falta que las Cortes Generales aprueben las respectivas leyes conteniendo los estatutos de Castilla-León, Extremadura, Baleares y Madrid, todos ellos pendientes de tramitación en el Congreso de los Diputados. Los tres primeros fueron ya dictaminados por la Comisión Constitucional y serán estudiados por el primer Pleno de la Cámara del próximo septiembre. El máximo problema existente, la integración de la provincia de Segovia en Castilla-León -a la que se opone un sector de UCD, que defiende la autonomía uniprovincial para Segovia y que ha abandonado el partido gubernamental por esta causa-, ha sido zanjado en,favor de la incorporación a Castilla-León.

En cuanto al proceso autonómico madrileño, el Parlamento autorizó la constitución de la comunidad autónoma de Madrid, cuyo proyecto de estatuto, elaborado por la correspondiente asamblea de parlamentarios, fue remitido al Congreso de los Diputados el pasado 18 de junio. Paralelamente al desarrollo del primer pleno de esta Cáinara, la Comisión Constitucional lo dictaminará, de modo que pueda ser estudiado en el segundo Pleno de septiembre.

UCD ve problemático reabrir las Cortes

La coincidencia de los grandes partidos parlamentarios sobre la conveniencia de culminar el proceso estatutario no excluye diferencias entre ellos sobre la estrategia y el calendario parlamentario de la última fase de la legislatura. Mientras los socialistas son favorables a limitar esta etapa a las semanas de septiembre necesarias para aprobar en ambas Cámaras los cuatro estatutos citados ("Si nos hacen caso, en la primera quincena de septiembre pueden quedar aprobados", declaró a EL PAIS un miembro de la ejecutiva del PSOE), entre los centristas existe división de opiniones.

En áreas gubernamentales se propone aprovechar al máximo-el periodo de sesiones para dejar aprobadas algunas leyes y, a ser posible, también los Presupuestos Generales del Estado para, 1983.

En la sede de UCD, sin embargo, se contempla como difícil la reanudación de la actividad parlamentaria en septiembre, "aunque se está trabajando para el caso de que así sea", señaló a este periférico un alto dirigente centrista. El propio Landelino Lavilla es contrario al mantenimiento artificial de una legislatura cuando existe en el horizonte el señuelo de las elecciones. Por otra parte, la hegemonía de UCD en la mayoría de los territorios con proceso autonómico pendiente hace atractiva para el partido gubernamental la aprobación de los respectivos estatutos,

En general, en el partido del Gobierno existe cierto temor a que los socialistas utilicen el Parlamento durante esta etapa para deteriorar aún más la débil situación política de UCD. Las promesas ofrecidas por destacados dirigentes del PSOE en el sentido de que no tratarán de derribar al Gobierno son estimadas insuficientes, en una etapa en que la carrera electoral está abierta en la práctica, y el aprovechamiento político de cualquier circunstancia se encuentra dentro de la lógica. UCD teme además que los ataques no sólo le lleguen desde la oposición, sino de su propio grupo parlamentario, en donde, al margen de la promesa de votos efectuada por los partidos de Alzaga y Suárez, serán inevitables los roces y las confrontaciones, de resultados negativos para UCD.

Un portavoz de Coalición Democtática estimó conveniente que los estatutos pendientes se aprueben durante la actual legislatura, "como única forma de homogeneizar y abaratar los procesos electorales. Por su parte, los comunistas se muestran favorables a completar el calendario legislativo pendiente, no sólo en materia de estatutos de autonomía, y a que las Cortes concluyan su mandato en marzo de 1983. En curiosa coincidencia con esta posición, Leopoldo Calvo Sotelo ha manifestado su propósito de no disolver todavía las Cámaras, aunque esta declaración es tomada a beneficio de inventario en los medios políticos, ya que se considera perfectamente legítimo e implícito en, la propia mecánica constitucional, que atribuye al presidente del Gobierno la iniciativa para la disolución de las Cortes, un cierto margen de engaño o utilización de la sorpresa.

Leyes en el 'congelador'

Entre las leyes consideradas prioritarias por los dos grupos mayoritarios, quedan algunas de importancia decisiva para el desarrollo autonómico, tales como la de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas y la del Fondo de Compensación Interterritorial. Otras leyes en teoría prioritarias, pero en la práctica sin elaborar, son la de Objeción de Conciencia y Prestación Social Sustitutoria del Servicio Militar y la reforma parcial del Código Penal. La virtualidad de este último proyecto de ley sólo ha consistido en lograr que el Parlamento abandone una reforma más ambiciosa y progresista del Código Penal, en la que colaboraron penalistas como Carlos García Valdés y Enrique Gimbernat.

Otras leyes estimadas esenciales pará el desarrollo constitucional -aunque sobre cuyo contenido existen fuertes discrepancias entre UCD y PSOE- son la de Autonomía Universitaria y la de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, que quedan para mejores tiempos. Por lo demás, permanecerán inéditas en la actual legislatura la ley orgánica del Poder Judicial -de importancia decisiva para la democratización de la justicia-, la reforma del Estatuto de Centros Docentes, la ley de Bases de la Administración Local, el Estatuto del Consumidor, la ley del Derecho de Asilo, la de Cooperativas y la del Transporte Colectivo Urbano de Superficie, todas ellas de interés preferente para el PSOE.

¿Ley electoral en lectura única?

Asimismo quedaron relegadas otras leyes prioritarias para el propio Gobierno, como la de Bases del- Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos, la reguladora del Ejercicio de los Derechos y Libertades por los Funcionarios de las Administraciones Públicas y la del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), esta última comenzada a debatir por el Pleno.

