Noviembre de 1980, la última vez
El último atentado de la rama militar de ETA de semejantes características con el ocurrido la tarde de ayer tuvo lugar en la localidad guipuzcoana de Zarauz el 3 de noviembre de 1980. En aquella ocasión, cuatro guardias civiles de tráfico fueron asesinados, a las 23.50 horas, cuando se encontraban, francos de servicio y de paisano, tomando unas copas en el bar Aizca, situado en el casco urbano del pueblo. Los guardias civiles fueron ametrallados por dos individuos que entraron en el bar y, realizaron, al menos, 35 disparos. En el atentado resultaron heridos otro guardia civil y cinco vecinos del pueblo; uno de ellos, peluquero y simpatizante del PNV, murió al día siguiente, fecha en la que más de 2.500 vecinos de Zarauz se manifestaron en protesta por el atentado.Desde aquella fecha se han producido en el País Vasco numerosos atentados, con un total de alrededor de treinta muertos, aunque ninguno de ellos con un número tan elevado de víctimas en cireunstancias semejantes.
El pasado 27 de enero se produjo el primer asesinato del año en el País Vasco, cuando el policía municipal Benigno García fue muerto en Ondárroa (Vizcaya) por dos jóvenes que le dispararon cuando se dirigía, de uniforme, al cuartel para entrar de servicio. El 16 de febrero, dos guardias civiles, uno en activo y otro retirado, fueron asesinados en dos acciones terroristas en San Sebastián y en Rentería. Se cumplían así los temores del Gobierno de que la actividad terrorista iba a recrudecerse con la proximidad del juicio contra los implicados por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, que daría comienzo tres días más tarde. Otro guardia civil, Modesto Martín, de cuarenta años, resultó muerto el pasado día 16, al ser alcanzado por varios disparos que efectuaron tres desconocidos contra su automóvil, en Rentería (Guipúzcoa).
Acciones destacadas
Entre las acciones terroristas en el País Vasco en lo que va de año es de señalar el secuestro, el pasado día 5 de enero, del industrial José Lipperheide, dentro de una campaña de amedrentamiento a los empresarios vascos que, animados por las campañas lanzadas por el PNV y el Gobierno autónomo, se habían negado a pagar el denominado impuesto revolucionario. José Lipperheide fue liberado el día 5 de febrero, después de que su familia pagara 150 millones de pesetas por el rescate.
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