Una sentencia ejemplar

LA SECCION Primera de lo penal de la Audiencia Nacional ha sentenciado a elevadas penas -treinta años para Emilio Hellín y veintiseis años para Ignacio Abad- a los dos autores del asesinato con alevosía de la joven Yolanda González y ha dictado también severas condenas por los delitos conexos de allanamiento de morada y detención ilegal, de los que son responsables, además de los asesinos, otros cuatro procesados, entre ellos David Martínez Loza, en aquel momento jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva. Cinco de los seis condenados, militantes de Fuerza Nueva, han sido encontrados, así mismo, culpables de los delitos de tenencia ilícita de armas o de explosivos. De esta forma, el Tribunal Central especializado en causas relacionadas con las bandas armadas y el terrorismo, además de otros delitos de muy, distinto significado y de dificil encaje complementario en sus competencias, ha dado una e ejemplar respuesta al brutal desafío a la humanidad y a la convivencia civilizada que significó el asesinato de la desventurada muchacha. La intervención de la acusación privada en este proceso, que sirvió de acicate al ministerio público y le arrancó de su inicial tibieza, ha puesto de manifiesto el positivo papel que puede desempeñar la acción popular en la jurisdicción penal.Ya sabemos que los delitos cometidos por los militantes de una formación política no pueden ser endosados automáticamente a la organización a la que pertenecen, aunque ocupen cargos de tan alta responsabilidad y confianza como el que desempeñaba David Martínez Loza, cuyo procesamiento fue denegado durante cerca de dos años por el juez Varón Cobos y tuvo que ser acordado por la Audiencia Nacional a petición de los abogados de la acusación privada. Pero a nadie se le oculta que la imagen de Fuerza Nueva queda seriamente averiada y gravemente comprometida por unos hechos de sangre perpetrados por personas vinculadas de una u otra manera a su aparato. No en vano Emilio Hellín, jefe de seguridad de Fuerza Nueva en el distrito madrileño de Arganzuela y buen conocedor de su estructura, declaró ante el Tribunal que acciones como las encomendadas al tristemente célebre Grupo 41 las han realizado también otros grupos de seguridad e información del partido de Blas Piñar. Tras la sentencia de la Audiencia Nacional parece indispensable que las autoridades gubernativas y el ministerio fiscal presten mayor atención a las tramas negras clandestinas que se entrecruzan o se solapan con agrupaciones legalizadas de ultraderecha y no desdeñen las amenazas que para los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la convivencia democrática pueden provenir de esa variante de fanatismo, tan sangriento y doctrinario como el que encarnan, en el lado opuesto del espectro, las diversas ramas de ETA y sus grupos de apoyo y cobertura.