Narcís Serra: "No hay una visión de Estado para enfocar los problemas de los ayuntamientos"

Pregunta. ¿Cuáles son, a su juicio, los problemas más graves con que se enfrentan las administraciones locales?Respuesta. Me preocupa especialmente que iniciemos un año de elecciones que haga imposible el ejercicio de la administración a todos los niveles en este país. En concreto. Los problemas de los municipios o se enfocan desde una visión de Estado o estamos haciendo un flaco servicio. La democracia debe dar al país unos municipios, como administración más próxima a los ciudadanos, sanos, fuertes financieramente y cada vez más prestadores de nuevos servicios al ciudadano.

El problema más grave con que se encuentra la Administración local, es que no hemos conseguido que el Gobierno acepte la discusión y elaboración de un programa global de reconstrucción de la Administración municipal. Este programa debe definir los servicios que deben dar los municipios y, por tanto, la estructura diferente (ley de Régimen Local) y los mecanismos financieros diferenciados (ley de Finanzas Locales). Esta falta de programa -que requeriría además estar planteado en un horizonte temporal que no puede ser corto (como mínimo, seis u ocho años)- es el problema más serio con que nos enfrentamos. En primer lugar, porque cada vez que aparece un problema, aparecen luchas, discusiones y acusaciones mutuas, y, por otra parte, porque se están poniendo parches sin que haya una columna vertebradora del esfuerzo, sin que haya un norte político.

P. ¿Cómo debe ser este programa?

R. Concibo este programa como un calendario de aproximación del peso de la Administración local al que queremos que tenga en el futuro. Este programa tenía una primera parte en la que se debían resolver problemas inmediatos, es decir, cambiar el criterio de los presupuestos de liquidación de deudas y en dotar de dinero a todos los municipios, sean grandes o pequeños. Esta primera etapa se logró en época de Abril Martorell como vicepresidente del Gobierno, con un par de decretos-leyes -el de 1979, que daba nuevos ingresos a los ayuntamientos a la vez que imponía claridad contable, y el de 1980, en que se hacía por última vez presupuesto de liquidación de deudas, sistema totalmente irregular y con el que no estuvimos de acuerdo-. En realidad, los presupuestos de liquidación de deudas eran presupuestos de consolidación de deudas y de concesión de créditos.

Yo siempre estuve en contra de esta fórmula, y me interesa remarcarlo, porque esto es como si para paliar el paro, al parado, en lugar de darle una subvención de paro, se le diera un crédito. Si al año siguiente continúa parado, no solamente no le habremos arreglado el problema, sino que deberá pagar el crédito. Con los ayuntamientos se ha cometido la misma aberración. Esta política por suerte se termino y se decidió que debían darse subvenciones, pero más controladas, comprobando que de verdad eran déficit reales y en aquellos municipios que, por razón de su tamaño y de los servicios que dieran, justificaran estas subvenciones.

P. ¿Está de acuerdo en la división que se quiere hacer desde determinados sectores de la Administración entre ayuntamientos grandes y pequeños?.

R. Enfrentar a los ayuntamientos grandes con los pequeños es una lucha que no tiene sentido. Dar una visión de que los ayuntamientos grandes son los que se llevan el dinero es una visión injusta y que tampoco es buena. Injusta porque sólo hay dos tipos de municipios quizá. Los que han crecido mucho y ahora deben afrontar este crecimiento, sean grandes o pequeños, y los que han tenido unas tasas de crecimiento moderadas, que hacen que no deban de cubrir déficit elevados. Pero dividir los municipios en grandes y pequeños es artificial y demagógico. Desde 1979, los municipios que han podido resolver, relativamente claro, sus problemas son los pequeños y medianos y no los grandes municipios. Enfrentar municipios pequeños y municipios grandes me recuerda aquello de un municipio, un voto. Lo que estamos intentando resolver no son problemas de municipios, sino problemas de ciudadanos. Lo que debemos tener en cuenta es cuantos ciudadanos hay en un sitio o en otro y qué municipios tienen problemas.

P. El transporte urbano es uno de los grandes problemas de los municipios.

R. El transporte público es un problema que diferencia a las grandes ciudades de las otras. Por eso, en Europa, una manera de ayudar a las grandes ciudades por parte del Gobierno central no es tanto dar una ayuda genérica a las ciudades como ayudar a resolver el problema del transporte. El transporte público tiene dos vertientes muy claras: el Metro, que sólo existe en Barcelona y Madrid. En Madrid, el Metro está intervenido por el Estado, y a mí me parece que debe aplicarse una solución similar para Barcelona.

