Temor a un golpe de Estado tras las elecciones dominicanas

Los rumores golpistas se han hecho tan insistentes en las vísperas electorales que el propio presidente de la República Dominicana, Antonio Guzmán, ha tenido que salir al paso en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. "Ejerzo un control absoluto sobre los institutos castrenses" ha dicho, "y reitero las garantías de que habrá una transmisión pacífica del mando presidencial".

Seis de los siete candidatos que finalmente se mantienen en la carrera presidencial han firmado un documento conjunto en el que se comprometen a acatar el veredicto de las urnas. Unicamente Juan Bosch se negó a hacerlo, no tanto por desacuerdo con el contenido del escrito, sino porque exigió como condición previa que el secretario general del partido gobernante, José Francisco Peña Gómez, retirase previamente unas acusaciones lanzadas contra dirigentes del partido de Bosch.La jornada electoral de ayer dio comienzo a las seis de la mañana en medio de una completa tranquilidad. Los únicos incidentes registrados por la mañana se referían al retraso en la constitución de algunas mesas y a la falta de papeletas en otras. La Junta Central Electoral no tenía conocimiento de ninguna alteración del orden público.

Pese a los reiterados llamamientos hechos por los partidos a sus seguidores para que acudiesen a votar a primera hora de la mañana, los dominicanos no se mostraron madrugadores. A las diez de la mafíana, las colas de votantes en el centro de la capital no pasaban de una veintena de personas.

El promedio de abstención de los cinco últimos comícios celebrados en el país ha sido del 27%. Los sondeos preveían para ayer un índice más bajo. El censo de votantes registra 2,6 millones de dominicanos, que debían elegir al presidente y vicepresidente de la República, 27 senadores (uno por cada provincia), 120 diputados, 94 alcaldes y 569 concejales, además de sus respectivos suplentes. El Gobierno de Antonio Guzmán adoptó a última hora una insólita decisión en un país democrático. Todos los canales de televisión y emisoras de radio fueron obligados a transmitir en cadena desde las cero horas de ayer hasta las doce del mediodía de hoy. Se ha argumentado que de esta forma se impide la transmisión de noticias tendenciosas que pueden alterar la paz nacional.

Todas las empresas privadas de televisión criticaron duramente la medida y decidieron cancelar sus emisiones. La Constitución dominicana prevé este tipo de medidas para casos de desastre nacional: guerras o ciclones. No parece que sea éste el caso de unas elecciones.

Esta censura previa sobre radio y televisión no ha hecho sino alimentar rumores conspirativos en un país que ofrece un aspecto de calma absoluta, extraña por lo demás en esta democracia tropical, habitualmente ruidosa.