La CEE y la reforma de su política agraria

La política agraria del Mercado Común no sólo no ha cesado de incrementar el desequilibrio de las rentas agrarias entre sí y con las de los restantes sectores, sino que -según el profesor Fernández Navarrete, autor de este artículo- sus crecientes necesidades de recursos amenazan con absorber próximamente todo el presupuesto de la Comunidad Económica Europea. La importancia que la reforma de esta política agraria supone, tanto para los actuales países miembros como para los que esperan ingresar y muy especialmente en el caso de España, es ponderada en este trabajo.

Creo que está suficientemente claro que la CEE no está dispuesta a completar la ampliación mediterránea, y particularmente la adhesión de España, hasta no tener solucionados sus problemas internos. A pesar de lo inevitable de la reforma de la política agraria común (PAC), sí resulta significativo que venga a coincidir, o más precisamente preceda, al ingreso de España.El primer intento de modificación de la PAC se remonta a 1967, año a partir de¡ cual algunos subsectores agrarios accedieron al régimen de mercado único. Por entonces, la financiación comenzó a correr por cuenta del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA). Sicco Mansholt, en un informe que se hizo famoso, exponía desde la propia comisión los graves problemas que en un futuro próximo podrían originarse, habida cuenta de que la PAC se hacía cada vez más onerosa y de que algunos Estados miembros ofrecían serias resistencias a ceder nuevos recursos.

Cambio de rumbo para la agricultura

Lo razonable era proceder a un cambio de rumbo en favor de otras acciones que a largo plazo permtiesen a la agricultura valerse por sí misma. Pero Mansholt apenas fue oído, y su proyecto se sustituyó por otro menos atrevido y prácticamente ineficaz para no dejar a la comisión en mal lugar.

El segundo impulso de la reforma de la PAC procede del Reino Unido, desde su, entrada en la CEE en 1973. Este país, desde hacía bastantes años, seguía un sistema de apoyo a la agricultura, conocido como "pagos deficitarios", totalmente diferente al comunitario, y gracias al cual el consumidor británico se beneficiaba de precios bajos y relativamente estables en sus compras de productos alimenticios, sin por ello lesionar los intereses de los agricultores. Por consiguiente, no es extraño que el Reino Unido nunca se mostrara complaciente con el sistema comunitario.

Finalmente, el tercer impulso y el que parece definitivo por aquello del refrán de que "a la tercera..." se está dando actualmente. El problema ahora se plantea en los siguientes términos: la PAC no sólo no ha cesado de incrementar el desequilibrio de las rentas agrarias entre sí y con las de los restantes sectores, sino que, además, sus crecientes necesidades en recursos financieros amenazan con absorber en los próximos años todo el presupuesto de la CEE, lo que dejaría bloqueada toda posibilidad de avance en el proceso de integración.

La vertiente estructural

La PAC ha avanzado muy poco en su vertiente estructural. Efectivamente, es correcto afirmar que hasta la fecha la PAC se ha limitado a ser un mero instrumento de regulación y financiación de los precios comunes a través de dos mecanismos plenamente coordina os entre sí: uno, interno, que opera, para la mayor parte de los productos, a través de la conocida banda precios-guía/precios-garantía; y otro, externo, basado en el principio de preferencias comunitarias, que, de una parte, determina las detracciones a las importaciones (por la diferencia entre los precios de entrada y los internacioinales), y de otra, las restituciones o subvenciones a la exportación (por la diferencia entre los precios comunitarios y los internacionales).

Política discriminatoria

Como el grado de protección no es homogéneo para todos los productos agrarios, la PAC, en su vertiente de precios, ha resultado muy discriminatoria, según se desprende del cuadro adjunto. Pueden distinguirse hasta seis situaciones diferentes en lo relativo al grado de protección que la CEE dispensa a su producción agropecuaria, y que aparecen ordenadas de una forma decreciente. En este cuadro también se presenta lo que habría sido la situación de España si hubiese sido país miembro en 1979, por cierto, no tan boyante como generalmente se supone a prior¡. Porque, a medida que la protección disminuye, la proporción de la producción final agraria (PFA) española es mayor que la comunitaria; y al contrario, el grupo de máxima protección presenta una cobertura del 50% de la PFA comunitaria frente al 27% para España. También se aprecia claramente que los gastos se concentran en un 71,5% en los subsectores en que opera la garantía permanente: cereales, productos lácteos, azúcar y carne de bovino. En este grupo ha centrado toda su atención la PAC, siendo imputable a él casi todos los problemas que han ido originándose.

El peligro español

Exceptuando los subsectores citados, en los restantes aún no se han presentado problemas graves.

No obstante, la situación comienza a ser preocupante en el caso del vino y en algunos productos hortofrutícolas. Con la adhesión de España se producirían excedentes en ambos subsectores y también en el oleolícola. De ahí que la CE17 observe con preocupación nuestro ingreso antes de modificar su actual política, habida cuenta de los nuevos problemas que surgirían: tendrían que incrementarse considerablemente los gastos del FEOGA-Garantía y el presupuesto comunitario, no obstante aumentar sus ingresos con la entrada en España, con las actuales fuentes de financiación, ya está alcanzando el techo en su límite de crecimiento.

La reforma de la PAC está plenamente justificada. Otra cosa es en qué dirección vaya a hacerse y cuáles serán las posibles repercusiones que pueda tener para España. Los pasos de la CEE para tal remodelación parecen dirigirse en el siguiente sentido:

Establecer una política de precios más acorde con los mercidos internacionales para reducir los excedentes, recurriendo adicionalmente si ello fuese necesario, a penalizaciones impositivas y de otro tipo. Utilizar la política de precios para ordenar los cultivos, ariliculando las garantías que se establezcan en función de los objetivos de producción que programe la PAC. Una política de rentas personalizada, de la que, en determinadas condiciones, se beneficiarán los agricultores más modestos. Mayor atención a la política de estructuras, adaptando las medidas a las características propias de cada región, lo que exige la potenciación del FEOGA-Orientación. Disciplina y seguimiento de las ayudas nacionales a sus respectivas agriculturas. Control mayor sobre la calidad de los productos, retirando en su caso las ayudas comunitarias a los que no cumplan los requisitos exigidos.