Indignación en Cantabria por la decisión de UCD de expulsar a los ocho diputados regionales

La práctica totalidad de los partidos políticos cántabros ha reaccionado con indignación ante la decisión del Comité Ejecutivo nacional de UCD de expulsar del partido a ocho diputados regionales, entre los que se encuentran los presidentes de la Asamblea y la Diputación Regional.

El hecho de que las sanciones se dieran a conocer una vez realizada la votación de investidura del primer presidente del Gobierno regional es calificada por estas fuerzas de "burla a las instituciones autonómicas". En medios del sector oficialista del partido centrista era patente la euforia por las expulsiones, mostrando su convencimiento de que el nombramiento efectuado por la Asamblea Regional quedará anulado.El presidente de esta última, Isaac Aja, confirmó ayer a EL PAIS el envío al Rey del acuerdo de la institución autonómica sobre elección de José Antonio Rodríguez como presidente -para que el Monarca proceda a su nombramiento- y manifestó que, en su opinión, "sería deseable llegar a una negociación entre las partes en conflicto, pero cediendo todos y no solo una parte como se pretende". Asímismo confirmó el ofrecimiento hecho al secretario general de UCD, Iñigo Cavero, de poner su cargo a disposición del partido una vez se hubiera procedido a la investidura del presidente del Gobierno autónomo "para proceder a una negociación global, que aún es posible", si bien precisó que las expulsiones la hacen "muy difícil".

Las rectificaciones pedidas por la ejecutiva centrista a los "disidentes", como paso previo a una negociación de su expulsión, fue calificada por Rodríguez Martínez de "actitud poco seria, porque las instituciones deben estar por encima de las decisiones de un partido que, creo sinceramente, no ha pen sado con profundidad en las consecuencias que su decisión lleva aparejadas". El recientemente elegido presidente de la Diputación Regional considera que la actitud de los expulsados ha sido correcta y abierta al diálogo, al que "se ha negado sistemáticamente el sector denominado oficial de la UCD regional". Mostró también su "perplejidad" por el hecho de que el acuerdo fuera adoptado en una reunión en la que estaba presente una de las partes implicadas -Justo de las Cuevas-, criticando que éste no acudiera a la asamblea y considerando que su actitud ha estado determinada "por no haber salido presidente de la Asamblea Regional como era su deseo".

Por su parte, el dirigente socialista Jaime Blanco insistió en las críticas a De las Cuevas que "prefiere romper la baraja de la autonomía de Cantabria, si no es él el que tiene la carta marcada del control caciquil de las instituciones". El diputado del PSC-PSOE expreso su criterio de que lo sucedido "se escapa del ámbito regional de Cantabrla", estlmando que lo que se está dilucidando en el ámbito nacional "teniendo a nuestra región como banco de pruebas", es el "enfrentamiento entre suaristas y calvosotelistas en el comité ejecutivo".

Distinta jurisprudencia

La destitución en sus cargos de concejales, previa a la pérdida de la condición de diputados regionales, de los ocho miembros "disidentes " de UCD de Cantabria, expulsados del partido por el comité ejecutivo nacional, solo será posible, según una sentencia facilitada por la Audencia Territorial de Burgos, si el pleno de las corporaciones municipales a que pertenecen lo decidiera así.

La Audiencia Territorial de Burgos, en sentencia dictada en la primavera de 1980 y ante el recurso presentado contra su cese por un concejal regionalista del Ayuntamiento de Santander, expulsado de su partido, estimó que la junta electoral se había excedido en sus atribuciones al dar por cesado al concejal demandante, ya que "tal decisión correspondía al ayuntamiento".