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Tribuna:TRIBUNA LIBRE

Desempleo y mercado clandestino de trabajo

Recientemente se han dado a conocer las cifras del desempleo de la Encuesta de Población Activa (EPA), realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Son casi dos millones de personas las que, oficialmente, figuraban como paradas a finales del año pasado. Este hecho, de cuya gravedad nadie duda, se intenta analizar aquí desde una óptica diferente a la habitual, es decir, como elemento constitutivo de una potencial oferta de mano de obra para el mercado paralelo de trabajo, inmerso en lo que se ha denominado economía oculta o subterránea.

Si no fuera tan restrictivo el criterio aplicado en la Encuesta de Población Activa (EPA) para definir el desempleo, posiblemente, tal como se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, la cifra oficial de parados rebasaría con amplitud los dos millones. Tanto del volumen del desempleo, sea uno u otro el que se considere, como de la estructura interna (el 55% de los parados son jóvenes menores de veinticuatro años y en más de 350.000 familias no trabaja ninguno de sus miembros), cabría esperar una situación altamente conflictiva. Si esto no ocurre, al menos de forma generalizada, no cabe atribuirlo tanto a las prestaciones económicas por desempleo (que en total sólo afectan al 45% de los parados contemplados en la EPA) como al creciente desarrollo de la contratación al margen de la normativa legal en el sector oculto de la economía, generándose así empleos que quedan fuera del campo de observación de las estadísticas oficiales.La existencia de trabajo clandestino en España tiene ya una larga tradición; sin embargo, a partir de la actual crisis económica y coincidiendo con el fuerte crecimiento de las cifras de desempleo, se está apreciando un acelerado avance de los mercados paralelos de trabajo.

La contratación de mano de obra al margen de la legalidad vigente está experimentando un fuerte ascenso en los últimos años. Desde el punto de vista del empresario, existe un conjunto de motivaciones que pueden convertir en atractivo el paso de la esfera oficial de la economía a situaciones de ilegalidad manifiesta. Sus razones están relacionadas con el coste creciente que implica el mantenerse dentro de las instituciones y normas que regulan el mercado oficial de trabajo. Así, se ha de soportar la presión en ascenso de los pagos a la Seguridad Social, que, dado el sistema de cotización existente, es más gravosa para las empresas más intensivas en factor trabajo. La negociación colectiva introduce costes adicionales (Seguridad Socíal complementaria o ventajas sociales, etcétera) y rigidez en la organización del trabajo. En este mismo sentido se interpretaría la acción de los sindicatos en las empresas. La legislación sobre despidos dificulta la posibilidad de flexibilizar plantillas, en respuesta a una situación recesiva de la demanda de bienes y servicios y, por tanto, con capacidad infrautilizada en las empresas. A todo ello habría que añadir el fraude fiscal que todas estas situaciones conllevan.

En suma, para algunos empresarios, las ventajas comparativas que obtienen de su ocultación frente a los organismos oficiales compensan el riesgo de ser descubiertos por las inspecciones de Hacienda o de la Seguridad Social.

En las empresas que utilizan trabajo no declarado se puede extraer un conjunto de características comunes que explican sus mayores posibilidades para mantenerse en el sector oculto del sistema económico: 1. Son poco intensivas en capital. 2. Cuentan con procesos productivos susceptibles de descentralización y de gran movilidad física. 3. Utilizan tecnologías ligeras y en ocasiones muy especializadas y de uso individual. 4. En el sector industrial dan ocupación a mano de obra bastante especializada. 5. Generalmente, son de tamaño reducido. 6. Proliferan en el sector servicios; y, por último, 7. Organizan el trabajo de múltiples formas, poco convencionales: a domicilio, a contrato, a destajo, etcétera.

Frente a esta demanda de trabajo en el mercado paralelo se constituye una oferta abundante, constituida no sólo por los trabajadores oficialmente considerados como desempleados.

Se puede intentar estimar de forma aproximada el volumen de personas que estarían dispuestas a emplearse en un trabajo no declarado o, dicho de otro modo, la oferta potencial para el mercado de trabajo paralelo. Hay una serie de supuestos que justifican el posible interés de los colectivos, considerados como componentes de esa oferta potencial, para incorporarse al mercado paralelo. Para unos, por la imposibilidad por imperativos legales de acceder a un empleo en el mercado regular u oficial (parados con subsidio o jubilados); para otros, las especiales características de su condición principal (amas de casa, estudiantes, pluriempleados) les permite mejor adaptación a las condiciones más flexibles del trabajo no declarado (a domicilio, por horas, etcétera). Pero además hay que tener en cuenta que, en una proporción importante de casos, se cuenta con cierta cobertura de prestaciones sociales (al menos, las sanitarias) por distintas vías (mujeres casadas, parados con subsidio, jubilados, estudiantes); téngase en cuenta que el 83% de la población española está cubierta por la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Estas razones ayudan a explicar a existencia de personas dispuestas a emplearse en trabajos no declarados. Para algunas familias puede ser la única fuente de ingresos; para otras, complementarios. Pero, en última instancia, lo que determina el acceso a este mercado paralelo es la ausencia de expectativas de empleos, en el mercado regular, adecuadas a las particulares características de cada colectivo ofertante de trabajo.

La oferta potencial

A partir de la información estadística disponible se ha estimado, en base a diversos supuestos, el volumen de oferta, el potencial de mano de obra susceptible de emplearse en el mercado paralelo de trabajo. Se han analizado dos estimaciones diferentes, apoyadas en fuentes distintas. Una primera, con carácter de mínima, tiene en cuenta aquellos colectivos que posiblemente ya trabajan en el mercado paralelo (activos margínales, menores de dieciséis años, pluriempleados y parados) o que estarían dispuestos a hacerlo de modo inmediato en cuanto se les presente una oportunidad (los denominados desanimados). Para los parados con subsidio se han tenido en cuenta además dos hipótesis alternativas: una considera que sólo el 3,41% de éstos trabaja, es decir, comete fraude (según estimaciones de los servicios de inspección del INEM) (hipótesis A en el cuadro). Y otra supone que el 30% de los que se declaran parados, subsidiados o no, realizan algún tipo de trabajo (según diversas estimaciones privadas coincidentes). Tras este cálculo, elaborado conestadísticas de la EPA, se concluye que entre el 9,6% y el 11,3%de la población activa constituyen la oferta mínima de trabajo en el mercado paralelo. El dato obtenido es muy similar al que se ha estimado en Italia por un organismo oficial (ISTAT) para el mismo concepto, pero con metodología diferente.

En segundo lugar, se ha procedido a calcular con criterios más amplios recogiendo a los subempleados en el sector oficial y los que ya trabajan o se puede presuponer que estarían dispuestos a hacerlo en el mercado paralelo una cifra de oferta potencial de trabajo no declarado. Operando de este modo, y en base a una encuesta realizada por la Fundación FIES, se obtiene que para el cuarto trimestre de 1979 el volumen de dicha oferta potencial es superior a la cuarta parte de la población activa que refleja la EPA («véase cuadro adjunto). También aquí el resultado de la estimación se aproxima al obtenido en Italia por la citada institución para el mismo concepto y con métodos distintos (25,7% de la población activa).

Lo expuesto aquí no pretende ser más que un cálculo aproximado de un fenómeno en expansión, no sólo en la economía española, y enraizado en la presente crisis económica. Mientras subsisten las causas que se han señalado como motivaciones para la existencia de importantes volúmenes de demanda y oferta de trabajo en el mercado paralelo, la economía subterránea seguirá un curso ascendente.

Santos Ruesga Benito es profesor de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de abril de 1982