Decepcionante paso atrás en las negociaciones entre España y la CEE tras el endurecimiento de la postura comunitaria

España y la Comunidad Económica Europea (CEE) protagonizaron ayer en Luxemburgo una de las sesiones de negociación más decepcionantes de la larga y complicada historia de las relaciones hispano- comunitarias. Pese a los esfuerzos del presidente de turno del Consejo de la CEE, el ministro belga de Asuntos Exteriores Leo Tindermans, por calificar de positivo el resultado, tanto los portavoces comunitarios como el ministro español José Pedro Pérez Llorca, debieron reconocer que no se ha cerrado ninguno de los cuatro capítulos sometidos a negociación (fiscalidad, unión aduanera, CECA y relaciones exteriores) y, lo que es peor, que no existen avances importantes en ninguno de los capítulos.

La comunidad planteó posiciones de gran dureza, entre la que cabe destacar un periodo transitorio de sólo tres años para la unión aduanera y la exigencia de que España adapte desde ahora mismo su plan de reestructuración siderúrgica al comunitario bajo la amenaza de imponer medidas restrictivas a la exportación.La sesión de negociación celebrada ayer ha sido una de las más peculiares, por emplear una expresión moderada, que se recuerdan en las ya largas y complicadas negociaciones hispano-comunitarias. Los diez reservaron hasta el último momento su posición sobre los puntos más importantes de cada capítulo, de forma que los negociadores españoles se vieron obligados a examinar las propuestas de la CEE a toda velocidad. Pero, lo que es todavía más importante, los diez países de la CEE no pudieron o no quisieron adoptar una posición conjunta respecto de los puntos más importantes de cada capítulo. "En todo caso, puede decirse que es un éxito el hecho de que la CEE haya presentado, al menos, cuatro documentos", afirmó el comisario Lorenzo Natali, encargado de la ampliación de la Comunidad. Para otros observadores, la sesión de ayer no constituyó en ningún momento una negociación sino un mero intercambio de documentos, lo que devuelve las relaciones hispano-comunitarias a un estadio superado.

Los debates entre los diez alcanzaron una gran virulencia cuando preparaban la posición comunitaria respecto al capítulo de productos de acero y del carbón (CECA). El secretario de Estado francés, Andre Chandenagor, tuvo una intervención calificada de "muy dura" por medios comunitarios y exigió que España se comprometiera a no exportar más acero a la CEE que el que exportó en 1981. La posición francesa fue rebatida rápidamente por Natali, quien tuvo un intercambio de palabras muy vivo con Chandenagor y fue acusado por éste de actuar como "abogado de la parte contraria".

La intervención del representante alemán y del presidente del Consejo aplacaron los ánimos. Finalmente, Francia aceptó que no se fijara ninguna cifra como "auto de referencia", pero los diez mantienen su exigencia de que España adapte sus planes de reestructuración a la disciplina comunitaria, "desde ahora mismo y sin esperar a la adhesión", bajo la amenaza de sufrir restricciones impuestas. Al parecer, los países miembros de la Comunidad, y no sólo Francia, estiman que España no ha dado suficientes garantías sobre la no ampliación de las capacidades de producción, pese a que los expertos de la comisión se han considerado satisfechos con los documentos presentados por Madrid.

En el capítulo de fiscalidad, España no retiró su petición de un período transitorio para la ganadería no ligada al suelo (avícola, sobre todo), pese la negativa tajante de Francia a aceptar más de una excepción, es decir las empresas con un volumen de negocios inferior al millón de pesetas anuales. El capítulo de la fiscalidad no pudo ser cerrado, según la terminología de la CEE, porque no existe tampoco acuerdo sobre la fiscalidad de los tabacos negros y rubios, que España querría armonizar a lo largo de un cierto período.

Los desacuerdos son más profundos aún en lo que se refiere a la unión aduanera y libre circulación de mercancías en el sector industrial. España afirma que la industria española no resistirá un choque brutal y pide un período de nueve años para abrir progresivamente las fronteras, pero los diez se han puesto de acuerdo para ofrecer sólo tres años, lo que es a todas luces inaceptable.

Este capítulo permanecerá abierto no sólo por este motivo, sino también porque la CEE no ha comunicado aún su posición conjunta respecto a cuatro puntos de gran importancia: textil (se quiere imponer a España una cláusula de salvaguardia), tráfico de perfeccionamiento activo, zonas francas y grado de nacionalización de la industria del automóvil. El cuarto capítulo en litigio, las relaciones exteriores, es objeto de una mera declaración en la que se constata que no existe acuerdo a propósito de las peticiones de período transitorio formuladas por España.

En una declaración formulada ante el Consejo de Ministros de los diez, Pérez Llorca insistió en el deseo español de obtener una posición comunitaria sobre el capítulo agrícola "a la vuelta del verano". La respuesta de la CEE fue la de siempre: la negociación agrícola se abrirá "cuando las circunstancias lo permitan". Interrogado sobre si había podido constatar una voluntad negociadora, el ministro español afirmó que, en todo caso, era una voluntad no uniforme, alusión directa al endurecimiento de las posiciones francesas.