Antena 3 recurrirá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Manuel Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Político, miembro del consejo de administración de Antena-3 , abogado que presentó el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, expuso a EL PAIS su valoración de la sentencia y anunció que si, en el plazo de tres meses, los poderes públicos no regulan el derecho a implantar televisiones privadas, recurrirían al Tribunal Europeo de Derechos Humanos."Hay dos tesis en esta sentencia", comenta Jiménez de Parga."La primera, la adoptada mayoritartamente por el Tribunal, es una sentencia interpretativa del artículo 20 de la Constitución; según los magistrados, la televisión privada no está necesariamente impuesta por el mencionado artículo pero tampoco está constitucionalmente impedida; su implantación, por tanto, no es una exigencia jurídico-constitucional, sino una decisión política. Es decir, que los dos sistemas de gestión son compatibles".

"La segunda tesis", prosigue Manuel Jiménez de Parga, "es la expresada por el voto particular del magistrado Francisco Rubio Llorente, que contesta al anterior punto de vista porque, según sus palabras, 'las decisiones acerca de la existencia e inexistencia de una libertad no pueden ser consideradas nunca como cuestiones políticas'. Razona este magistrado que 'en lo que toca a la libertad, la Constitución no es el simple encabezamiento de una hoja en blanco en la que el legislador pueda, a su arbitrio, escribir indistintamente la afirmación o la negación' de aquellas libertades".

Un servicio público

"El magistrado Rubio Llorente añade en su voto", comenta Jiménez de Parga, "que 'no es en modo alguno contraria a la Constitución la declaración de que la televisión es, por su propia naturaleza, un servicio público; pero la gestión de un servicio público que implica la organización de los derechos fundamentales de los ciudadanos no puede organizarse en forma de monopolio estatal que impida absolutamente el ejercicio del derecho'. Existe otra afirmación todavía más tajante en el voto particular del magistrado: 'La Constitución no admite el monopolio estatal sobre ningún medio de comunicación' y añade que 'el monopolio estatal de televisión no es constitucionalmente legítimo y que, en consecuencia, los particulares tienen derecho a crear y operar emisoras de televisión', según sus expresiones textuales recogidas en la sentencia".Preguntado sobre las posibles acciones que emprenderá Antena 3, Manuel Jiménez de Parga contestó: "En el supuesto improbable de que no hubiese actividad alguna de los poderes públicos encaminada a regular el derecho a implantar televisiones privadas, en un plazo razonable de dos o tres meses, nosotros recurriríamos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. España suscribió el Convenio Europeo de los Derechos Humanos que afecta el recurso individual ante el citado tribunal internacional, según el texto publicado por el Boletín Oficial del Estado con fecha 30 de junio de 1981. Mientras tanto, nosotros seguiremos negociando hasta que los poderes políticos den luz verde a la ragularización de las televisiones privadas".

El hecho de que la sentencia del Tribunal Constitucional afirme que la implantación de televisiones privadas "es una decisión política que puede adoptarse, dentro del marco de la Constitución, por la vía de una ley orgánica" fue valorado así por Jiménez de Parga: "Me ha sorprendido porque es una novedad en Derecho Público que el desarrollo de una ley ordinaria, como es el Estatuto de la Radio y Televisión de enero de 1980, se haga mediante ley orgánica". La ley orgánica sobre la implantación de televisiones privadas, requiere para ser promulgada la aprobación previa por mayoría absoluta en el Parlamento.

Un derecho para la sociedad española

Manuel Martín Ferrand, director general de Antena 3, manifestó, por su parte, que la sentencia despeja la polémica sobre la posibilidad o no de televisiones privadas en España al declararlas compatibles con la pública. "No hemnos buscado nada para nosotros", dijo, "sino que hemos luchado por un derecho para la sociedad española"El secretario general técnico del Régimen Jurídico de Radiodifusión y Televisión, Joaquín Tena, estuvo durante la tarde de ayer reunido con el Ministro de la Presidencia, cuyo gabinete tiene asignadas las competencias en materia de radiotelevisión. No fue posible obtener, pese a intentarlo reiteradas veces, la opinión de este portavoz del Gobierno sobre la sentencia del Tribunal Constitucional.