Nacionalistas, socialistas y centristas mantuvieron sus posiciones irreconciliables en el debate de TVE sobre la LOAPA

La limitación de tiempo y el sistema de intervenciones acordado, que hizo prácticamente imposible la réplica inmediata entre los participantes, deslució y restó profundidad al programa-debate que sobre la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, (LOAPA), emitido anoche por Televisión Española, y en el participaron representantes de UCD, PSOE, CiU y PNV. Los nacionalistas volvieron a insistir en sus tesis de que la LOAPA es inconstitucional en su denominación y contenido, que consideran supone merma de los estatutos y una reforma encubierta de la Constitución. Centristas y socialistas mantienen que es estrictamente legal, respetuosa con los estatutos y necesaria para consolidar y organizar un Estado en el que se han generalizado las autonomías.

Tras una breve introducción, e moderador Santiago López Castillo, director del programa Parlamento, presentó a los participantes: Rafael Arias-Salgado, ex ministro de Administración Territorial; Miquel Roca, de la minoría catalana; los senadores Joan Prat y Francisco Ruiz Risueño, en representación de UCD y PSOE, y el vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández.Fue precisamente el representante vasco quien inició el turno de cortas intervenciones sobre el primero de los tres temas sobre lo que estaba previsto que debía centrarse el debate: argumentos a favor y en contra de la LOAPA. Mario Fernández dijo que, en su opinión, la ley es innecesaria e ilegal, ("porque, de acuerdo con el artículo 181 de la Constitución, no puede tener carácter de norma orgánica y de armonización"), y responde a una filosofía política tendente a modificar los estatutos catalán y vasco y las competencias exclusivas de las dos comunidades, establecidas en los mismos. Resaltó que los partidos nacionalistas habían sido excluidos en la concepción y elaboración de la LOAPA, "ley que instaura", dijo, "un nuevo modelo de centralismo maquillado, un centralismo con el que creíamos había acabado la Constitución". Al valorar la existencia misma de la ley, la calificó como, un reflejo de la involución que se registra en el sistema democrático español y en el desarrollo de las autonomías", situación que achacó a la existencia de un 23-F.

El senador socialista Joan Prats comenzó por afirmar que la ley es "absolutamente necesaria" para la construcción de un Estado democrático y de las autonomías. "No construimos", dijo, "dos o tres autonomías, sino que trabajamos en un proceso de generalización de las autonomías, del que se deriva la existencia de diecisiete comunidades autónomas, que obliga a establecer un sistema de articulación de las relaciones entre el Estado y aquéllas".

En la misma línea de argumentación, el senador centrista Ruiz Risueño abundó en la necesidad de que la LOAPA satisfaga "ese derecho legítimo a la igualdad de las diecisiete comunidades autónomas españolas" y sea capaz de vertebrar un Estado sólido, solidario y cooperativo. "Las comunidades autónomas', enfatizó, "no pueden ser compartimentos estancos, ni territorios diferenciados, aislados del Estado".

Virtudes de la ley

El ex ministro Rafael Arias-Salgado hizo una esquemática relación de las virtudes de la ley: Regula las relaciones entre la legislación del Estado y de las comunidades autónomas; regula la función pública de las comunidades autonomías a partir de la existencia de un funcionariado del Estado; regula la reforma de la Administración del Estado, a través de las transferencias de servicios para todas las comunidades autónomas; instituye un modelo de relaciones entre los Gobiernos autónomos y las Diputaciones Provinciales ("máxima expresión de la autonomía provincial") y regula la existencia en todo el territorio español de las corporaciones de derecho público, representativas de intereses económicos y profesionales.En una primera intervención, Miquel Roca mantuvo que la ley es inoportuna e innecesaria "porque", dijo, "si se trataba de interpretar la Constitución, ya existe para ello un Tribunal Constitucional, que, si lo hace, acataremos lo que diga, y si se consideraba que era necesario reformar la Constitución había que decir el porqué". Insistió en su convencimiento, y el de expertos constitucionalistas, de que la LOAPA supone la modificación del título de la Constitución referido a las autonomías. En este sentido, citó la frase: Si la LOAPA no existe tendríamos que reformar la Constitución, que imputó al ex ministro Rodolfo Martín Villa. Mantuvo luego que la generalización de la autonomía se puede afrontar sin la LOAPA y dijo que la clave del tema era dónde se situaba la cota de competencias. "Nosotros creemos que la generalización debe hacerse a partir de reconocer a todas las comunidades la más alta cota de competencias".

Modifica los estatutos

En el segundo turno, de intervenciones, referido a la forma en que puede afectar la ley a los estatutos en vigor, Mario Fernández dijo que la LOAPA "modifica sustancialmente el Estatuto vasco", sobre todo en lo que hace en el apartado de competencias exclusivas. "El artículo 4 de la ley supone una alteración de esas competencias exclusivas o, cuando menos, permite esa interpretación, y a mí eso me basta".Joan Prats, en repuesta a Roca y Mario Fernández, dijo que es "radicalmente falso" que la LOAPA suponga una modificación de la Constitución. "La ley es respetuosa con la Constitución y los estatutos, a los que está subordinada". Con respecto al artículo 4 de la LOAPA, afirmó que "cuando las comunidades autónomas legislan en materia de sus competencias exclusivas no puede existir prevalencia del derecho del Estado, pero sí cuando éste legisle en las materias exclusivas que le reconoce el artículo 149/1 de la Constitución, sobre las que no puede existir también exclusividad por parte de las comunidades autónomas".

Coincidiendo con esta intervención, Ruiz Risueño precisó que la prevalencia del derecho del Estado sobre el de las comunidades autónomas se refiere únicamente a las competencias concurrentes, referidas a esas materias en las que, tanto al Estado como a las comunidades autónomas, se les reconoce competencia exclusiva. Dijo luego que no se había aceptado citar el 149/3 de la Constitución porque implicaba volver a plantear la confusión que en el tema de competencias exclusivas había planteado la Constitución y que queremos evitar con la LOAPA".

También coincidió con este planteamiento Arias-Salgado, quien dijo que el artículo 4 restablece la justa interpretación de lo que son competencias exclusivas del Estado y de las comunidades autónomas.

El debate, que había entrado en una fase de contenido técnico, cambió de tono con otra intervención de Roca, quien preguntó a los representantes de UCD y PSOE cómo, si aseguraban que la LOAPA ni modifica ni altera ni condiciona los estatutos de autonomía actualmente vigentes, habían votado en contra de una enmienda presentada por los nacionalistas para la inclusión en el texto de una disposición adicional que dijera textualmente eso.