El presidente autonómico justifica la compra de un local del Banco de España

Rafael Fernández, presidente del Consejo del Gobierno de Asturias y senador socialista, trató ayer de demostrar la inexistencia de irregularidades formales en la compra del antiguo edificio del Banco de España, dando a conocer a los diputados regionales un escrito del grupo Masaveu, propietario del edificio, en el que le comunica, el envío del ejemplar con contrato para que le dé el uso que crea conveniente.El grupo Masaveu agrega en, el mismo escrito que la operación de compraventa se ha entendido siempre condicionada al hecho de su toma de posesión como presidente del Principado de Asturias y al de su aprobación por parte de los organismos correspondientes.

El presidente respondió con el citado escrito a una pregunta planteada por el protavoz de UCD, Juan Casero, quien denunció en el pleno de la Junta General del Principado, celebrado ayer, la existencia de graves irregularidades formales con el compromiso de compraventa de este edificio, destinado, como el palacio de la desaparecida diputación, a instalaciones de la comunidad autónoma. Rafael Fernández anunció que el consejo de gobierno acordará la compra del antiguo Banco ole España y que solicitará del pleno de la Asamblea la aprobación ole un crédito de doscientos millones de pesetas, pedidos a la Banca Masaveu para hacer frente a la operación. Rafael Fernández había suscrito la compra antes de haber tomado posesión.

En el curso del debate, Juan Casero acusó a Rafael Fernández de ignorancia de las responsabilidades de su cargo. En las discusiones sobre las incompatibilidades de los miembros del Consejo de Gobierno también se produjeron fricciones entre los grupos socialista y centrista. El pleno aprobó además una proposición no de ley socialista que equipara a los consejeros asturianos a los miembros del Consejo de Ministros en cuanto al régimen de dedicación e incompatibilidades, y una enmienda de Alianza Popular según la cual el texto aprobado ayer será presentado como proyecto de ley a la Cámara por el Consejo de Gobierno.