Intervención del Consejo de Ministros para resolver el pleito de tierras de un pequeño pueblo leonés

El último Consejo de Ministros acordó zanjar los enfrentamientos que vienen produciéndose desde hace dos meses entre piquetes de vecinos de la localidad leonesa de Toral de los Guzmanes por causa de la concentración parcelaria anulando un auto de la Audiencia Nacional, que ordenaba, a su vez, la paralización de las entregas de las nuevas fincas. La medida, que carece de precedentes en León, según medios jurídicos, ordena el reparto de las tierras después de once años de pleitos, todavía no resueltos, y de numerosas querellas por agresiones y de amenazas de muerte entre los dos bandos vecinales enfrentados.

El acuerdo se acoge al Artículo 105 de la Ley de Jurisdicción-Contencioso Administativa de 1956, según la cual el Consejo de Ministros puede decidir la inejecución de una sentencia judicial "con carácter extraordinario" siempre que se den una serie de supuestos: "peligro de trastorno grave del orden público", "temor fundado de guerra con otra potencia", "quebranto de la integridad del territorio nacional" o "detrimento grave de la Hacienda Pública".En este caso el Gobierno parece haber actuado para evitar los enfrentamientos entre un sector de los vecinos, que pretendía ocupar por la fuerza las nuevas fincas (más de seiscientos), y aquellos otros que se niegan a entregarlas por considerarse perjudicados en el reparto de tierras proyectado por el IRYDA. Los primeros alegan que en los once años que ha durado la concentración parcelaría han acumulado numerosas pérdidas, mientras que los segundos -un total de veintisiete propietarios- se apoyan en un auto de la sala cuarta deja Audiencia Nacional, en el que se ordena la no ocupación de las fincas hasta que el tribunal dicte sentencia, por consíderar que se producirían daños "de muy difícil o imposible reparación" para estos últimos.

Hasta ahora las autoridades gubernativas se habían inhibido por completo en los enfrentamientos vecinales, lo que se consideraba como un apoyo indirecto a los piquetes que, en grupos de medío centenar de personas y una veintena de tractores, ocuparon temporalmente las nuevas fincas y destruyeron instalaciones y cultivos de sus antiguos propietarios. La delegación provincial del Iryda, uno de cuyos sancionados fue sancionado años atrás por supuesto favoritismo hacia algunos agricultores, ha dado por cumplida su actuación y niega tener responsabilidad en los enfrentamientos.

Un portavoz de los propietarios que se niegan a abandonar sus tierras manifestó ayer a EL PAIS que seguirán oponiéndose, corno hasta ahora, a la ocupación de estas últimas, a pesar del acuerdo del Consejo de Ministros. Según la misma fuentes, el presidente de la sala cuarta de la Audiencia Nacional habría calificado de inconstitucional el acuerdo en una conversación con los abogados, por lo que su publicación en el BOE -y, consecuentemente, su entrada en vigor- parece problemática.