La ausencia de ministros y diputados centristas provoca la derrota del Gobierno en el Parlamento

El Estatuto de Autonomía valenciano volverá a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados tras la derrota sufrida ayer en el Pleno de la Cámara por el texto apoyado por UCD y Coalición Democrática, en el que se incluía la denominación -rechazada por el resto de la Cámara- de Reino de Valencia para la nueva comunidad autónoma. El voto en contra de los diez diputados de Acción Democrática fue decisivo en esta ocasión (151 contra 161 y nueve abstenciones), junto con la ausencia de más de una decena de diputados centristas y algunos ministros.

El fantasma de la disolución del Parlamento aleteó en los comentarios de pasillo con ocasión de este debate, alentado por opiniones que atribuían lo sucedido a una carga de profundidad de Fernando Abril contra el jefe del Gobierno para obligarle a disolver las Cámaras.Los ministros ausentes fueron el vicepresidente segundo, Juan Antonio García Díez, y los titulares de los departamentos de Hacienda y Sanidad, Jaime García Añoveros y Manuel Núñez. Los diputados de UCD que faltaban en el momento de la votación, según el listado correspondiente, eran Fernando Abril, Antonio Fontán, Arturo Moya, Oscar Alzaga, Antonio Márquez, Antonio Orpez, León José Buil y Jaime Mayor.

La situación de ruptura de los intentos negociadores realizados en días anteriores por centristas y socialistas presagiaba un final difícil para este Estatuto. La posición inicial de los diez diputados del Grupo Mixto pertenecientes al Partido de Acción Democrática (PAD), consistente en atender la petición del presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, para votar afirmativamente al texto global del Estatuto, anunciaba una victoria mínima para el Gobierno, de encontrarse presentes en dicha votación, prevista para hoy, todos los diputados que apoyaban el texto dictaminado por la Comisión Constitucional con los votos de UCD y CD.

Sin embargo, como anunció el líder del PAD, Francisco Fernández Ordóñez, su compromiso de voto afectaba solamente a la votación global y, en consecuencia, trataría de propiciar un acercamiento entre los dos grandes partidos, y en último caso se sentiría liberado para votar cada uno de los artículos según lo estimara oportuno.

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El Estatuto de Autonomía valenciano vuelve a la Comisión Constitucional tras la derrota de UCD y CD

Viene de la primera páginaEn las tribunas de Prensa existía gran expectación ante un debate precedido por una gran polémica en el País Valenciano y en el Parlamento, y para cuya votación las cuentas realizadas por unos y otros adelantaban un resultado muy ajustado. El debate sobre la convalidación de varios decretos leyes fue más corto de lo previsto, y al filo de las seis de la tarde pudo iniciarse la discusión sobre el Estatuto valenciano.

El primer artículo del proyecto de Estatuto de Valencia a debate contenía la denormnación de la comunidad autónoma y constituía uno de los puntos de fricción entre centristas y socialistas. Los primeros habían logrado sacar adelante en comisión, con el apoyo de CD la denominación Reino de Valencia, mientras los segundos mantenían la denominación que figura en los acuerdos autonómicos de julio de 1981 y pactada en Benicasim: País Valenciano. Una enmienda del PNIV para mantener esta última denominación fue retirada,'y cuando los socialistas propusieron asumirla el presidente de la Cámara señaló que reglamentariamente no era posible.

El diputado alicantino del PAD Luis Berenguer propuso sendas enmiendas transaccionales para zanjar la cuestión. Por la primera, recogía el texto de Benicasim y, con él, la denominación País Valencíano. Por la segunda recogía el anteproyecto de la UCD regional valencina de 8 de septiembre de 1980 y la denonminación Comunidad autónoma de Valencia. De acuerdo con el reglamento, el presidente de la Cámara preguntó si algún grupo se oponía a la citada enmienda transaccional. Por Coalición Democrática, Manuel Fraga, aún recordando que su grupo no suele oponerse a la tramitación de enmiendas transaccionales, manifestó que en este caso sí lo hacía, lamentándolo mucho. También fracasó un intento de acercamiento propiciado por el grupo comunista por la vía de una corrección técnica.

El debate, de acuerdo con las nuevas disposiciones reglamentarias, se refería al conjunto del Título Primero del Estatuto. En relación con lo establecido en el artículo quinto, Fraga subió a la tribuna de oradores para defender la enmienda por la que proponía que la señera valenciana fuera la histórica, es decir, las cuatro barras rojas "sobre fondo amarillo, coronadas con franja azul junto al asta". En el texto aprobado en comisión se añadía que los escudos de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia deberían figurar también sobre las franjas rojas. Seguidamente, Fraga anunció que retiraba la enmienda, en agradecimiento a las que UCD aceptó de su grupo.

