Gran incidencia de la prohibición a la militancia política de los sacerdotes

La declaración vaticana prohibiendo a los sacerdotes organizarse en asociaciones que directa o indirectamente tengan que ver con finalidades políticas o sindicales es una toma de postura que, si se lleva a la práctica, puede convulsionar el paisaje actual de la Iglesia católica.Hay referencias muy claras a organizaciones en Holanda o Estados Unidos que funcionan sindicalmente respecto a la jerarquía a la hora de fijar sueldos y pronunciar nombramientos. Parece, sin embargo, que el texto tiene una primera lectura polaca. Abundan en las repúblicas comunistas asociaciones eclesiales con denominaciones neutras, como la Conferencia de Berlín, financiadas con dinero estatal y que propugnan un apoyo incondicional a los respectivos Gobiernos. No es extraño que estas organizaciones de apoyo al comunismo estén compuestas por miembros con posturas religiosas harto conservadoras.

Pero, en la medida en que la prohibición se refiere a todo tipo de asociaciones que indirectamente tengan que ver con la política, también quedan afectados movimientos occidentales, como Cristianos por el Socialismo, Sacerdotes para el Pueblo de América Latina o las Comunidades Populares de Base, que, siendo explícitamente movimientos de Iglesia, no renuncian a considerar la incidencia política de todo planteamiento religioso, optando globalmente por la liberación o el socialismo. Si la prohibición se refiere a estos planteamientos, estaríamos ante una clara condena de teologías, como la de la liberación o la teología política, que hablan de la necesidad de incluir en la actividad del creyente un horizonte político.

La prohibición alcanza, según interpreta el Frankfurter Allgemeine Zeitung, entre otros, a la militancia política y sindical de los sacerdotes o diáconos. Este punto afecta directamente a conocidos sacerdotes de Nicaragua, ministros o altos funcionarios del Estado, pero también a muchos sacerdotes españoles. Sin entrar en consideración de los muchos clérigos con carné sindical o político, presentes en todo el arco político español, las últimas elecciones generales, así como las municipales, revelan un buen número de sacerdotes diputados a Cortes o alcaldes de pueblo. Entre los diputados, Víctor Manuel Arbeloa y Celso Montero, por el PSOE, y Pedro Solavarría, por Herri Batasuna, sin olvidar a Martínez Fuertes, que fue procurador en Cortes, ex- senador por UCID y que es el presidente de la patronal de colegios privados. Curas alcaldes los hay en las localidades santanderinas de Ruente y Valderrecible o en Cataluña, donde todos los curas canditados salieron elegidos alcaldes, como Lluis Hernández, en Santa Coloma, en la lista del PSUC, o los concejales Jaime Patricio, en la misma localidad; Jaime Botey, en Hospitalet; Miguel Redorat en Aseó, etc.

Ante la inminencia del hecho, los obispos españoles publicaron un documento en febrero de 1977, donde recodemendaban a los clérigos que no se presentaran como candidatos y que, si en conciencia creían que debían hacerlo, "tienen que someter la oportunidad de su candidatura al consentimiento del obispo". La prudente postura de los obispos españoles, que ha sido tambien la de los suepriores religiosos, queda en entredicho con la clara prohibición de la Congregación para el Clero.