Proyecto de Fondo de Garantía de Depósitos para las cajas rurales

El Banco de España proyecta crear un Fondo de Garantía de Depósitos para las cooperativas de crédito, cuyos 450.000 millones de pesetas en recursos ajenos, captados en su mayoría por las cajas rurales, suponen un 3,5% del sistema financiero. El asunto replantea los intentos de control de dichas entidades, emparentadas con el franquismo y que ejercen gran influencia en el campo, a través del dominio de las cooperativas agrarias.Según medios financieros, el proyecto de Fondo es similar a los puestos en marcha a partir de 1977 para la banca y las cajas de ahorro. Además de garantizar los depósitos hasta 1.500.000 pesetas por cuenta, tendría facultades para sanear las entidades en crisis y conducir su venta. La financiación estaría a cargo del Banco de España y de las cooperativas, que aportarían el 1 por 1.000 de sus recursos ajenos.

En principio, el decreto creador del nuevo Fondo iba a ser aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

Sin embargo, a última hora se decidió formalizar una ronda de consultas, que puede encontrarse con dificultades. Algunos de los afectados ven en el intento una prolongación de los propósitos de control del exvicepresidente económico Fernando Abril Martorell, sellados en 1979 con un fracaso. El proyecto fue concretado en las últimas semanas, a la vista de las crisis sufridas por diversas cajas rurales. Tras los escándalos conocidos en la de Santander, la Guardia Civil tuvo que disolver una asamblea de la Caja Rural La Prosperidad, de Moncófar (Castellón), y recientemente ha suspendido pagos la Caja de Crédito Mutual de Barcelona.

La autoridad monetaria empezó a temer que se multiplicaran las crisis. Ciertamente, el terreno está abonado. El coste de los recursos es bajo y su captación crece en torno al 30%, (casi el doble en cajas de ahorro y bancos), pero las entidades financian cooperativas agrícolas escasamente capitalizadas y en muchas ocasiones han concedido créditos a otros negocios.

El imperio Solís

Los órganos de control han sido impermeables a la realidad social y han seguido en manos de personalidades de] antiguo régimen. En 1978 empezaron a rendir cuentas al Banco de España y algunos de sus órganos rectores no han podido impedir ser penetrados por cierto pluralismo de los cooperativistas, aunque en general las cajas rurales se han resistido a las pretensiones de los sindicatos de agricultores.El tándem Domingo Solís-Francisco de la Caballería, respectivos presidentes de la Caja Rural Nacional y de la Federación Española de Cooperativas, consiguió frenar en 1979 las elecciones inmediatas previstas por el decreto que promovió Abril Martorell, con el respaldo casi absoluto de otros presidentes y alejando perjuicios irreparables ante el Tribunal Supremo. No hubo "limpia de franquistas", como alguien denominó a la operación desde el Ministerio de Economía, aunque técnicamente las cooperativas de crédito quedaron equiparadas al resto de los intermediarios financieros.

Actualmente, del centenar y medio de cooperativas de crédito, una treintena tienen carácter industrial, profesional o laboral. La más importante entre todas es la Caja Laboral de Mondragón, con depósitos superiores a los 52.000 millones de pesetas. Las restantes, cooperativas de crédito agrícolas o cajas rurales, están aglutinadas en torno a dos grupos: el consorcio, mayoritario, y la Central de Cajas, que supone un 15% aproximado del sector.

Domingo Solís, ilocalizable para este periódico, está al frente del Consorcio de Cajas Rurales y de la Caja Rural Nacional, por su representación de la de Jaen, que controla la UTECO provincial y la cooperativa olivarera COSUR. Este grupo es el más organizado, pues dispone incluso de un sistema de compensación de liquidez entre los miembros. El otro está presidido por Salvador Ibarra Francés.

De las crisis conocidas hasta ahora, el consorcio acudió en enero pasado en ayuda de la Caja Rural de Santander, que tenía cerca de 3.000 millones de depósitos. La Caja de Crédito Mutual, con casi 2.000 millones, no ha corrido igual suerte; hubo un intento de absorción de la Caja de Ahorros de Cataluña (CAC), vinculada a la Diputación de Barcelona, pero las cajas de ahorro de Baleares se han opuesto a recibir por esta vía la competencia de la segunda caja catalana, siendo respaldadas por la Confederación Española de Cajas de Ahorros.

El Ministerio de Economía, que debía autorizar esta operación, no la ha consentido hasta el momento, aunque parece que cuenta con el respaldo de la propia Generalidad de Cataluña.

Opina la Administración que sería una solución atípica, pues rompería para un caso particular la normativa de 20 de diciembre de 1979 sobre expansión de las cajas. Se ha planteado, en suma, la misma situación que con Fidecaya, por cuyos restos se interesó la propia Caja de Ahorros de Cataluña desde un principio, y luego La Caixa, siempre y cuando se les autorizara a adquirir también toda o parte de la red de oficinas.