Habrá un careo entre Arias Salgado, y altos cargos de Hacienda sobre la auditoría

Clemente Auger, juez que instruye el sumario especial 124/81, abierto tras la querella interpuesta por Felipe González y otros miembros de las ejecutivas del PSOE y del PCE contra altos cargos de RTVE, entre ellos los ex directores generales Rafael Ansón y Fernando Arias Salgado, ha ordenado la práctica de diligencias de careo entre este último y Angel Marrón, director general de Presupuestos y Rafael Gimeno de la Peña, director general del Tesoro, del Ministerio de Hacienda, desde octubre de 1976 hasta octubre de 1978.

Fernando Arias Salgado, actual embajador de España en. el Reino Unido, prestará, previamente al careo, ampliación a la declaración efectuada en su día. La provídencia del juez instructor es consecuencia de las peticiones formuladas por los abogados y procuradores de los querellantes, que aprecian notables contradicciones entre las declaraciones de los altos cargos de RTVE y del Ministerio de Hacienda.El juez instructor ha dirigido un oficio, como trámite previo a la ampliación de la declaración de Fernando Arias Salgado y al ,posterior careo, al ministro de Asuntos Exteriores, para que le participe la fecha de citación del embajador en Londres sin detrimento del servicio diplomático que presta. El careo tiene por fin esclarecer uno de los hechos fundamentales en que se basa la querella que los dirigentes del PSOE presentaron el 31 de marzo de 1980. Estos hechos están recogidos en la página 1/69 del informe titulado El control financiero en el organismo autónomo Radiotelevisión Española, conocido también como "auditoría" y que EL PAIS publicó a finales de enero de aquel año. En la mencionada página del informe financiero se dice que RTVE adeuda a la Hacienda Pública más de cuatrocientos millones de pesetas.

Los querellados de RTVE no negaron, según se dice en las alegaciones presentadas por el abogado y procurador de los querellantes socialistas, la existencia de las retenciones a las que se refiere el informe del control financiero ni que las retenciones no se hubieran ingresado en el tesoro.

Escrito de alegaciones

Este escrito de alegaciones considera que "existe una contradicción abierta" entre, por un lado, las declaraciones de los querellados Fernando Arias Salgado (ex director general de RTVE), Rafael Ansón (ex director general de RTVE), Ignacio Martínez Echevarría (subdirector general de RTVE para la gestión Económico-financiera), Francisco García López de Arenosa (director de Administración y Finanzas, quien actualmente sigue ocupando el cargo de director adjunto de este área en el Ente Público), el testigo Eugenio Navas Martín jefe de los servicios financieros de RTVE entre 1977 y 1979) y, por otro lado, lo manifestado por los altos cargos del Ministerio de Hacienda.Los términos en que se producen estas contradicciones son, según los abogados de los querellantes socialistas, los siguientes: los querellados "para justificar la apropiación de retenciones de IRTP y de IERTP por un importe de muchos cientos de millones de pesetas, han alegado: a) que tuvieron múltiples conversaciones (hasta veinte diarias) con la Dirección General del Tesoro y con la Dirección General de Presupuestos, b) que Hacienda debía dinero a RTVE, y c) que se produjo una compensación, y, por otro lado, lo manifestado por el propio director general del Tesoro y el propio director general del Presupuesto, quienes niegan conversaciones sobre ese extremo, la existencia de deuda y que se produjese ninguna clase de compensación".

Como consecuencias de estas peticiones, el juez instructor ha dirigido también un oficio al ministro de Hacienda para que participe al juzgado de instrucción número tres si ha existido o no un expediente para el aplazamiento del pago de deudas de Televisión Española a aquel ministerio, así como si ha existido un expediente para la compensación de aquellas deudas.

El juez instructor ha ordenado para el próximo día 7 un careo entre el querellado Francisco García Lópei de Arenosa y Angel Marrón y Rafael Gimeno de la Peña. La prueba pericial está pendiente de la concesión de un crédito por parte del Ministerio de Justicia.