El Gobierno excluye una inminente disolución de las Cortes

El Gobierno no hizo ayer valoración alguna sobre los hechos ocurridos en el Consejo Supremo de Justicia Militar y asumió, en cambio, la realizada por el ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien informó al Consejo de Ministros celebrado ayer en el Palacio de la Moncloa. Así lo declaró el secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, quien remitió a los informadores a la nota facilitada por el Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (CRISDE). En respuesta a otra pregunta, el portavoz gubernamental negó que el Gabinete analizara ayer las recientes votaciones parlamentarias, así como que haya sido prevista una inminente disolución de las cámaras.

Ignacio Aguirre lamentó la filtración a los medios de comunicación de los hechos ocurridos en el Consejo Supremo de Justicia Militar, y recordó que su comunicación a la prensa significa una violación, dado que las deliberaciones del alto órgano de la justicia castrense tienen el carácter de secretas. Respecto a la nota de algunos abogados de los golpistas informando de una comunicación directa al Rey, saltándose los conductos reglamentarios, Aguirre señaló que, en su opinión, los defensores protagonistas de ese hecho no son militares, sino civiles.Las recientes votaciones parlamentarias, ganadas por el Gobierno y su partido por escasos márgenes y con dificultades, en el Congreso de los Diputados, no han merecido, según el portavoz gubernamental, ninguna consideración por el Gabinete, que tampoco ha deliberado sobre una posible disolución de las Cámaras, cuya decisión corresponde al presidente del Gobierno, oído el Consejo de Ministros.

Aguirre resaltó la información facilitada por el ministro de Defensa sobre el nombramiento de un representante de la Junta de Jefes de Estado Mayor en el comité militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El nombramiento, que no es competencia del Consejo de Ministros, sino del titular de Defensa, recayó en el general José Sánchez Peralba.

Recurso contra el Gobierno vasco

Entre los temas de mayor relevancia tratados ayer por el Consejo de Ministros, en opinión de su portavoz, destaca el acuerdo de impugnar directamente ante el Tribunal Constitucional la resolución de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas del Ejecutivo vasco por la que se establecen en ciertas carreteras señalizaciones de tráfico contrarias al estatuto de autonomía de Guernica, a la legislación del Estado sobre la materia y a las normas internacionales suscritas por España, y que el Gobierno autónomo tiene la obligación de aplicar.

Otra de las cuestiones destacadas por el portavoz gubernamental fue la información facilitada al Gobierno por el ministro de Trabajo sobre la negociación colectiva en lo que va de año, que afecta a 535.000 empresas y 4.100.000 trabajadores. Las retribuciones han aumentado en más del 10%, mientras que en igual período de 1981 se incrementaron en más del 13%.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social informó también sobre el descenso de las huelgas y del desempleo. Sobre este último, destacó que durante tres meses ha descendido el desempleo, que en este momento afecta a 1.792.000 trabajadores. En cuanto a la lucha contra el fraude, se han levantado actas que afectan a 42.000 personas y significan un ahorro para el Estado de casi 24.000 millones de pesetas.

El Gobierno aprobó un decreto que incluye medidas sociales en favor de las personas afectadas por el síndrome tóxico. Entre otras, incluye la creación de una ayuda familiar de carácter económico que garantice unos ingresos mínimos mensuales a la unidad familiar para corregir situaciones de desigualdad.

En el capítulo de nombramientos, además de varios delegados de ministerios, figura el del secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social de la subsecretaría del Ministerio de Defensa, recaído en el general de brigada de aviación Federico Michavila Pallarés y el de presidente de la Junta del Puerto de la Bahía de Cádiz, que correspondió a José Luis Torres y Rodríguez de Torres.

Entre otros ascensos militares figuran el del vicealmirante del cuerpo general de la Armada, José Lorenzo Rey Díaz, que asciende a almirante; el del contralmirante del cuerpo general de la Armada, Antonio Urcelay Rodríguez, que asciende a vicealmirante; el del general auditor del Ejército de Tierra, Julio Hernández Gala, que asciende a consejero togado y el coronel auditor del Ejército de Tierra, Luis Tejada González, que asciende a general auditor.