Iniciativa socialista para elegir al defensor del pueblo en junio
La Comisión del Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados encomendó ayer a su presidente, Miquel Roca, el encargo de solicitar del titular de la Cámara, Landelino Lavilla, la convocatoria conjunta de las comisiones de ambas Cámaras a las que corresponde proponer al Pleno del Congreso el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. La iniciativa, aprobada por unanimidad, provino del Grupo Socialista, que mantiene la candidatura de Joaquín Ruiz-Giménez.De acuerdo con lo que establece la ley orgánica del Defensor del Pueblo, promulgada el 7 de mayo de 1981, a partir del momento en que las correspondientes comisiones del Congreso y del Senado propongan, por mayoría simple, el candidato o candidatos, el Pleno de la Cámara baja podrá ser convocado a los diez días, par a decidir sobre la ratificación del candidato, que recaerá en el que obtenga las tres quintas partes de los miembros del Congreso, es decir, 210 votos. En un plazo máximo de veinte días desde esta votación, el Pleno del Senado deberá ratificar la elección, por idéntica mayoría de tres quintos.
En virtud de este juego de plazos, según manifestó a EL PAÍS el socialista Virgilio Zapatero, sólo si la convocatoria de la comisión conjunta se produce en este mismo mes de mayo podrá resultar elegido el Defensor del Pueblo en el actual periodo de sesiones, es decir, antes del 30 de junio próximo. De ahí la iniciativa socialista, una vez que fracasaron las negociaciones entre centristas y socialistas, incluso en su más alto nivel -Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González-, para alcanzar un acuerdo sobre el candidato.
Fuentes centristas de toda solvencia aseguraron a este periódico que a principio del mes de febrero último, Calvo Sotelo era favorable al candidato patrocinado por el PSOE, si bien posteriormente no existe seguridad sobre la posición del presidente del Gobierno en torno a Joaquín Ruiz-Giménez. Las mismas fuentes indicaron que, frente a la candidatura centrista que se ha venido barajando, la del presidente de las Cortes Constituyentes, Antonio Hernández Gil, el último candidato de UCD es el catedrático de Derecho Político, Carlos Ollero.
Los socialistas consideran que la personalidad de Ruiz-Giménez es la más adaptada a las funciones del Defensor del Pueblo, aunque tampoco votarían en contra de la de Hernández Gil. En todo caso, estiman prioritario que sea elegido el titular de esta institución constitucional, que continua sin estrenar un año después de entrar en vigor la ley.
En la sesión celebrada ayer por la comisión del Congreso, todos los grupos coincidieron en la necesidad de esta elección, si bien el centrista Víctor Carrascal recordó el fracaso de las negociaciones realizadas hasta ahora. Roca quedó encargado de propiciar nuevas conversaciones entre todos los grupos. El comunista Miguel Núñez abogó por este tipo de negociación, en lugar de las gestiones bilaterales celebradas hasta ahora sin éxito por UCD y PSOE.
Entre las competencias más importantes atribuídas al Defensor del Pueblo destaca la investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos, y el respeto debido a los derechos constitucionales.
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