Polémica en torno al sector público en la octava reunión Costa Brava

Un debate más político que económico sobre las características del intervencionismo estatal español presidió la octava reunión Costa Brava, organizada por el Círculo de Economía de Barcelona, cuyas sesiones finalizaron ayer. La ambigüedad teórica de estas jornadas alcanzó un cierto clima de enfrentamiento sobre el tema del sector público entre el socialista vasco Carlos Solchaga, el diputado de Minoría Catalana Mikel Roca Junyent y el presidente del INI, Carlos Bustelo. Una fuerte crítica a la Administración pública y la reiterada solicitud de mayor flexibilidad bancaria caracterizaron, asimismo, los debates económicos."Después del intervencionismo, más intervencionismo, aunque de distinta clase y a partir de una administración diferente", fue la respuesta aportada por el socialista Carlos Solchaga al tema. Insistió Solchaga en la necesidad de un relanzamiento económico a partir de la iniciativa pública como único agente capaz de estimular la inversión privada. Las reafirmaciones del representante socialista en el principio de respeto a la libertad de mercado no consiguieron, sin embargo, evitar la tradicional discusión entre los neoliberalistas y los partidarios del Estado asistencial. "Un menor y mejor intervencionismo" reivindicó el representante de Minoría Catalana, Mikel Roca Junyent. El subsecretario de Economía, José Enrique García Romeu, abogó, por una reducción de la intervención pública.

Cinco largas horas de discusión sobre el citado tema no consiguieron especificar las formas concretas de intervención pública que los grupos políticos mayoritarios plantearán al electorado en los próximos comicios. La proximidad de éstos alteró, sin duda, el contenido de la discusión acercándola a un discurso electoral entre el PSOE y la UCD.

Por su parte, Ricardo Goytre, presidente del Banco de Crédito Industrial, calificó a la Administración como " cualitativamente similar al sector privado", y manifestó, por otra parte, el aumento de solicitudes de crédito oficial y la necesidad pública de equilibrar la asignación de recursos.