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CANARIAS

El PSOE acusa al Gobierno de frenar el proceso autonomico del archipiélago

El PSOE ha acusado públicamente al Gobierno de frenar la autonomía de Canarias, haciendo peligrar con ello el cumplimiento de los acuerdos autonómicos firmados el 31 de julio pasado por el presidente, Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González.

La protesta de los socialistas canarios se debe a que en los dos últimos Consejos de Ministro no ha sido aprobada, en contra de lo previsto, la remisión a las Cortes de la Ley Orgánica de Transferencias a Cailarias (Lotraca), pieza jurídica clave para el desarrollo del estatuto del archipiélago, con la que, por primera vez, se aplica la posibilidad que ofrece la Constitución para ampliación de las competencias. La importancia de dicha ley orgánica consiste en que gracias a la misma el Estatuto canario, que ha sido tramitado por la vía del artículo 143, logra el nivel de transferencias del 151.En la última reunión ministerial, el titular de Administración Territorial, Rafael AriasSalgado, decidió, a última hora, retirar del orden del día la aprobación de dicha ley, que ya había sido pospuesta en la reunión anterior. Esta decisión ha provocado en las Islas una nueva tensión política entre los dos principales partidos, que habían consensuado previamente el texto de la ley para dar un impulso definitivo al Estatuto, el cual ha permanecido prácticamente bloqueado a lo largo del último año. UCD, según señaló su diputado José Luis Mederos, que ha presidido como titular de la Asamblea de Parlamentarios las negociaciones con el PSOE, desconocía hasta ayer las causas de este parón inesperado. A su vez, Lorenzo Olarte, representante centrista en la ponencia encargada de Informar el proyecto de dicha ley orgánica, declaró ayer a EFE que posiblemente las razones de este aplazamiento haya que buscarlas en "dificultades administrativas derivadas de algún ministerio como el de Obras Públicas y Urbanismo".

Jerónimo Saavedra, secretario general de los socialistas canarios, declaró por su parte a EL PAIS que "el Gobierno ha dado una respuesta irracional, anteponiendo a nuestros interese autonómicos sus actuales problemas con el Estatuto valenciano y las presiones de la minoría catalana sobre la LOAPA, para seguir demorando el Estatuto de las islas y poner en riesgo los acuerdos autonómicos".

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