Argumentos anticonstitucionales en la sentencia de la rebelión del 23-F, según el Gobierno y el PSOE
El Gobierno ha dado instrucciones al Ministerio Fiscal para que interponga ante el Tribunal Supremo el correspondiente recurso de casación, por estar en desacuerdo con diversos aspectos de la sentencia contra los procesados en el intento de golpe de Estado del 23-F, anunciada el jueves por el Consejo Supremo de Justicia Militar. El Consejo de Ministros sólo expresa su conformidad con el fallo referente a dos de los máximos responsables de la rebelión y encuentra en la sentencia, al igual que el PSOE, aspectos que entran en conflicto con la Constitución española.
El Gobierno anuncia, asimismo, el propósito de remitir a las Cortes un proyecto de ley de la reforma militar, empeño en el que también se ha comprometido el primer partido de la oposición, según declaró ayer su secretario general, Felipe González, en una conferencia de Prensa. El Ejecutivo no accederá a la conmutación de la pena solicitada por el tribunal militar.En un comunicado hecho público ayer tras el Consejo de Ministros, dedicado casi exclusivamente a analizar la sentencia por el 23-F, el Gobierno rechaza "en particular, por su trascendencia política y constitucional, el razonamiento de la sentencia según el cual hasta el momento de la intervención pública del Rey, en la madrugada del 24 de febrero, algunos inculpados actuaban en virtud de obediencia debida". El Consejo de Ministros encuentra rechazable este razonamiento "porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil deben obediencia, de conformidad con la Constitución y la legislación vigente, al Gobierno de la nación y a su presidente, que estaban presentes junto a los representantes del pueblo, en el Congreso de los Diputados y fueron manifiestamente desobedecidos en el transcurso de los hechos".
A última hora de ayer el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, leyó ante las cámaras de Televisión Española los acuerdos adoptados por el Gabinete y anunció "el propósito de remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Reforma de la Justicia Militar, previsto en el Código de Justicia Militar vigente".
Tras dar lectura a la nota oficial del Consejo de Ministros, Leopoldo Calvo Sotelo añadió que "para el presidente estos acuerdos suponen las últimas decisiones sobre unos hechos que todos desearíamos olvidar cuanto antes. Se cierra una página, ciertamente deplorable, de nuestra reciente historia. Yo pido a todos serenidad en las valoraciones, mesura en los comportamientos y confianza en la capacidad de nuestro sistema democrático para resolver los problemas de España".
La valoración política de la sentencia por el 23-F la hacía también ayer el secretario general del PSOE, para quien "no es posible aceptar que personas que han participado en una rebelión militar sigan perteneciendo al Ejército. Felipe González dijo que las Fuerzas Armadas deben obedecer al poder civil y que "no se ha superado definitivamente en la democracia. española ese fenómeno de que existe un poder militar autónomo al margen del poder civil".
Felipe González añadió que la sentencia le producía insatisfaccion y preocupación, que la consideraba equivocada y que "produce efectos negativos desde el punto de vista del funcionamiento de las propias, Fuerzas Armadas en el marco de la Constitución".
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