La Caja Rural Provincial de Valencia celebro su asamblea sin tensiones

La asamblea general de la Caja Rural Provincial de Valencia (CRPV) aprobó ayer por unanimidad el informe presentado por la junta rectora, leído por su presidente, León Matoses, en el que daba cuenta de los resultados del ejercicio pasado que fue calificado como normal por los responsables de la caja.El director general de la Caja Rural de Valencia, Juan José Moya, no autorizó a EL PAIS a asistir a la asamblea general con el argumento de que el local donde se celebraba no tenía cabida suficiente para albergar a la prensa. Juan José Moya declinó hacer cualquier declaración ante las informaciones aparecidas en este periódico (ver EL PAIS de ayer) y que le señalaban como uno de los principales responsables de anomalías registradas en la entidad que comprenden, entre otras prácticas, el cobro de comisiones ilegales por la concesión de préstamos, el otorgamiento de avales no contabilizados y el mantenimiento de una "caja B" con fondos de origen irregular. Juan José Moya opinó que "todos estos hechos no tienen interés informativo porque se refieren a situaciones que datan de hace varios años y en estos momentos la información la polarizan acontecimientos como la guerra de las Malvinas".

El informe presentado por la junta rectora destaca la "positiva evolución de los recursos ajenos que han llegado a alcanzar en el pasado ejercicio cifras próximas a los 16.000 millones de pesetas". Los recursos propios de la Caja Rural Provincial de Valencia totalizaron, según León Matoses, 880 millones de pesetas que comprenden las aportaciones voluntarias (450 millones de pesetas), reservas varias (401 millones de pesetas) y cincuenta millones de . pesetas de aplicación de resultados del año anterior.

El incremento de la tesorería contabilizada se sitúa en 10.606 millones de pesetas con un incremento de 3.700 millones de pesetas con respecto a 1980. La cuenta de resultados se cifró en un saldo de 147 millones de pesetas, a falta de deducir la remuneración de las aportaciones al capital social e impuestos lo que supone unos 28,5 millones de pesetas más que en el ejercicio anterior.

Las perspectivas para el año en curso fueron, finalmente, valoradas como "buenas", finalizando la intervención del presidente de la entidad con una llamada a la colaboración.

"Lavar la ropa sucia en casa"

Los discursos pronunciados por los directivos al inicio de la asamblea hicieron referencia en repetidas ocasiones a la campaña de desprestigio emprendida desde la Prensa contra las cajas rurales a las que se consideró víctimas de un ataque de fuerzas innominadas.Una vez discutidos los once primeros puntos del orden del día y ya en el apartado de ruegos y preguntas, diversos cooperativistas asistentes solicitaron información a la rectora acerca de los hechos de que daba cuenta EL PAIS. Los directivos de la caja rural decidieron eludir estos interrogantes y se cifieron en sus respuestas a las posibles responsabilidades en las que habrían incurrido quienes hubiesen facilitado estas informaciones sobre una entidad que, al decir de sus dirigentes, "tiene derecho a lavar en casa sus trapos sucios".

La asamblea, en relación con este punto, comísionó a la junta rectora para responder adecuadamente a las noticias aparecidas en la Prensa con cuantas iniciativas considerasen oportunas, si bien, según destacaron los directivos de la caja, éstas se refieren a hechos que, en su opinión, han prescrito por lo que se refiere a sus responsabilidades fiscales y penales.

Por último los rectores de la caja señalaron que los resultados de la reciente inspección del Banco de España habían sido "plenamente satisfactorios". Como se recordará, la inspección del Banco de España ha pedido que se realice una auditoría externa, llevada a cabo por una firma de reconocida solvencia nacional, ya que se han detectado problemas de gestión de su tesorería, que a juicio de los inspectores estaba excesivamente concentrada en pocos bancos y no precisamente muy saneados. Los responsables de la caja rural reconocieron esta situación y afirman que en estos momentos no tienen depositados fondos de tesorería en instituciones financieras privadas por encima de quinientos millones de pesetas, siendo además dichos bancos y cajas de ahorro de máxima solvencia.