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Protestas por el despido de dos redactores de Radio Castilla, de Burgos

El despido de dos redactores de Radio Castilla, emisora asociada a la Cadena SER, en unas circunstancias que han sido calificadas como atentatorias a la libertad de expresión (véase EL PAIS del 26 de este mes), ha suscitado una honda preocupación en Burgos, materializada en numerosas manifestaciones de solidaridad con los despedidos por parte de profesionales y fuerzas políticas y de repulsa por la forma en que se produjo su salida, según informa Angeles Gil, desde Burgos.Nada más conocerse las circunstancias del despido, un gran número de informadores de Prensa y Radio burgaleses elaboraron e hicieron público en sus respectivos medios un comunicado en el que se denunciaba la anticonstitucionalidad de las medidas adoptadas por la dirección de Radio Castilla, haciendo una llamada a la opinión pública burgalesa para que defienda su derecho a un pluralismo en la información, reflejo de la sociedad democrática en que vivimos.

El comunicado hace referencia a que este despido vulnera el artículo 20 de la Constitución, donde se dice textualmente que "el ejercicio de los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción no podrá restringirse mediante ningún tipo de censura previa".

Esta opinión es compartida por diversos sindicatos, partidos políticos y personalidades políticas burgalesas, desde AP hasta el PCE, pasando por UCD, quienes en forma pública o privada han manifestado su solidaridad con los dos despedidos, José Luis Guerrero y Ernesto Sáenz de Buruaga, negando además la acusación de la dirección de la emisora de que los informativos de estos profesionales tuvieran un "acusado cariz político" y "un partidismo en la información".

La consecuencia de estos despidos es para algunos partidos, concretamente para el Partido Comunista, "que Radio Castilla vuelve a la vieja concepción del medio, tan sufrida por todos en la no lejana etapa de la dictadura". Por su parte, Juan José Laborda, senador socialista, manifiesta que con su despido "volvemos a unos techos informativos que los burgaleses no se merecen" y, que, por los derechos de los ciudadanos de Burgos a recibir información objetiva, viva y no alienante, deberíais defenderos en los tribunales hasta el final".

El director de Radio Castilla, Fidel Angel Martínez de la Fuente, se ha limitado a comentar que la crisis que ha culminado con la expulsión de los responsables de los informativos, no es un problema político, sino de disciplina de la empresa. "En los últimos tiempos", ha explicado, "recibí numerosas quejas por parte de los oyentes sobre el cariz político que se traslucía en los servicios informativos". El director mandó una circular en la que ordenaba, entre otras cosas, que toda información sobre partidos políticos fuera autorizada previamente por la dirección. Los redactores despedidos explicaron a los oyentes que, debido a esta censura, ellos no se responsabilizaban de la información. La dirección aplicó entonces la máxima sanción del despido.

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