Una excepción al extenso paquete legislativo en el congelador podría ser la ley Electoral, reiteradamente solicitada por la oposición, pero que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios no se han decidido a abordar, salvo una proposición de ley firmada por Jesús Esperabé de Arteaga y otros centristas del sector crítico, que significa una carga de profundidad contra las ejecutivas de los partidos -propone, entre otras cosas, que el elector pueda modificar en la lista el orden de los candidatos establecido por la dirección del partido-, y que, naturalmente, no ha sido tramitada.

Con relación a esta iniciativa, Guillermo Galeote, miembro de la ejecutiva socialista, aseguró que el objetivo de la misma tenía como destinatario a la propia UCD, por lo que, al haberse marchado del mismo algunos de sus promotores, con rumbo a los partidos de Fraga o de Alzaga, la proposición de ley carece de sentido. Preguntado sobre la incidencia que tendría para el PSOE que los electores pudieran modificar el orden de los candidatos establecido por la ejecutiva, Galeote afirmó que el efecto sería menor que en los partidos de la derecha, dada la mayor disciplina existente en la izquierda y su mayor democracia interna. "En todo caso, el desbloqueo de las listas no compensa", dijo, "por el trauma que puede significar para los partidos".

En igual sentido se ha manifestado reiteradamente el secretario general de UCD, Íñigo Cavero, para quien la debilidad de los partidos en nuestro país no soporta todavía el desbloqueo de las listas. En cambio, el adjunto a la presidencia de UCD, Juan Antonio Ortega, ha abogado públicamente, a título personal, en contra del oligarquismo y caciquismo de los partidos a la hora de la confección de las listas.

La posición oficial del Gobierno y de su partido ha venido siendo la de considerar que la proximidad de las elecciones impide "serenidad suficiente a los grupos parlamentarios" para abordar una cuestión ",que afecta a la entraña misma de la política y a las expectativas de los partidos", en palabras del propio Calvo-Sotelo. Preguntados por este periódico otros dirigentes centristas sobre cuál fue la causa de que no se acometiera esta cuestión inmediatamente des pués de las elecciones de 1979, la respuesta lleva a un callejón sin salida: "No es lógico que los parti dos que han obtenido la victoria con unas determinadas normas electorales aborden su reforma".

El propio Landelino Lavilla advirtió hace meses a un redactor de EL PAIS sobre el peligro de manejar el concepto de la presunta ilegitimidad de las próximas elecciones, y aseguró que la legitimidad está garantizada, aun celebrándose los comicios con arreglo al decreto-ley de 1977, porque, dijo, "el derecho está para dar soluciones a los problemas y no para crearlos". Sin embargo, si no se aprueba una ley electoral adaptada a la Constitución y, por el contrario, los próximos comicios generales se rigen

por el obsoleto decreto-ley de 18 de marzo de 1977, la posibilidad de impugnación de las elecciones no carece de base jurídica y no faltarían sectores involucionistas que, ante una probable victoria socialista, echarían mano de toda clase de procedimientos leguleyos para tratar de invalidar el resultado electoral.

Seguridad jurídica para las próximas elecciones

Este argumento parece haber inclinado en las últimas semanas a los grandes partidos a considerar conveniente la elaboración de una ley electoral, sometida al Parlamento por el procedimiento sucinto de la lectura única, y que, sin entrar en los aspectos políticos del sistema electoral, introdujera unas leves modificaciones técnicas, especialmente en los preceptos que chocan con lo establecido en la Constitución. En todo caso, la mayor virtualidad de esta ley consistiría en legalizar el decreto-ley de 1977 e impedir cualquier tentación descalificadora, jurídica o política, de los próximos comicios.

La utilización del procedimiento reglamentario de la lectura única, que permitiría su aprobación en un solo trámite y una única votación, exigiría una gran "simplicidad de formulación", según establece el artículo 150 del reglamento del Congreso. Quedaría, pues, descartado cualquier intento de aprovechar la oportunidad para introducir modificaciones de fondo en el sistema electoral. La configuración del PSOE como primer partido de ámbito estatal ha alimentado en los últimos tiempos los deseos de introducir correcciones en el sistema electoral para impedir que los socialistas usufructúen las ventajas que el decreto-ley de 1977 y la regla d'Hont en particular significan para los grandes partidos.

En opinión de Guillermo Galeote, experto en materia electoral de la ejecutiva socialista, "una reforma a fondo del sistema electoral es imposible porque iría contra la Constitución. Lo más que puede hacerse es elevar el número de diputados de 350 a 400, o incrementar los criterios de representación proporcional consagrados constitucionalmente, y ambas reformas nos favorecerían a nosotros". Galeote insistió en que el margen que deja la Constitución es muy escaso en cuanto a las posibilidades de modificación del sistema electoral y que sólo cabe, si acaso, la conversión del decreto-ley en ley orgánica, con los retoques imprescindibles.

La virtualidad de esta ley no está asegurada, ya que, dado su carácter de orgánica, requeriría para su aprobación mayoría absoluta, lo cual exige un acuerdo previo entre UCD y PSOE. En principio, según manifestó a EL PAIS el citado miembro de la ejecutiva, la posición socialista es de abstención, como reacción a la negativa gubernamental a los repetidos requerimientos del PSOE durante los últimos meses para cambiar las normas electorales en importantes aspectos técnicos que aseguraran la limpieza de los comicios, garantizaran la pulcritud del voto por correo y regularizaran el gasto electoral, restringiéndolo.

Por otra parte, según ha podido saber EL PAIS en fuentes gubernamentales oficiosas, el ministro del Interior, Juan José Rosón, guarda desde hace dos meses en en un cajón de su despacho un borrador de ley electoral que el Gobierno no ha querido remitir al Parlamento, en cuya redacción participó un profesor universitario experto en temas electorales.