En cuanto al problema específico del transporte de superficie, propusimos que se arbitrara una ley que resolviera los déficit en el futuro y que, para 1980 y 1981, en que esta ley no ha podido ser operativa, se arbitrara una solución de financiación o liquidación de deudas. Hasta ahora no ha sido posible llegar a un proyecto de ley que, desde nuestra perspectiva, sea razonable. El proyecto actual es breve y simplemente da una solución fiscal, un incremento de la contribución urbana, repercutible en el arrendatario, lo que se ha llamado impuesto de inquilinato. Yo critico este proyecto de ley por injusto, incoherente e insuficiente. Empezando por la incoherencia, si las tarifas deben cubrir el coste del servicio, hagamos pagar a los usuarios todo el servicio, sin preIcios políticos. Si, por el contrario, aceptamos que las tarifas no cubran la totalidad del coste del servicio es porque creemos que el usuario no es el único beneficiario de la red de transporte. Entonces un proyecto de ley coherente es el que se plantea este problema y deben considerarse beneficiarios desde las empresas, grandes almacenes, bancos, la propiedad urbana -la red de transportes revaloriza esta propiedad- y los coches privados, toda vez que el transporte público permite una mejor circulación del coche privado. A partir de aquí puede estructurarse una ley de cobertura, de equilibrio del transporte público, en la que creo que deben estar el Gobierno central, como ocurre en la mayoría de grandes ciudades europeas.

El proyecto de ley de ahora crea el ya citado impuesto de inquilinato, que quiere decir que la economía doméstica cubre la diferencia entre la tarifa y el coste real, pero para este viaje no necesitábamos alforjas porque la economía doméstica es el usuario. Aparte, el impuesto es insuficiente, como en el caso de Barcelona, donde el impuesto previsto por la ley no ayudaría a pasar de la mitad del déficit actual

Es posible que en cuatro o cinco años, si continuamos con la política de gestión actual, fuera insuficiente. En este momento no lo es. Además, en España se daria el caso insólito en Europa en que el déficit de transportes de las grandes ciudades se cubre única y exclusivamente con impuestos de carácter local. En este problema, como en muchos, hay que tener una visión de Estado. No se puede supeditar una actuación de la Administracion a una discusión parlamentaria. La Administracion debe colaborar. No tenemos ayuda de los déficit de 1980 y 1981 y tenemos serios problemas de tesorería en autobuses. Ya llevamos dos años y debe resolverse, independientemente de las discusiones que se llevan a cabo en las Cortes.

P. ¿Cuál ha sido la actuación de los ayuntamientos desde las primeras elecciones locales democráticas?.

R. Los municipios, con las excepciones que se quiera, pero de una forma evidente como tónica general, e independientemente del color del partido en su gobierno, han hecho un enorme esfuerzo de modernización y de clarificación. Ello requiere un período superior a los tres años que han pasado. No hipotequemos ahora las posibilidades de que este esfuerzo rinda resultados haciendo que la evolución del país, que obliga quizá a unas elecciones anticipadas en el marco legislativo, frene todo lo que se ha hecho hasta ahora. El Gobierno debe reemprender las conversaciones para que tengamos un verdadero programa plurianual de reconstrucción municipal. El mejor electoralismo es demostrar una responsabilidad de administración. El peor es dar al ciudadano la sensación de que los partidos se pelean por el redactado de un articulado, mientras no salen los autobuses o mientras hay problemas cotidianos a resolver.

Esto es un precio que teníamos que pagar. Desarrollar una Constitucion implica que el Congreso de los Diputados esté ocupado en leyes que el ciudadano no ve, como la ley del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, y no en leyes que redunden inmediatamente en cambios en la vida del ciudadano, como pueda ser una ley sobre la Policía Municipal o la contaminación de las empresas. Este precio debe pagarse como consolidación de la democracia, pero no lo jincrementemos añadiendo a esto el sectarismo de partido en lugar de una visión de Estado.

P. ¿No ha habido, entonces, mala gestión en los ayuntamientos?

R. Esta visión es falsa. En el caso concreto de Barcelona, creo que, y a pesar, insisto, del período corto, hay resultados muy evidentes, con auditorías del Ministerio de Hacienda, para decir que tanto el esfuerzo del ciudadano, pagando más impuestos, como el esfuerzo de la Administración, llevando una mejor gestión y controlando el gasto, nos hacen acreedores a una exigencia de colaboracion en este programa y de soluciones de futuro que he mencionado. Creo, no obstante, que en tres años hay resultados que demuestran un giro de 180 grados y existen ejemplos de verdadera capacidad de gestión. Un ejemplo es la nómina. Por primera vez en muchos años, las remuneraciones de personal se han liquidado por debajo de lo consignado. Ello ha sido porque se ha controlado la plantilla. Esta ha descendido. Cambiando la estructura de la plantilla, pero prestando más servicios. En 1981, la plantilla se ha reducido en 208 empleados, a pesar de haber incrementado el número de urbanos en 44, el de bomberos en 207 y el de maestros en 54. Otro ejemplo es nuestra política en Metro y autobuses. Hemos congelado el déficit, reduciendo las horas extras, reduciendo la plantilla y ampliando la oferta de plazas por kilómetro.