El programa de la ARI excluye la "competencia electoral" con la izquierda

La diputada Pilar Brabo presentará enmiendas sugeridas por la Asociación para Renovación de la Izquierda (ARI), a fin de perfeccionar las propuestas parlamentarias de reforma del Código de Justicia Militar, sobre la base del documento aprobado al efecto en la asamblea constituyente de la referida asociación, celebrada en Madrid el pasado fin de semana. En esta reunión se ratificó la declaración programática de la asociación, que excluye la "competencia electoral" con los partidos de izquierda.La Junta Directiva de la ARI, en la que se integran, en su mayor parte, los expulsados del PCE por discrepar con su actual dirección, ha quedado compuesta por 25 miembros, entre los que figuran nombres como Cristina Almeida, Carlos Alonso Zaldívar, Manuel Azcárate, Pilar Brabo y Carlos Sotos.

El documento o declaración programática de la asociación contiene, entre otros objetivos, la desnucleariz ación, el desarme, el desmantelamiento de la política de bloques, un orden económico internacional basado en la solidaridad, y la ampliación y profundización de la democracia política española, complementada por la democracia social y económica y por nacionalismos populares de izquierda. ARI afirma no presentarse como un partido de izquierda más, por lo que no competirá electoralmente con estos, sino que aportará estímulos contra la "frustración política" reinante en la izquierda, con la cual mantendrá una actitud unitaria en virtud de la coincidencia de convicciones y por el freno que supone ésta a las tendencias antidemocráticas, tan poderosas en España. ARI aboga por la "socialización de la política", de forma que ésta no sea patrimonio exclusivo de los profesionales de la misma, para lo cual promoverá la actividad de sus asociados en el movimiento sindical, ciudadano, feminista, ecologista, de consumidores y demás movimientos de carácter progresista, buscando su potenciación y mayor protagonismo social.

ARI ha hecho pública una nota en la que califica de "documento político" la reciente sentencia dictada contra los procesados por el intento de golpe de Estado del 23F, por juzgar que ésta no ha sido redactada con criterios y metodología jurídicos.