Seguidamente se procedió a la votación, que a propuesta comunista se decidió que fuera artículo por artículo. Puesto el marcador electrónico a cero se sometió a votación el artículo primero, según el cual "el pueblo valenciano, dentro de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, se constituye en comunidad autónoma de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en el presente Estatuto, con la denominación de Reino de Valencia". Otros dos párrafos del mismo artículo insistían en la mención de la denominación impugnada por la izquierda. El resultado fue de 151 votos favorables a este texto (UCD y CD), 161 en contra (Socialistas, comunistas, PAD, Minoría Catalana, PNV y otros cuatro diputados del Grupo Mixto) y nueve abstenciones (siete de ellas del Grupo Andalucista y las otras dos del centrista valenciano José Ramón Pin y del socialista catalán Francese Ramos i Molins .

La votación fue recibida con aplausos en el hemiciclo, securidados en las tribunas de públicoy dirigidos hacia los miembros socialistas de la Diputación proviricial valenciana, presentes en dichas tribunas. El presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, suspendió inmediatamente la sesión y minutos después se reunió la Junta de Portavoces, que acordó la remisión del proyecto de Estatuto a la Comisión Constitucional para su nueva discusión.

En los pasillos de la Cámara se registró seguidamente una gran proliferación de comentarios. Desde la izquierda se interpretaba lo ocurrido como una carga de profundidad de Fernando Abril, principal artífice de la radicalización centrista en torno al Estatuto valenciano, contra el presidente del Gobierno, para provocar la disolución del Parlamento. Por su parte, Fernando Abril aseguró que los socialistas jamás debatirán en público el tema de la lengua ni de la denominación de la comunidad autónoma valenciana, y afirmó que la votación llevaría un enorme disgusto para cientos de miles de valencianos que veían contrariado su orgullo como pueblo. Acusó veladamente al presidente de la Cámara por adelantar la hora prevista del debate, y acusó también a los "señores que no se atreven a ser sinceros con los techos autonómicos que ellos mismos han pactado".

El diputado del PAD Luis Berenguer dijo que aunque ahora se vaya a la caza de culpables, "el único responsable es el cerrilismo de la derecha española, que en lugar de buscar acuerdos en ternasde Estado, intenta masacrar al contrario, tratando de imponer textos que no son aceptables para amplios sectores de la población". Por su parte, Fernández Ordóñez

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resaltó a EL PAÍS que su compromiso con Calvo Sotelo se circunscribía a la votación global del Estatuto, no al articulado, y resaltó las ausencias en los escaños centristas.

El líder socialista Felipe González declaró que el Ejecutivo debe aceptar que la gobernabilidad de España exige acuerdos. Tanto el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, como la secretaria para política autonómica del partido, María Izquierdo, valoraron la votación como una prueba de que la mayoría no quiere un estatuto de enfrentamiento. María Izquierdo calificó de positivo el hecho, porque empuja a alcanzar unos estatutos pactados y añadió que se demuestra una vez más que "Fernando Abril no sabe hacer política autonómica".

El secretario general del PSOE valenciano, Joan Lerma, valoró la actitud centrista como "un intento de Abril de que se disuelvan las Cortes. Ha desestabilizado al presidente del Gobierno y ha comprometido al Gabinete al radicalizar las posiciones. Abril sabía que no podía salir un estatuto de derechas, que tendría que ser aplicado por una mayoría de izquierdas como la que existe en el País Valenciano". El también socialista valenciano Felipe Guardiola señaló que es preciso recomponer el pacto global y calificó de grave la derrota sufrida por el Gobierno en este momento.

El comunista Emerit Bono manifestó que cuando las cosas se hacen mal salen también mal, y recordó que el Estatuto "no puede ser solo de ellos, sino de todos". La comunista Pilar Brabo estimó que se había producido "un fin merecido para una actuación descabellada, que carecía de racionalidad".

El andalucista Alejandro Rojas Marcos recordó que el voto de su grupo había sido de abstención, aunque para la votación global estaba previsto el voto negativo. "Este tema trasciende el Estatuto de Valencia y es grave por la inestabilidad general que crea, por culpa de los dos partidos mayoritarios, que se tienen que acostumbrar a que los temas de Estado deben resolverse entre todos los grupos parlamentarios y no sólo entre ellos dos". En cuanto a la posición socialista de no mantener ninguna enmienda ni voto particular, lo cual habría dado lugar, de proseguirse el debate, a que el pleno hubiera aprobado un estatuto sin artículo primero, los portavoces del PSOE explicaron que esta actitud respondía al propósito socialista de vincular la ruptura unilateral realizada por UCD, respecto el texto de Benicasim, a todo el Estatuto y no a puntos concretos.

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