Rechazadas las enmiendas a la totalidad del presupuesto para las Fuerzas Armadas

El pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer por ocho votos a favor, 260 en contra y dos abstenciones las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley sobre dotaciones presupuestarlas para inversiones y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, defendidas por los diputados del Grupo Mixto, Ramón Tamames, Juan María Bandrés y Fernando Sagaseta.

En un momento de la intervención de este último, cuando señaló que las armas de que se va a dotar a los ejércitos no van a ser empleadas contra el enemigo exterior "sino contra nuestro pueblo", el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, reconvino al diputado nacionalista canario, advirtiéndole que sus palabras estaban "fuera de lugar".Cerró el debate el ministro de Defensa, Alberto Oliart, quien destacó el protagonismo del Parlamento en la elaboración de la ley e insistió en la necesidad de discreción y secreto sobre las líneas generales de la defensa que hoy explicará a puerta cerrada a la Comisión de Defensa.

Ramón Tamames acusó duramente el intento gubernamental de presentar un plan de inversiones para las Fuerzas Armadas de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, cuando no existe ninguna planificación económica por parte del Gobierno para superar la crisis. Aseguró que el proyecto produce una disfunción y responde a una situación inadmisible en un Estado democrático.

Censuró la falta de previsiones de inversionas para infraestructura, regadíos y equipamiento, mientras los teóricos del Gobierno contemplan previsiones para ocho años por un importe superior a los dos billones de pesetas, que significan 4,6 billones en pesetas corrientes. Destacó que el proyecto de ley es obra de la improvisación y dijo no querer hablar sobre las motivaciones e intenciones del mismo.

Ramón Tamames añadió que el proyecto a debate se erige en una super ley que viene a derogar la Ley General Presupuestaria y la Ley de Contratos del Estado, al tiempo que no tiene en cuenta la Constitución, que se refiere en su artículo 131 a una planificación de "Ia actividad económica general". Entre las previsiones concretas, criticó la necesidad de levantar un edificio nuevo para albergar al Ministerio de Defensa.

El siguiente enmendante a la totalidad, Juan María Bandrés, consideró elemental, para una ley económica referente a inversiones, conocer "el por qué y para qué de la inversión a realizar y que ésta se ajuste a la solución de una necesidad objetiva". Aunque aseguró que la Defensa es una de las necesidades a cubrir por el Estado, recordó que existe una lista lo suficientemente amplia para que en este momento de recursos limitados, según la reiteradas manifestaciones del ministro de Hacienda, se establezcan las convenientes prioridades.

Estimó ridículo hablar de compra de armas o equipos, sin que exista un proyecto que aclare cuales son las necesidades a cubrir en Defensa y sin que tengamos un modelo defensivo explicado y coherente.

Como ejemplo del alcance económico del proyecto de ley, Bandrés dijo que si la cuantía de la inversión que se pide se dedicara a creación de empleo en el sector público, nos situaríamos en los niveles europeos en esta materia y la medida afectaría "al menos a 300.000 familias españolas, sacando de la postración económica, mediante la industrialización, a las regiones más desfavorecidas del Estado". Estimó necesario adoptar una postura beligerante contra el paro y reducir los gastos corrientes del Ejército.

Mil millones de pesetas diarias durante ocho años

El diputado nacionalista canario, Fernando Sagaseta, afirmó que el Estado español no tiene más contenciosos que el de Gibraltar y el de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y dijo que ambos son negociables. Desde esta perspectiva, aseguró que el gasto que propugna el proyecto de ley sólo tiene sentido para una guerra imperialista en la que "nos embarquen las multinacionales del armamento, el Pentágono y no preciamente en defensa de los intereses de los pueblos de España". Cuantificó, calificándola de despilfarro, la inversión proyectada en Ia escalofriante cifra de mil millones de pesetas diarias durante ocho años consecutivos" sólo para armas y gastos militares.

Cuando consideró beneficiario del proyecto de ley, junto a las multinacionales citadas, a la empresa Unión de Explosivos Río Tinto, "tan ligada a Calvo Sotelo y al ministro de Defensa" el presidente de la Cámara hizo un amago de llamar la atención al diputado, que prosiguió su discurso. Más tarde, en el turno de réplica, Fernando Sagaseta aseguró que las opiniones contra el proyecto de ley serán más duras que las suyas en la calle por parte de los parados, "a pesar de todas las censuras explícitas e implícitas". Cuando añadió que las armas de que se va a dotar a los ejércitos no serán empleadas contra el enemigo exterior ,"sino contra nuestro pueblo", Landelino Lavilla le interrumpió para decirle que tales expresiones estaban "fuera de lugar".

Las razones del Gobierno

El diputado centrista Guillermo Medina respondió conjuntamente a las tres enmiendas a la totalidad, y dijo que algunos de sus argumentos eran fruto del escaso conocimiento de los enmendantes. Contestando a Ramón Tamames, aseguró que programar para ocho anos es perfectamente admisible y legal, y estimó que el artículo 131 de la Constitución no era el aplicable al caso. En respuesta a Bandrés, dijo que el modelo de defensa del diputado abertzale consiste tal vez "en no tener modelo de defensa". A Sagaseta le señaló que el pleno de la infamia sólo lo sería de aprobarse su enmienda.

En apoyo de la tramitación del proyecto de ley, Manuel Fraga, por Coalición Democrática, estimó la ley necesaria y declaró que una neutralidad desarmada es mala. El comunista Fernando Pérez Royo anunció el voto de su grupo en contra de las enmiendas a la totalidad, por considerar fundamental la modernización de las Fuerzas Armadas, si bien anticipó también que los comunistas enmendarán profundamente la ley. Por último el socialista Félix Pons dijo que aunque el hilo de la coincidencia con el proyecto de ley por parte de su grupo era "exiguo y débil" apoyarían su tramitación, enmendándolo profundamente.

En esta misma línea el líder del Partido de Acción Democrática, Francisco Fernández Ordoñez, señaló a EL PAÍS (el reglamento le impedía intervenir en el pleno) que la postura de su grupo es favorable a unos cambios importantes del proyecto de ley para lo que ha presentado una enmienda al artículo primero. El ministro de Defensa cerró el debate. recordando que el proyecto de ley sólo significa una previsión de gastos, no una autorización de créditos. Respecto a los detalles concretos sobre el gasto programado, se remitió al debate de hoy en la comisión, para el que pidió discreción y secreto. Terminó asegurando que la ley vinculará más a las Fuerzas Armadas y al pueblo.